Por: Dra. Mariella Villasante Cervello
En 2020 se cumplen 17 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y podemos constatar, junto con otros analistas, que las tareas pendientes tanto de parte del Estado como de parte de la sociedad siguen siendo inmensas. El Estado no ha priorizado la difusión de la información sobre los veinte años de guerra interna que hemos sufrido, y la sociedad sigue ignorando los hechos centrales de este periodo aciago, aun cuando miles de personas sigan sufriendo de las secuelas de la violencia política.
En ese contexto, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas [DGBPD] del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está realizando logros importantes que merecen ser mejor conocidos a nivel nacional, en particular en el marco del Día Internacional de búsqueda de personas desaparecidas fijado por las Naciones Unidas el 30 de agosto de cada año[1]. Como bien precisaba la Dra. Mónica Barriga, directora de la DGBPD [Boletín del IDEHPUCP, 25 de agosto y 2 de septiembre], este “tema ha sido invisibilizado y poco atendido por parte del Estado durante décadas”. No obstante, desde 2018 se ha avanzado con la construcción de las bases que permiten una mejor realización de esta política pública. Actualmente existen oficinas de esta instancia del MINJUS en Lima, en Ayacucho, en Junín (Huancayo) y en Huánuco.
La doctora Mónica Barriga ha comunicado datos importantes sobre la DGBPD en este medio. Por mi parte, en esta breve nota quisiera contribuir al tema desde la antropología política, evocando en primer lugar la necesidad de conocer el contexto de la guerra interna; aportando en segundo lugar otros datos generales sobre el funcionamiento de esta instancia; y finalmente exponiendo algunos avances de la DGPD de la región de Junín, donde están situadas las comunidades nativas y los poblados colonos de la selva central que han sufrido enormemente durante la guerra y que lloran miles de familiares muertos. Debo precisar que, habiendo realizado una larga investigación sobre la violencia política entre los Ashaninka y los Nomatsiguenga[2], he comenzado a colaborar con los equipos de Lima y de Huancayo de la DGBPD desde diciembre de 2019. Este año hemos tenido dos reuniones de trabajo virtuales en febrero y luego el 19 y el 26 de agosto; esta última fecha tuve el honor de exponer datos recogidos durante mis investigaciones de campo en la provincia de Satipo (2008-2015), que contribuyen a concretizar los proyectos en la selva central.
Una guerra interna que sigue siendo ignorada por el Estado y por la sociedad
Nuestro país ha sufrido veinte años de guerra interna, entre 1980 y 2000. Sin embargo, los hechos de este conflicto armado que ha llevado a enfrentamientos entre peruanos, es decir entre los subversivos del Partido Comunista del Perú y del Movimiento revolucionario Túpac Amaru, las Fuerzas Armadas y las milicias civiles [ronderos nativos y campesinos], siguen siendo ignorados y desconocidos tanto por el Estado como por la sociedad. Los jóvenes que nacieron al final del siglo XX, incluso los universitarios, no saben prácticamente nada de la guerra interna. En efecto, los gobiernos que se han sucedido después de la guerra no han realizado la labor urgente de reconocimiento oficial y de difusión nacional de los hechos de violencia, bien descritos y documentados en el Informe Final [IF] de la CVR. El Hatun Willakuy, que resume el IF, es pobremente conocido, inclusive entre muchos universitarios e investigadores.
Los gobiernos que hemos tenido después de 2000 [Toledo, García, Humala, Kuczynski] se han caracterizado por la corrupción, el derroche de bienes del Estado y el abandono de la reconstrucción social, económica y política del país. Este abandono se ha hecho aún más patente con la crisis del Covid 19 que asola el país y que tendrá efectos a largo plazo. Pero nunca es tarde para reparar errores, el Estado puede favorecer la lectura del Hatun Willakuy en los colegios y universidades; puede elaborar folletos resumidos del Hatun Willakuy para las secciones secundarias de los colegios a nivel nacional, y puede también realizar campañas de difusión televisiva y radial de los datos históricos de esta obra que pertenece a todos los peruanos.
El conocimiento cabal de los hechos de la guerra interna es indispensable para comprender la labor de la DGPD. Los muertos que se encuentran en fosas clandestinas, cerca de bases militares, o en parajes aislados han fallecido en circunstancias de violencia: bajo la tortura, ejecutados, y en el marco de masacres o de enfrentamientos armados. Los perpetradores pueden ser clasificados en tres categorías: los subversivos del PCP-SL, los militares o las fuerzas policiales y las milicias civiles (ronderos campesinos y nativos). Esos hechos de violencia extrema son prácticamente desconocidos en el país, pero ya es tiempo de enfrentarlos — con valentía y sin absurdos temores — como eventos verídicos que forman parte de nuestra historia reciente.
