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1 de diciembre de 2020

Escribe: Valeria Reyes (1)

 El pasado 20 de noviembre se conmemoraron 75 años desde el inicio de los juicios de Núremberg. El Tribunal representa un hito remarcable para la justicia internacional, no solo porque su establecimiento significó que por primera vez en la historia se juzgue y sancione a líderes de Estado por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, sino también porque con él empezaron a forjarse dos de los fundamentos básicos que hoy guían la dinámica en el Derecho internacional: (i) la existencia de una serie de atributos y valores inherentes a las personas que se derivan únicamente de nuestra esencia como seres humanos, contra los que no puede atentarse bajo ninguna circunstancia; y (ii) la prohibición de la impunidad cuando se cometen abusos que atentan contra dichos atributos y valores esenciales.

Varios de los desafíos enfrentados por el Tribunal de Núremberg se vincularon, sin duda, a la falta de claridad sobre dichas ideas en aquel entonces. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el Tribunal ha sido duramente criticado debido a que su estatuto tipificaba como delitos conductas que no habían sido calificadas como tales antes de ser perpetradas. El marco normativo a nivel internacional era en ese momento insuficiente para afirmar que muchas de las atrocidades cometidas por los Nazis constituían crímenes tan abyectos que no podían quedar sin sanción. La moral y la ética daban cuenta de la gravedad de lo sucedido y la necesidad de tomar acción en contra de los responsables, pero el aspecto jurídico no se alineaba en plena armonía con dicha conclusión. A lo anterior se sumaba además la ausencia de tribunales – tanto internos como internacionales – que pudieran abordar una tarea tan compleja de manera eficaz e independiente. Esta falta de institucionalidad fue compensada por las condiciones políticas propias de la época que permitieron a los aliados vencedores seguir adelante con su voluntad de implementar un proyecto de justicia que se canalizó con la creación del Tribunal y la puesta en marcha de los juicios de Núremberg.

«Núremberg no solo simboliza justicia, sino que representa una invaluable fuente de aprendizaje y un punto de partida elemental para lo que hoy se conoce como el Derecho Penal Internacional.»

En la actualidad, las debilidades brevemente listadas difícilmente permitirían que un Tribunal como el de Núremberg vea la luz. Esto es positivo pues pone en evidencia que la justicia internacional se sigue consolidando con el pasar del tiempo como un área jurídica predecible, que se rige por pautas de juego claras que incorporan garantías tanto para víctimas, como para victimarios. Más allá de tratarse de una comparación despolitizada, esta ayuda a poner en perspectiva cómo los últimos 75 años han permitido no solo fortalecer el valor de la justicia como un derecho humano y un ideal social, sino que han dado lugar a la creación de una serie de principios e instituciones para garantizar su consolidación y coexistencia con otros derechos y valores tales como la paz, la verdad, las reparaciones, las garantías procesales, entre otros.

En esa medida, Núremberg no solo simboliza justicia, sino que representa una invaluable fuente de aprendizaje y un punto de partida elemental para lo que hoy se conoce como el Derecho Penal Internacional. El legado de Núremberg se ha nutrido con el trabajo de otros tribunales internacionales y órganos de protección de derechos humanos que, construyendo sobre dichos cimientos, han edificado una estructura capaz de lidiar con las consecuencias de las violaciones más atroces a los derechos humanos, aquellas que conmocionaron al mundo durante la Segunda Guerra Mundial, y aquellas contra las que seguimos luchando 75 años después.

Quizás los desafíos en el presente son otros. Ya no se discute si es posible o no que las cabezas de un Estado rindan cuentas ante la justicia si son responsables de crímenes internacionales; o si es válido eximirse de responsabilidad cuando el delito se comete en cumplimiento de una orden superior; tampoco la imprescriptibilidad de estos crímenes es hoy blanco de cuestionamientos o críticas. Hoy en día, a la fortaleza de la institucionalidad se suma la debilidad de la falta de voluntad. En un guiño irónico de la historia, Estados como Reino Unido, Rusia o Estados Unidos[2] que lideraron los esfuerzos en Núremberg, hoy ven a sus nacionales ser investigados a nivel internacional[3] por delitos tan graves como los que motivaron la creación del Tribunal en 1945. Además, tanto Estados Unidos[4] como Rusia[5] han protagonizado vergonzosos episodios de obstaculización de la lucha contra la impunidad, y ninguno de los dos ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que crea un sistema de justicia internacional con vocación de universalidad.

Núremberg nos enseñó que la justicia es un valor que merece ser protegido, que los derechos humanos no son transables y que la impunidad no es nunca una opción. 75 años después, conmemoramos su legado reconociendo que queda aún mucho trabajo por hacer para alcanzar esos ideales.


[1] Abogada por la PUCP. Master en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. vreyes@pucp.pe
[2] El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg fue elaborado y suscrito por Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
[3] A la fecha, la Corte Penal Internacional tiene un examen preliminar en curso en Iraq por crímenes internacionales presuntamente cometidos por nacionales del Reino Unido; un examen preliminar en Ucrania por crímenes internacionales presuntamente cometidos por nacionales de Rusia; una situación en Georgia donde se investigan crímenes internacionales presuntamente cometidos por nacionales rusos; y una situación en Afganistán donde se investigan, entre otros, crímenes internacionales presuntamente cometidos por nacionales estadounidenses.
[4] Durante este año, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones económicas y revocación de visas a funcionarios de la Corte Penal Internacional como represalia por la autorización de la Sala de Apelaciones de dicho Tribunal para que la Fiscalía lidere una investigación en Afganistán que podría derivar en responsabilidades penales de nacionales estadounidenses
[5] En el 2014, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia utilizó su poder de veto para evitar que la grave situación de violación sistemática de derechos humanos en Siria sea remitida a la Corte Penal Internacional