Escriben: Patricia Urteaga(*), Ian Vázquez Rowe(**), Ramzy Kahhat(***), Jose Carlos Silva(****)
Más de diez años después del desastre de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México en el año 2010, en el cual se vertieron al mar 779 000 toneladas de petróleo crudo, es posible encontrar rastros de contaminación por petróleo en el océano. Un estudio realizado por Overton, Adhikari, Radović y Passow (2022)[1] prueba científicamente que, si bien algunos componentes del petróleo derramado se degradan, otros residuos recalcitrantes de petróleo (C25+) permanecen en el ambiente marino incluso después de 10 años de lo ocurrido. Este documento viene a cuento al recordar los varios derrames de petróleo producidos en la costa y la Amazonía peruanas[2], regiones a las que la ecología política bien podría denominar “zonas de sacrificio”[3].
El derrame de aproximadamente 13000 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero de este año en el mar de La Pampilla, en Lima, puso de manifiesto la precariedad de la institucionalidad del Estado y de los sistemas de respuesta de Repsol ante emergencias para abordar las consecuencias de estos siniestros, y más aún, para prevenirlos. Perú ha demostrado que no tiene un plan de contingencia ante este tipo de catástrofes en sus más de 2000 kilómetros de costa y su casi un millón de kilómetros cuadrados de territorio marítimo, reflejando la vulnerabilidad de toda la franja costera ante derrames de petróleo. Diferentes derrames de mayor o menor calibre se vienen sucediendo desde hace décadas en la Amazonía, sin que dejemos de escuchar los cantos de sirena de las empresas involucradas y el mismo Estado que buscan justificar su ineficiencia, inoperancia e indolencia, mientras las afectaciones a miles de personas y sus familias, así como incontables pérdidas naturales se siguen sumando a la funesta cuenta. La baja densidad de población de las zonas amazónicas dónde ocurren estos derrames, así como la escasa cobertura mediática que reciben en los medios de comunicación de Lima hace que en pocos días pierdan notoriedad y que no exista una masa crítica que responda ante la pasividad del Estado exigiendo políticas públicas de prevención de los derrames amazónicos, así como también la judicialización de los delitos ambientales de las empresas petroleras de manera que se hagan responsables de sus pasivos ambientales. Esto, sumado a la “lejanía” que tiene la Amazonía con el habitante promedio peruano, hacen que los constantes derrames en esa zona carezcan de “empatía” social.
Luego del derrame de petróleo ocurrido en la comunidad nativa de Cuninico en el año 2014, en el que unos 2500 barriles de petróleo se vertieron a la quebrada del mismo nombre y llegaron hasta el río Marañón, la comunidad tuvo que enfrentar las consecuencias nocivas de este desastre que marcó sus vidas y las de sus generaciones futuras. Y, a pesar de que sus habitantes insistían en que la contaminación no había cesado dos meses después del derrame, el Estado consideraba que no aparecían rastros de petróleo en las aguas del río y que, por lo tanto, ya no existía contaminación[4]. Ciertamente, los funcionarios públicos no tomaban en cuenta que las plantas no crecían como antes, que los peces seguían con sabor y olor a petróleo, que la gente se enfermaba más y que la tasa de deceso por cáncer subió inexplicablemente en las comunidades del Bajo Marañón afectadas por los derrames de petróleo del oleoducto norperuano[5].
Mientras escribimos este artículo, el petróleo vertido en la quebrada Cuninico debido al último derrame ocurrido el 16 de septiembre pasado, sigue fluyendo hacia el río Marañón, afectando todos los ecosistemas, la flora, la fauna y aproximadamente 100 comunidades nativas y campesinas ubicadas río abajo. Nuevamente, las comunidades se ven condenadas a vivir esta pesadilla que no solo afecta su vida e integridad, sino también su dignidad. Son comunidades ribereñas cuya identidad está marcada por su cercanía al río y las quebradas. Quedarse sin agua, sin peces para alimentarse, sin su mundo simbólico subacuático, es perderlo todo.
«La obligación de proteger el medio ambiente y a las personas que lo habitan no se vuelve relativa si el siniestro – léase derrame de petróleo – lo causa un tercero o la misma ineficiencia de la empresa. Es una obligación internacional que todos debemos cumplir, incluido el mismo Estado y sus empresas.»