La Dirección General de Personas Desaparecidas: síntesis de labores a nivel nacional
La guerra interna finalizó oficialmente en noviembre de 2000, cuando el nefasto Alberto Fujimori renunció a la presidencia por fax desde el país de sus padres, el Japón; y se constituyó en el país un gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua. Empero, hubo que esperar 16 años para que se creara en nuestro país una instancia dedicada a la búsqueda de los muertos durante la guerra. En efecto, en junio de 2016, antes de terminar su mandato presidencial, el ex capitán del Ejército Ollanta Humala promulgó la Ley n° 30470, Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. Varias normas legales han sido emitidas ulteriormente, y durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra [desde marzo de 2018], que atribuyen una importancia inédita a esta instancia central del Ministerio de Justicia. Veamos algunos elementos sintéticos de su funcionamiento[3].
Equipo de la DGPD en la inauguración del nuevo local de Lima, junio de 2019 (MINJUS).
- El equipo de la DGPD está compuesto por 30 personas: 17 en Lima y 13 en regiones. Los equipos son multidisciplinarios, incluyen especialistas en derecho, antropología, sociología, historia, arqueología, biología, además del personal administrativo y de apoyo. Todos tienen experiencia en el trabajo con víctimas y/o en la investigación forense. En junio de 2019 se inauguró una nueva sede en el distrito de San Miguel, en Lima[4].
- La búsqueda de las personas desaparecidas se realiza a partir de un enfoque humanitario; es decir que “la atención esta centrada en el alivio del sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de aportar respuestas a los familiares de las personas desaparecidas”. No obstante, “no se alienta ni se dificulta la determinación de los responsables penales”. ( véase el folleto 1 de la DGBPD) El proceso penal se complementa con el proceso de búsqueda humanitaria. La DGPD colabora con el Ministerio Público, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y otras instancias de la sociedad civil (COMISEDH, EPAF, APRODEH, ANFASEP).
- Las labores se ordenan en varias etapas que empiezan con la investigación documental sobre la desaparición de personas cuyo paradero es desconocido a consecuencia de la guerra. Según el Director de Registro e Investigación Forense, Jairo Rivas:
“la investigación humanitaria es realizada por el equipo de la DGBPD, en particular por la Dirección de Registro e Investigación Forense, pero en el proceso de investigación participa también el equipo de la Dirección de Atención y Acompañamiento brindando soporte emocional y apoyo material y logístico a los familiares. La investigación documental toma en cuenta la información de la CVR, pero también muchas otras fuentes (expedientes de las ex Fiscalías de Derechos humanos, RUV, expedientes fiscales y judiciales, información genética disponible en instituciones públicas y privadas, archivos locales, RENIEC, investigaciones, etc.).”
“La DGBPD puede contribuir con el Ministerio Público en la identificación de cuerpos. No ha ocurrido así en los primeros años de trabajo, pero esta es una actividad contemplada en el convenio de cooperación interinstitucional suscrito a inicios de 2020 entre el MINJUSDH y el MP. Actualmente, la DGBPD ha contratado temporalmente un biólogo y aportará reactivos para intentar la identificación de 100 restos recuperados por el MP y que se encuentran almacenados en el IML de Ayacucho. En los primeros años los equipos de la DGBPD se movilizaban desde Lima, pero paulatinamente se están completando los equipos de las oficinas regionales, por lo que cada vez más las intervenciones de campo la realizan desde las sedes regionales quedando el equipo de Lima como apoyo y complemento.” (Comunicación recibida de Marco Antonio García, 26 de agosto).
- La DGBPD administra el Registro nacional de personas desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) y el Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú. En efecto, en septiembre de 2018 se promulgó el Decreto legislativo n° 1398[5] que crea el Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú para contribuir a la identificación de las personas desaparecidas durante la guerra interna. Otras normas de diciembre de 2018 y de julio de 2019 precisan los estándares técnicos para asegurar la calidad del trabajo de los especialistas nacionales e internacionales formados en genética forense que brinda asesoría ad honorem para elaborar los Registros de Perfiles genéticos: de los familiares, de los restos humanos recuperados y de las personas vivas dadas por desaparecidas. Todos esos datos son confidenciales (véase el Folleto 2 del BDG)
- El Registro nacional de personas desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE). Este registro es una base de información autónoma que centraliza, sistematiza y depura la información suministrada por las entidades relacionadas con el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra interna. Se trata de información recogida en los últimos 40 años tanto por entidades estatales como organizaciones de la sociedad civil.
- El listado de RENADE se encuentra en evolución constante, actualmente se registra 21,442 personas desaparecidas, entre las cuales la mayoría son hombres (17,118), luego vienen las mujeres (4,239) y se cuentan 85 personas “sin información”. La mayoría de desaparecidos tenía entre 18 y 34 años (40%), en segundo lugar se encuentran los que tienen entre 35 y 64 años (28%).
