Foto: Ines Menacho /Archivo El Comercio
Por Mario Cépeda (*) y Luis Valverde (**)
El próximo 28 de agosto se conmemoran veinte años de la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), sin lugar a duda el documento más importante para conocer los dolorosos hechos que marcaron la historia del Perú a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. El informe es el resultado de un esfuerzo titánico por comprender las causas, actores, procesos y consecuencias de la violencia que vivimos durante veinte años, y ha arrojado luz sobre una historia que aún muchos buscan negar. En sus páginas se reúnen centenares de testimonios que dan cuenta de historias de dolor, pero también de resistencia, de lucha por la justicia y el reconocimiento que les fue negado.
La historia que el Informe final de la CVR reconstruye no sólo se sostiene en datos resultantes de un proceso de investigación de casi dos años, sino también en miles de testimonios que permiten conocer de primera mano nuestra historia compartida. De esta manera, el informe deja de ser un producto académico para convertirse en un medio que permite escuchar las voces de aquellos que sufrieron la violencia, los que la ejercieron y los que lucharon contra ella. Más allá de las cifras, hechos, fechas y acontecimientos, el informe permite reconstruir la memoria del pasado, convirtiendo vivencias personales en la historia de la Nación.
Veinte años después de su entrega, vale la pena volver sobre algunas de las recomendaciones dadas por CVR. Por ejemplo, “[…] la elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad, que promueva valores democráticos: el respeto a los derechos humanos, el respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural; y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales”, “[P]oner énfasis en políticas educativas destinadas a la transformación de la escuela en un lugar donde se respete la condición humana del alumnado y se contribuya al desarrollo integral de su personalidad. Lograr una conciencia de paz y afirmar la educación como su instrumento”, y “[N]o hay que descuidar ningún nivel educativo, desde el inicial hasta el superior. Las autoridades educativas peruanas tienen que redefinir los contenidos, metodologías y coberturas para lograr su máxima extensión a las personas involucradas” (CVR, 2003) [1]. De esta manera, la Comisión destacó el papel fundamental que el sistema educativo, tanto básico como superior, juega en la transmisión de la memoria del pasado y su comprensión crítica para transformar el presente.
Lamentablemente, es poco lo que se ha avanzado en estas líneas en el país. Estudios como el de Uccelli, et. al (2017) [2] han mostrado los retos que docentes, autoridades educativas, padres de familia y alumnos tienen para abordar el conflicto. Asimismo, en la última década se han desarrollado algunas propuestas que apuntan a incorporar la memoria del pasado en el quehacer de la escuela (Jave, et. Al., 2015 [3]; Cépeda y Velarde, 2023 [4]); no obstante, la ausencia de una política pública de memoria nacional ha imposibilitado que estas iniciativas se materialicen más allá de casos individuales. Así, a pesar de que es imperativo enseñar el tema, no existe un soporte académico y pedagógico claro sobre qué y cómo se debería educar sobre el conflicto armado interno (Arrunátegui, 2021 [5]). Asimismo, queda aún en muchos docentes el temor a ser acusado y perseguido por el delito de apología del terrorismo como fue tipificado en el artículo 7 del Decreto Ley N. 25475 de 1992 [6] —incluso luego de haber sido declarado inconstitucional en el 2003, y haber sido mejor tipificada en el año 2017 [7]— si enseñan algún contenido vinculado a la violencia de las décadas de 1980 y 1990 en sus aulas. Por tanto, hay un fuerte desincentivo —explícito e imaginado— sobre la enseñanza y aprendizaje de los temas en cuestión; la escuela sigue siendo, luego de tantas décadas, un espacio de disputa, miedos, silencios y mucha precariedad.
A nivel universitario, la situación es aún más incierta. Un estudio de Jave, Uchuypoma y Cépeda (2014) [8] demostró que diversas comunidades universitarias del Perú se caracterizan por una aproximación aséptica al pasado que nace del estigma heredado de las décadas de la guerra. La enseñanza del conflicto se limita a prácticas docentes individuales, muchas veces en contra de políticas tácitas de silencio y olvido, y que no han logrado articularse a nivel institucional. Por lo menos desde la década de 1990, el Perú ha sido testigo de cambios radicales en el diseño, composición y rol que juegan las universidades en la sociedad; el neoliberalismo como régimen cultural permeó el sistema universitario, convirtiéndolo en un espacio de, en el mejor de los casos, profesionalización individual en el que el pensamiento crítico, el debate y la formación ciudadana son cada vez más escasos (Seclén, 2020; Cánepa, et. Al., 2020 [9]). Lamentablemente, estas transformaciones han venido acompañadas de una reducción drástica de la calidad académica y de una concepción del paso por la universidad como una nueva versión del ya antiguo mito de la educación (Degregori, 2014 [10]). Más aún, estos estigmas y asepsia sobre la enseñanza de la violencia 1980-2000 se amplifican en un contexto de polarización social y la difusión de prácticas como el terruqueo, promovidas por los medios de comunicación y algunos actores políticos en los últimos años.