Este no ha sido el único derrame en la zona. Convoca[6] señala que Petroperú es responsable de 75 derrames de crudo en la región amazónica entre los años 2011 y 2022, pero la respuesta de Petroperú como encargado del oleoducto, es, por decir lo menos, inmadura e indolente. Petroperú aduce que los derrames de petróleo se han producido debido a cortes en el oleoducto realizados con sierras eléctricas. Es decir, para Petroperú, se trata de sabotajes de personas no identificadas a la infraestructura que transporta el petróleo, como si esta fuera una excusa para justificar una carencia de respuesta oportuna y efectiva al problema ambiental que se vive en esa zona.[7]
Si bien es posible que algunos de los siniestros se deban a cortes en la infraestructura,[8] la empresa no menciona que varios otros se deben a su ineficiencia e incumplimiento de sus obligaciones legales. Un informe oficial elaborado por la “Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso Peruano para determinar las responsabilidades de los funcionarios del Estado, personas, instituciones públicas y privadas, que resulten culpables de los derrames de petróleo que ocurrieron en el área de la tubería”[9] fue emitido en diciembre de 2017. Este demostró fehacientemente que, entre 2014 y 2016 se derramaron más de 25,000 barriles de petróleo en las regiones amazónicas por donde cruza el oleoducto (casi el doble de lo vertido en el mar de Ventanilla durante este año), ocasionando daños por 220 millones de dólares y pérdidas económicas por 980 millones de soles. El informe comprobó que aproximadamente el 50% de los derrames de crudo se había producido en las zonas donde se encontraron el 76% de los defectos en la tubería (Congreso de la República, 2017, pp. 2 y 3). La Comisión descubrió que la última inspección geométrica en el ramal norte del oleoducto Norperuano fue realizada en el año 2000. Ello determinó que la corrosión del tubo se acelerara generando, según la Comisión, un promedio de cuatro derrames por año desde el 2014 al 2016. Ello constituye una falta muy grave porque estas actividades, que son obligatorias por ley, podrían haber prevenido los derrames de petróleo que se produjeron como resultado de la falta de mantenimiento de los tubos.
La obligación de proteger el medio ambiente y a las personas que lo habitan no se vuelve relativa si el siniestro – léase derrame de petróleo – lo causa un tercero o la misma ineficiencia de la empresa. Es una obligación internacional que todos debemos cumplir, incluido el mismo Estado y sus empresas. Si algo puede diferenciar a los gobiernos es la preocupación auténtica y veraz por todos sus ciudadanos, principalmente, los más vulnerables que han sido condenados a sufrir los impactos de la actividad petrolera en las “zonas de sacrificio”. Al gobernar, pensemos en ellos y en nuestra casa común, y seamos creativos y eficientes, pero sobre todo solidarios para prevenir estos siniestros.
(*) Profesora principal del Departamento Académico de Derecho y directora de la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP.
(**) Profesor principal del Departamento Académico de Ingeniería y director de PELCAN, PUCP.
(***) Profesor principal del Departamento Académico de Ingeniería y director de Carrera de Ingeniería Ambiental y Sostenible de la PUCP.
(****) Profesor Asociado del Departamento Académico de Economía de la PUCP.
[1] Overton, E.B., Adhikari, P.L., Radovi´c, J.R. y Passow, U. (2022) Fates of petroleum during the deepwater horizon oil spill: A chemistry perspective. Front. Mar. Sci. 9:928576. doi: 10.3389/fmars.2022.928576
[2] En lugares como la Amazonía norte pueden observarse pasivos ambientales generados en forma acumulativa por las actividades de empresas como PetroPerú y Occidental Petroleum (Oxy) desde la década de 1970 hasta la actualidad.
[3] Bullard, R. D. (1993). The Threat of Environmental Racism. Natural Resources & Environment , Vol. 7, No. 3, pp. 23-26, 55-56.
[4] Urteaga, Segura y Sánchez (2019). El Derecho Humano al Agua, los Pueblos Indígenas y el Petróleo. Lima: CICAJ, PUCP. En: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/170186.
[5] En la comunidad de Cuninico se han presentado varios casos (más de cinco) de personas fallecidas con cáncer, particularmente, leucemia. Estos datos provienen de los mismos pobladores de la comunidad y personas allegadas.
[6] Véase: Comunidad Nativa reporta derrame de petróleo en río Cuninico de Loreto. Paola Mendieta (16/09/22). En: Comunidad nativa reporta derrame de petróleo en río Cuninico de Loreto | Convoca
[7] Véase: Más de quince comunidades sin acceso a agua tras derrame de petróleo en Lorehttps://www.msn.com/es-pe/noticias/peru/m%C3%A1s-de-15-comunidades-sin-acceso-a-agua-tras-derrame-de-petr%C3%B3leo-en-loreto/ar-AA127ph6?ocid=msedgntp&cvid=771cb2afa18f4a748a247a0e216f0477to (22/09/22). La República. En:
[8] Véase: Derrames de petróleo: contaminación, impunidad y falta de protección de la tubería en la Amazonía de Perú. Bárbara Fraser (18/08/22). https://es.mongabay.com/2022/08/contaminacion-impunidad-y-falta-de-proteccion-de-la-tuberia-de-petroleo-en-peru/
[9] https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Informes/Comisiones_Investigadoras/INFORME_FINAL.PDF