- Los departamentos con mayor número de desaparecidos son: Ayacucho (8,679), Huánuco (2,861), Junín (2,743), San Martín (1,273), Huancavelica (1,216), Apurímac (699) y Ucayali (653). (véase el folleto 3 de RENADE).
Las labores de la DGPD en la Región de Junín y en la selva central
El coordinador regional de la DGBPD de Junín es el abogado Marco Antonio García (abogado), quien muy amablemente me precisó lo siguiente: la Oficina Regional de Junín inició sus labores el 2 de enero de 2019 y se encuentra conformada por los siguientes profesionales: Carol del Carmen Baca Valencia (psicóloga, Atención y Acompañamiento); Celinda Salas Huánuco (trabajadora social, Atención y Acompañamiento); Katya Valladares Domínguez (arqueóloga forense, Registro e Investigación Forense); y Rosalucía Sánchez Aliaga (socióloga, Registro e Investigación Forense).” (Comunicación personal, 26 de agosto). He aquí una síntesis de los datos expuestos en la reunión virtual que tuvimos el 26 de agosto, con la participación de la Dra. Mónica Barriga:
- De acuerdo con las cifras de RENADE, actualizadas en junio de 2020, se registran 2,743 personas desaparecidas en la región de Junín [en el Folleto se lee 2,354]. La gran mayoría (1,644) se encuentra en la provincia de Satipo, seguida de Chanchamayo (242), Huancayo (237), Concepción (233), y otros distritos (Pampa Hermosa, Coviriali y Llaylla). La repartición de las muertes según los distritos corrobora los datos expuestos en el Informe Final de la CVR; los distritos de Río Tambo (658) y de Pangoa (511) concentran las cifras más altas de víctimas, seguidos por los distritos de Mazamari (175), Satipo (133) y Río Negro (118).
- La Oficina regional de Junín viene laborando desde enero de 2019 y hasta la fecha se han realizado 9 Investigaciones humanitarias concernientes a la desaparición de 144 personas (7 casos en Satipo, 1 caso en Huancavelica, 1 caso en Concepción). Por otro lado, la DGPD participa en la Investigación fiscal de 2 casos referentes a la desaparición de 10 personas en la localidad de Paccha (Huancayo) y en la localidad de Los Molinos (Jauja), donde se reportan 55 personas desaparecidas.
- En 2019, se ha brindado además 173 sesiones de acompañamiento psicosocial en beneficio de 157 familiares de víctimas.
- En el mismo periodo se realizaron 4 mesas de trabajo y 19 talleres informativos.
- En 2019 y en enero de 2020 se han restituido también 9 restos mortales relativos a los casos de Tastabamba (Ayacucho), Puerto Porvenir (Satipo) y Paucarbambilla (Chanchamayo).
- En lo que concierne a la intervención en las comunidades nativas de la provincia de Satipo, se han realizado talleres en la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo [que visité en 2014 y en noviembre de 2019 junto con el equipo de la DGBPD, véase Villasante 2014 y 2020, Boletín del IDEPHPUCP[6]], en Alto Sondoveni y en San Jacinto de Shauriato (distrito de Río Negro). Actualmente se está elaborando una estrategia para investigar los casos de desapariciones en los distritos de Río Tambo y de Pangoa.
- Según el RENADE en junio de 2020 se registra un total de 123 personas desaparecidas en las comunidades nativas de Río Negro (32), Satipo (30) y Mazamari (61). El perpetrador más importante ha sido el PCP-SL (93 personas), las Fuerzas Armadas fueron responsables de 9 desapariciones. Los otros responsables fueron: subversivos no identificados (7 casos), el MRTA (6 casos), los ronderos (4 casos), el “ejército ashaninka” [ronderos nativos] (2 casos), y otros (2 casos).
Los avances de las labores de la DGBPD en la región de Junín son importantes, aun cuando las actividades se han retardado por la crisis sanitaria que vivimos en el país. Empero, como tuve la ocasión de plantear en las reuniones realizadas, quedan temas pendientes que se deben incorporar a los trabajos en la región de Junín: (1) los casos identificados en la selva central no son exhaustivos, se deberán incluir poblados colonos que sufrieron masacres en 1993 en el valle de Tsiriari, así como las comunidades nativas y los poblados de la cuenca del río Ene. (2) Se debe elaborar un mapa de comunidades y de poblados afectados por la guerra interna, en particular aquellos que fueron convertidos en campos totalitarios, o desde donde las poblaciones fueron desplazadas a campos instalados en el monte. Toda la información ha sido presentada en mi libro. (3) En fin, dos tópicos deben tomarse en cuenta en la estrategia de la DGBPD en la selva central: el silencio que han adoptado las comunidades nativas sobre el periodo de violencia, y la persistencia de una guerra de baja intensidad en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro [VRAEM].
