Fuente: Anfasep
Por Iris Jave (*)
Aunque puede parecer reiterativo sumarse a la lista de cuestionamientos al gobierno del presidente Pedro Castillo, es urgente insistir en ejes pendientes que parecen haber pasado al olvido: las reparaciones a familiares y víctimas, la necesidad de hacer memoria y la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (CAI) ocurrido en el Perú entre 1980 y el 2000. Se trata de un conjunto de políticas sobre las que ciertamente se ha registrado algunos avances importantes -y ciertos retrocesos, por ejemplo en relación a la educación sobre el pasado reciente- en los sucesivos gobiernos desde que se inició la transición democrática en el país. Pareciera que este gobierno está sentando un olvido institucional respecto de estos temas, no tanto por razones políticas sino más bien debido a la indiferencia y la trivialidad de las autoridades en el tratamiento y relacionamiento a la atención de las víctimas y familiares del CAI.
En esta nota repaso la agenda pendiente para este gobierno, que, al cumplir un año de mandato, no ha fortalecido los mecanismos creados, tanto a nivel de acciones y lineamientos, como de recursos humanos, en los tres temas clave que señalé líneas arriba.
En primer lugar, se encuentra la política de reparaciones que viene siendo implementada gracias al impulso de sus funcionarios y funcionarias, pero que no accede a un presupuesto digno para atender la integralidad de los siete tipos de reparaciones fijados en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) desde el 2006. Las organizaciones de familiares y víctimas han demandado en reiteradas ocasiones la necesidad de fortalecer las reparaciones en educación y salud, avanzar en vivienda y alcanzar una mayor participación en reparaciones colectivas. Especial atención merece la necesidad de culminar el plan nacional de memoria, con el fin de articular iniciativas de memorialización que se vienen realizando desde distintos actores sociales pero que requieren un acompañamiento y asesoría técnica del estado. Y es que al plantear el tema de la memoria como cosa pública, no solo se recoge un instrumento de gestión de políticas públicas sino también el aprendizaje y la trayectoria provenientes de las organizaciones de familiares y víctimas, que han desarrollado un conjunto de estrategias para mantener la memoria viva.
En segundo lugar, queda el enorme desafío de la búsqueda de personas desaparecidas y, aunque se cuenta con un equipo especializado desde el 2016 en que se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las familiares mantienen una larga espera en busca de respuestas para identificar el paradero y el destino de sus seres queridos. Ciertamente se han registrado avances en la recuperación y cruce de información, para contar con información de contexto y así identificar patrones comunes en espacios geográficos determinados; también hay un avance importante en la promoción de la participación de familiares en la búsqueda así como la inclusión del acompañamiento psicosocial como un elemento fundamental del proceso de búsqueda.
Sin embargo, queda pendiente fortalecer al equipo especializado, la articulación con otros sectores del estado dedicados a la búsqueda, como la fiscalía, el equipo forense especializado así como los sectores Defensa e Interior, entre otras instancias del estado que pueden y deben participar en la búsqueda de personas desaparecidas.
El clima político de debilidad institucional no solo pone en riesgo los mecanismos de política pública sino también las respuestas a las demandas y dignificación de las familiares y víctimas, un principio consagrado en los convenios internacionales de protección a los derechos humanos y en las normativas nacionales. Próximos a conmemorar 20 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que tendrá lugar el 2023, el estado peruano requiere (nuevamente) un remezón para que ofrezca respuestas institucionales a peruanos y peruanas que siguen esperando conocer qué pasó con sus seres queridos durante el periodo de violencia.
(*) Investigadora del IDEHPUCP de la línea de Memoria, democracia y postconflicto.
