Escribe: Sandra Quiliche (*)
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) junto con el Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) decidieron responder a la convocatoria realizada por Naciones Unidas para el envío de información que contribuya a la elaboración del Informe sobre el impacto del COVID – 19 en los derechos humanos de los migrantes.
Esto se realiza como parte de la iniciativa del Relator Especial, quien tiene la intención de dedicar dicho informe para el 76° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta iniciativa nace, debido a que, luego de un año y medio del inicio de la pandemia, persiste la incertidumbre producida por la afectación al tejido sanitario, social y económico en las sociedades. Junto con ello, las brechas sociales y las desigualdades sistémicas se han agudizado. Los grupos vulnerables, como el de las personas migrantes, continúan viéndose afectadas de manera desproporcionada por las medidas adoptadas frente a la pandemia.
Desde el IDEHPUCP y el Grupo de Movilidad Humana se tiene como misión hacer incidencia en temas relacionados a los derechos humanos de las y los migrantes y refugiados. Debido a ello, se han elaborado dos informes que retratan algunas medidas implementadas por el gobierno desde el inicio de la pandemia y la situación de las personas migrantes y refugiadas en dicho contexto.
«Es importante resaltar que el Estado peruano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ante este grupo en situación de vulnerabilidad, pero estas no han sido respetadas durante la pandemia.»
Las principales condiciones de vulnerabilidad estuvieron relacionadas con el acceso a la regularización de su condición migratoria, acceso al servicio de salud y la pérdida de empleo durante la pandemia. Sobre el primer punto, debido al cierre de instituciones durante la cuarentena, se imposibilitó la gestión de trámites y documentos migratorios, lo cual generó incertidumbre para más de 500,000 personas solicitantes de refugio en todo el Perú. Respecto al empleo, de acuerdo con una encuesta nacional de Equilibrium durante junio de 2020, el 43,1% de las personas venezolanas entrevistadas afirmó de haber perdido su empleo.
Por otro lado, el Ministerio de Salud estableció que la vacunación se dé universalmente, incluso cuando las personas migrantes no contaran con un carné de extranjería. Asimismo, se identifica que las medidas adoptadas para reducir el impacto económico de la cuarentena por el Estado excluyó a las personas migrantes y refugiadas, ya que, como grupo, no están reconocidas como población vulnerable y, además de ello, nuevamente el no poder contar con los documentos requeridos les impedía ser beneficiarios de este sistema de protección social. En contraste, el apoyo y la ayuda ha llegado desde la sociedad civil, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, permitiendo reducir el nivel de vulnerabilidad de las y los migrantes y refugiados durante la pandemia.
Es importante resaltar que el Estado peruano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ante este grupo en situación de vulnerabilidad, pero estas no han sido respetadas durante la pandemia. Aspectos fundamentales como la regularización migratoria, la supresión de detenciones arbitrarias o respuestas sanitarias en condiciones de igualdad, aún permanecen como retos pendientes en el contexto peruano.
Desde Naciones Unidas, el Relator Especial ha hecho un llamado a los Estados por velar que las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos durante la pandemia cumplan con las normas internacionales y que, de esta manera, incluyan a las personas migrantes y refugiadas.
Los documentos han sido preparados por Rodrigo Rivera y Paola Velarde con el apoyo de Gabriela Ramos y Sandra Quiliche y bajo la coordinación de Irene Palla. Todos ellos forman parte del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP. Así mismo, se ha contado con el apoyo de Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE) y de la Clínica Jurídica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Los informes completos están detallados en la página oficial de Naciones Unidas y se aconseja leerlos en conjunto: enlace informe del IDEHPUCP y enlace informe del Grupo de Movilidad Humana de la CNDDHH.
Puede consultar la relatoría completa aquí
(*) Integrante del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos
