Fuente: La República.
Por Mario R. Cépeda Cáceres (*)
En el Perú viven 55 pueblos indígenas u originarios que hablan 48 lenguas distintas al español. Su historia antecede largamente a la formación del Estado peruano y son una parte fundamental del país, de la sociedad que todos y todas conformamos. No obstante, no solo han sido excluidos de las narrativas históricas y el discurso de construcción de Nación, sino también de las dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales en 201 años.
Son reveladoras las cifras que presenta la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, solo el 48% de la población que habla una lengua indígena cuenta con red pública de alcantarillado en su vivienda, el 66% de la población originaria ha asistido a un centro educativo y la anemia infantil en grupos indígenas se dispara hasta el 50%. Como podemos ver en estas cifras, la situación de exclusión se traduce en brechas materiales profundas que empujan a los pueblos indígenas a una situación de particular vulnerabilidad y pobreza —hasta 38.5% en población de habla originaria 1—.
La respuesta de los pueblos indígenas a esta situación ha sido cada vez más amplia, compleja y efectiva. Les ha permitido identificar sus necesidades y convertirlas en demandas articuladas hacia las autoridades públicas. Esta estrategia no ha sido uniforme ni homogénea, no obstante, ha permitido resultados sumamente importantes en el reconocimiento de derechos colectivos. Un claro ejemplo de esta situación fue la promulgación de la Ley Nº29785, también conocida como Ley de Consulta Previa, en el 2011 como resultado del Paro Amazónico del 2009 y los trágicos sucesos conocidos como Baguazo. Son justamente estos acontecimientos los que iniciaron una nueva primavera en la organización política de los pueblos indígenas y en el desarrollo de una institucionalidad estatal para el reconocimiento de derechos.
En el contexto que se vive en el Perú en los últimos meses, resulta fundamental volver sobre ciertos aspectos de la democracia que, lamentablemente, hemos dado por sentados desde la academia y el Estado sobre la manera en cómo se gestionan las demandas y conflictos sociales. Ya para el 2012 la Defensoría del Pueblo había identificado cómo existía una brecha en las capacidades de diálogo de la sociedad y el Estado que llevaba a que muchos conflictos devengan en episodios de violencia. Sin embargo, la violencia no es inherente al conflicto en la medida en que el encuentro y desencuentro de posturas dentro de la democracia es fundamental para el avance de la sociedad 2. La democracia tiene espacios para estos desencuentros y la negociación. Tristemente, en el Perú nos hemos acostumbrado a que los márgenes simbólicos del reconocimiento ciudadano solo se expandan luego de episodios trágicos como los del 2009.
Por lo tanto, cuando los pueblos indígenas hacen uso de su derecho a la participación y autonomía, no están reclamando por formas de secesión o separatismo, como se escuchó en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación y debates políticos a lo largo de diciembre de 20223. Lo que buscan es un reconocimiento de su importancia para el país. Lamentablemente, se ha hecho costumbre que la violencia sea la que despierte nuestra atención sobre los pueblos indígenas. La violencia quiebra la democracia al agotar el diálogo y bloquear los canales de participación. Polariza las posturas más allá de la negociación y suprime cualquier capacidad de entendimiento. La participación es un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Comprenderlo en su real magnitud, rastrear sus canales de formulación y representación es una agenda aún pendiente para la sociedad peruana. Solo de esta manera podremos entender la capacidad democratizadora de la participación, así como los desafíos que esta enfrenta para extenderse dentro de los grupos más vulnerables y excluidos.
Que los tristes acontecimientos que marcan la historia de los pueblos indígenas en el Perú nos permitan extraer lecciones no solo para fortalecer la institucionalidad intercultural del Estado, sino fundamentalmente para nuestra propia convivencia democrática. Hoy más que nunca, cuando el diálogo parece extinguirse en el Perú, es que debemos mirar al pasado para revisar nuestros errores y estas dispuestos a aprender y construir un mejor futuro para todos y todas. Fortalecer la participación de los pueblos indígenas no pasa únicamente por crear oficinas y direcciones en distintos niveles de gobierno. Debemos reconocerla , comprenderla y tener una verdadera voluntad democrática que nos libre de prejuicios e interpretaciones chatas que nos consumen día a día.
(*) Antropólogo. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinador del Proyecto Lives in Dignity del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP).
[1] Al respecto de estos y demás indicadores, puede consultarse el siguiente enlace: https://bdpi.cultura.gob.pe/indicadores-sociales
[2] A respecto, puede consultarse el informe defensorial en cuestión en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe-156.pdf
[3] Para un ejemplo, puede consultarse el siguiente reportaje del noticiero 24 Horas: https://www.youtube.com/watch?v=Jvwx-VNCb0k