- En efecto, durante la guerra interna, el PCP-SL logró crear campos totalitarios para “transformar a las masas” de nativos Ashaninka y Nomatsiguenga en “senderistas leales al presidente Gonzalo”. En esos campos fallecieron miles de nativos y cientos de colonos, y fueron enterrados solos o en fosas que se encuentran en el Alto Tambo, en las dos márgenes del río Ene y en el distrito de Pangoa [margen izquierda del río Ene]. Sin embargo, el tema de la violencia no se discute nunca en público en las comunidades nativas. Se habla de ello solo en privado, por temor a las reacciones que pueden reaparecer en poblaciones que se han enfrentado, que han sido perpetradores y víctimas al mismo tiempo, como en Ayacucho. En la selva central nunca ha habido “reconciliación”, ni olvido de la violencia. Muchos saben donde se encuentran los muertos y las fosas comunes, pero guardan silencio. Por esta razón no existen tampoco asociaciones de víctimas nativas; la Coordinadora nacional de organizaciones de afectados por la violencia política (CONAVIP), presidida por Luis Aronés Huallanca, tuvo su Primer Congreso el 17-18 de octubre de 2015 en San Martín de Pangoa. Pero los nativos no estuvieron correctamente representados y la voz de las víctimas presentes no fueron escuchadas [ver Villasante 2015, Boletín del IDEHPUCP[7]].
- En segundo lugar, el marco temporal de la DGBPD cubre sólo los años de la guerra interna, de 1980 a 2000. Empero, desde ese tiempo se siguen encontrando personas cautivas en los llamados centros de producción que en realidad son campos totalitarios donde los herederos del PCP-SL [Sendero Rojo de los hermanos Quispe Palomino] continúan sus actividades de transformación de los adultos y niños en hombres nuevos en la zona del VRAEM, que sigue siendo una zona de guerra de baja intensidad combinada con el narcotráfico. Entre los cautivos se encuentran niños soldados (reconocidos en el derecho humanitario internacional, pero no incorporados en el Código penal peruano), y niñas y mujeres esclavas sexuales. También se encuentran fosas comunes. En mayo de 2014 se encontraron 112 cuerpos en la comunidad de Mapotoa (Pangoa) (véase Villasante, Boletín del IDEHPUCP, junio de 2014[8] y octubre de 2016[9]).
Poco después de haber promulgado la ley sobre las personas desaparecidas durante la guerra interna, en julio de 2016, el ex presidente Humala promulgó el Decreto Supremo n° 010-2016-MIMP, Protocolo de atención a personas rescatadas de los grupos terroristas. Esta norma estaba destinada a atender a las personas que venían siendo liberadas por las Fuerzas Armadas en la selva central de campos idénticos a los del PCP-SL. Pero desde entonces no se ha promulgado un decreto ley que especifique lo que el Estado puede hacer para aliviar el sufrimiento de personas liberadas de cautiverio y que no tienen identidad legal, ni medios de sobrevivencia. Lo único que sabemos es que luego de ser liberadas por las Fuerzas Armadas, pasan a la tutela del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables; que no ha publicado ningún tipo de información sobre estas personas “recuperadas” (véase Villasante 2019: 653-659).
Reflexiones finales
- Las labores de la DGBPD que se concentran en la búsqueda de personas “desaparecidas”, en general muertas durante la guerra interna, desvela en toda su crudeza un hecho que sigue marcando la vida política y social en el país; se trata de la ignorancia de los hechos de violencia que destruyeron la vida social, económica y política durante veinte años. Por esta razón, los avances en el descubrimiento e identificación de los restos mortales de miles de personas muertas durante la guerra deben llevar también a una toma de conciencia nacional de la urgencia de saber qué ha pasado durante ese aciago periodo que tiene secuelas hasta nuestro presente. Afrontar ese pasado, conocerlo y aceptarlo como parte de nuestra historia es indispensable para construir una nación reunificada y solidaria.
- Las actividades de la DGBPD de la región de Junín están siendo realizadas por un equipo de profesionales que tienen un gran interés por llevar a cabo su labor del mejor modo posible. Los desafíos son múltiples cuando se labora sobre las muertes violentas de nuestros compatriotas. Tratándose de nativos Ashaninka y Nomatsiguenga, la situación es quizá más delicada pues para ellos el Estado estuvo ausente desde siempre.
- El mandato de la DGBPD se termina en 2000, pero sería oportuno que se establezcan colaboraciones con las instancias que se ocupan de los casos de “desaparecidos” ulteriores. En el río Ene [ distrito de Río Tambo] y en Pangoa, la violencia política, el narcotráfico y las muertes violentas continúan desde hace más de 30 años. Esperemos que se avance con el descubrimiento de los sitios de entierro que demuestran la terrible violencia que sufrieron nuestros compatriotas nativos y andinos de esas regiones abandonadas del país.
