Fuente de imagen: Tu Diario Huánuco.
Por Iris Jave (*).
La muerte de seis jóvenes militares cuando intentaban cruzar el río Ilave (Puno) por orden del capitán a cargo de la patrulla, trae nuevamente a colación una vieja relación irresuelta en la agenda de la democracia: las instituciones de las fuerzas armadas desarrollan prácticas y normas de exclusiva responsabilidad de quienes dirigen la institución, fiscalización, supervisión y, menos, acceso a la información del sector civil. Y proceden, como en este caso, de acuerdo a las órdenes y designios de una persona de rango superior en la institución con las consecuencias funestas que hemos presenciado.
La tragedia ocurrió el domingo 5 de marzo, cuando una patrulla de soldados a cargo del capitán EP Josué Frisancho recibió la orden de cruzar el río Ilave sin tomar en cuenta la crecida del río en esta época del año, el pesado armamento que llevaban consigo y el hecho de que algunos de los jóvenes soldados no sabían nadar. Los soldados fallecidos eran aimaras; sus nombres son Franz Canasa Cahuaya (20); Álex Quispe Serrano (19); Elvis Pari Quiso (20); Elías Lupaca Inquilla (19); Percy Alex Castillo Pongo (18) y Carlos Quispe Montalico (20). Ellos se encontraban realizando el Servicio Militar Voluntario en la región Puno.
En un reporte conmovedor, el periodista y corresponsal del diario La República en Puno, Liubomir Fernández, quien fue testigo presencial de los hechos, narra así la situación: “Fue una decisión unilateral la que los llevó a ingresar al río. Nada los presionó. No tenían a nadie en frente que los atacara de manera directa. Eso es lo que vimos”. Es fundamental escuchar la versión de este periodista y testigo, que contradice la versión oficial emitida en un comunicado del Ministerio de Defensa donde se señala “la actitud hostil ejercida contra la patrulla de la que formaban parte los mencionados militares por parte de violentistas que les impidieron el paso, (…) , con el fin de evitar un enfrentamiento con dichos elementos radicales”.
El comunicado resulta infame pues intenta encubrir las responsabilidades penales a las que debería dar lugar la decisión del oficial a cargo, y de la propia institución, así como justificar el hecho con el argumento de que un grupo de manifestantes aymaras les impidieron el acceso. Como muestran las imágenes reportadas por Fernández, en realidad, los manifestantes les acompañaron a regresar a su cuartel para evitar algún tipo de enfrentamiento, y, más bien, los auxiliaron cuando ocurrió la tragedia. Del mismo modo, el comunicado se refiere a los manifestantes aymaras como “hostiles” y “radicales”, desconociendo su condición de ciudadanía, el derecho a la protesta y al libre tránsito. Ciertamente, ese ha sido el comportamiento de las fuerzas armadas contra todas las protestas de los últimos meses, pero, en este caso, deja una evidencia dolorosa: la falta de reconocimiento y diálogo desde quienes están de un lado y del otro: soldados y manifestantes.
Con el retorno a la democracia en el año 2000, se intentó una reforma en las fuerzas armadas, una de las instituciones que más forados exhibía debido a los casos de corrupción y violación a los derechos humanos en que habían incurrido altos mandos. La institución quedó resquebrajada después del control político que ejercieron sobre ella Fujimori y Montesinos (Burt 2022). Sin embargo, esa reforma no prosperó y los tres institutos armados se han mantenido con normas y prácticas sociales casi endogámicas, que van desde una cultura institucional que impone orden y disciplina para la convivencia social -como durante el periodo de violencia o en las recientes protestas-, hasta una cultura machista que configura un tipo de militar, hombre, con una fortaleza extraordinaria que debe probarse siempre ante los demás. Es un tipo de militar que construye su imagen sobre la base de la desconfianza y la amenaza del “otro”, del enemigo permanente.
El caso de los soldados muertos por la orden de su superior llama a cuestionar el tipo de formación que se imparte en los institutos armados, tanto a quienes acceden al servicio militar voluntario como a quienes deciden seguir la carrera militar por vocación. En el primer caso, hay cursos de formación técnica para los soldados de acuerdo al tiempo de permanencia, una ración alimentaria y de vestido y un pequeño estipendio. ¿Con qué criterios se deciden los cursos, la asignación y las dedicaciones?. ¿Cómo se entiende la ciudadanía en el voluntariado militar?. En el segundo caso, ¿alguna institución supervisa los planes curriculares de los futuros militares? ¿Qué roles se asigna a la institución militar?. La acción de las fuerzas armadas refleja una formación que privilegia la disciplina y el autoritarismo por sobre los principios básicos de convivencia social y ciudadana.
La pérdida de la vida de estos cuatro jóvenes soldados debe llamar la atención sobre la necesidad de repensar la formación que se viene impartiendo en los institutos armados no sólo como un espacio militar sino también humano y ciudadano.
(*) Investigadora del IDEHPUCP.
