Fuente: El Peruano.
Por Iris Jave (*)
En el contexto de crisis política, al uso indiscriminado de la fuerza frente las protestas, y la estigmatización como una narrativa permanente de actores políticos y medios de comunicación, se suma una decisión muy peligrosa para la ciudadanía: la reciente reorganización de las Fiscalías de Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, que se han divido en dos de acuerdo a la reciente resolución de la Fiscalía de la Nación (Nº 008-2023-MP-FN-JFS). De un lado, se crean las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos y, del otro, se separa a las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad; ello implica que el Subsistema de DDHH, que antes contaba con 12 fiscalías, ahora quede con 7: una fiscalía superior para casos de violación de derechos humanos humanos en todo el territorio nacional y seis fiscalias supraprovinciales con la correspondiente reducción de personal y recursos. Aunque se ha añadido fiscalías especializadas de derechos humanos e interculturalidad en regiones como Madre de Dios, Ucayali y La Libertad, la medida parece destinada a dar atención fundamentalmente a los casos de terrorismo.
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha señalado que la medida permitirá garantizar una investigación ordenada y célere de casos vinculados a derechos humanos, y una mayor especialización en las investigaciones, al contar con dos subsistemas especializados. Sin embargo, al no dotarlas de recursos ni de nuevo personal, ello puede determinar que los fiscales que estaban viendo casos de derechos humanos los abandonen y pasen a ver casos de terrorismo en las nuevas fiscalías. De ese modo, se debilitan las investigaciones dedicadas a los casos de derechos humanos que incluyen un número importante de investigaciones de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, abonando así a la sensación de abandono y falta de respuestas del estado hacia los familiares y víctimas que esperan hace más de 40 años respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
La medida sugiere que la reestructuración de las Fiscalías de Derechos Humanos está orientada a privilegiar el nuevo subsistema de terrorismo, en un contexto de detenciones arbitrarias a causa de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Como se recuerda, el último fin de semana la Policía Nacional realizó una intervención brutal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante la cual 200 personas, entre estudiantes y manifestantes, fueron detenidas de manera irregular, y se causó destrozos debido al uso desmedido de la fuerza así como una serie de vulneraciones a los derechos de las personas detenidas (pronunciamiento del IDEHPUCP).
La actitud de desacreditar al que protesta con calificativos de terrorista, no es nueva. Las imágenes de ocupación de la universidad y detenciones trajeron a la memoria las detenciones arbitrarias durante la década del 90 cuando la misma universidad fue intervenida por tropas militares por orden del expresidente Alberto Fujimori. Desde entonces se ha extendido la narrativa del terruqueo. Lo peligroso ahora es que esa práctica de demonizar al otro -en este caso, a quienes participan de las protestas- podría estar escalando a un nivel institucional dada la reciente disposición de la Fiscalía de la Nación, asumiendo que las protestas de la ciudadanía en diversas regiones del país pueden ser leídas como delitos de terrorismo.
Durante su reciente visita al Perú, Stuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado el peligro de esta medida al referirse a la investigación de las muertes producidas por las fuerzas del orden contra los manifestantes. “(…)No existe una cobertura nacional de fiscalías con enfoque de derechos humanos. Hay una deficiencia de cobertura de personal especializado. Y sobre esa base serán las autoridades nacionales las que deberán hacer cumplir protocolos en la toma de testimonios (…) La Fiscalía de Derechos Humanos no tiene la cobertura a nivel nacional. No está en Juliaca, donde hubo 19 fallecidos. Se requiere un esfuerzo extraordinario y es algo de lo que estaremos solicitando información. Y también verificando y denunciando para garantizar la independencia de las investigaciones”[1].
Los DDHH en la Fiscalía de la Nación
La atención de los casos por violaciones a los derechos humanos data de fines del 2003, cuando el Ministerio Público, atendiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creó la Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas con competencia a nivel nacional[2]. Más adelante, el 25 de noviembre de 2004, se dispuso el cambio de denominación de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Terrorismo por la de Fiscalía Superior Penal Nacional[3]. De esta manera, se le otorgó competencia en delitos de lesa humanidad. Estas nuevas funciones fueron asumidas también por las Físcalias Provinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo cuando pasaron a llamarse Fiscalías Penales Supraprovinciales.
A nivel regional, se crearon instancias especializadas para casos de derechos humanos. En el 2005, se ordenó que la Fiscalía Penal Supraprovincial, con competencia en el distrito judicial de Ayacucho, pudiera conocer casos de delitos de lesa humanidad. De manera similar, esta potestad fue concedida a fiscalías en los distritos judiciales de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huaraz, Junín, La Libertad, Piura, Puno y San Martín[4]. Este subsistema exclusivo dentro del sistema de administración de justicia para tratar casos de violaciones a los derechos humanos funcionó hasta el 2010, año en que se ampliaron sus competencias para ver adicionalmente casos de corrupción y narcotráfico. Con esta decisión, al aumentar su carga procesal, se diluyó la importancia de los casos de derechos humanos (Jave 2020)[5].
Esta medida no solo diluye una vez más la atención que el estado debe brindar prioritariamente a los casos pendientes de violaciones a los derechos humanos durante el CAI, sino que parece institucionalizar una actitud de descalificación hacia las protestas, mediante la extensión del terruqueo, lo cual ahondaría aún más la polarización en la sociedad peruana.
(*) Investigadora en el IDEHPUCP.
[1]https://elpais.com/internacional/2023-01-19/estamos-preocupados-por-peru-si-no-se-dialoga-habra-mas-violencia.html
[2] Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2034-2003-MP-FN, 11 de diciembre de 2003
[3] Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1645-2004-MP-FN, 22 de noviembre de 2004
[4] Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1602-2005-MP-FN, 11 de agosto de 2005