En ese contexto, el estudio del conflicto armado interno no se ha integrado de manera transversal en el quehacer universitario; esto es de especial relevancia si tenemos en cuenta que la Ley Universitaria, Ley N. 30220 señala como principio de la educación superior la búsqueda de la verdad; el pluralismo, la tolerancia y el diálogo; la vinculación con la realidad nacional; y el rechazo de cualquier forma de violencia. Más aún, la ley indica que los fines de las instituciones universitarias deben estar orientados a “[P]reservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad”, así como “[P]romover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial” (Congreso de la República, 2014) [11]. De esta manera, el rol de las universidades resulta fundamental para conseguir las transformaciones que el Informe final de la CVR señalaba hace ya dos décadas.
En el caso específico de nuestra casa de estudios, si bien en la Facultad de Estudios Generales Letras (EE.GG.LL.) no hay un curso enfocado directamente en la enseñanza del conflicto armado interno, una rápida revisión permitió identificar al menos tres cursos cuyo sílabo integraba la enseñanza de este periodo en la mayoría de los horarios disponibles para los estudiantes. Así, en el curso de Realidad Social Peruana se identificó que nueve de los once horarios dedicaron por lo menos una semana de su calendario académico a la enseñanza de este tópico, mientras que dos horarios le dedicaron tres semanas. Por otro lado, en el curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social, tres de los cuatros horarios le dedicaron al menos dos semanas de su calendario académico, mientras que un horario le dedicó solo una semana. Por último, se identificó que Historia del Perú, Presente y Memoria fue el curso que integró en mayor medida la enseñanza de este periodo, puesto que cinco de los siete horarios le dedicaron al menos tres semanas de su calendario académico.
Cabe resaltar que en la mayoría de los cursos mencionados se tiene como lectura obligatoria algunos fragmentos del Informe final de la CVR. Por ejemplo, en el horario 0401 del curso de Realidad Social Peruana se lee un fragmento del Tomo IX sobre las recomendaciones del Informe, mientras que en horario 0101 del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social se propone el capítulo 1 del Tomo I de la CVR en el que se contextualiza el inicio del conflicto. En la mayoría de los casos, además, se vuelve sobre autoras como Kimberly Theidon, Francesca Uccelli y Cecilia Méndez.
A pesar de estos casos, no es posible asumir que la universidad promueve de manera integral la enseñanza del conflicto armado interno en todos sus espacios. Por un lado, en un gran porcentaje de los cursos de Estudios Generales este tema no se incorpora ya sea porque corresponde al estudio de otro periodo histórico o porque el curso se centra en áreas del conocimiento que no se consideran relacionadas directamente con el tema, tales como Economía o Arqueología. No obstante, hay que resaltar que en el marco del XVIII Encuentro de Derechos Humanos, EE.GG.LL. ha iniciado un trabajo de articulación y promoción de la enseñanza del periodo 1980-2000 que sea transversal a su quehacer académico; esperamos poder compartir detalles de los resultados en los próximos semestres.
En suma, a veinte años de la entrega del Informe Final, incorporar la memoria de la violencia en la enseñanza básica y superior no sólo sigue siendo un reto para las comunidades educativas, sino también una deuda pendiente para la sociedad. La escuela ha sido históricamente un espacio de estudios y también un foco de debate académico y político, No obstante, dada su autonomía, las universidades también pueden llegar a ser un lugar donde predomine el silencio sobre el tema. Frente a esa posibilidad, hay que resaltar que queda una agenda de investigación y trabajo abierta sobre, para y junto al propio sistema universitario y sus innegables lazos con la construcción de una sociedad con más memoria y justicia. Veinte años después, el Informe de la CVR está más vigente que nunca y sigue abriendo caminos de reflexión colectiva que nuestra sociedad debe recorrer.
(*) Antropólogo. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, investigador del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia, y coordinador del Proyecto Lives in Dignity del IDEHPUCP.
(**) Miembro del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[2] Consúltese los detalles de la publicación en el siguiente enlace: https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/atravesar-el-silencio-memorias-sobre-el-conflicto-armado-interno-y-su-tratamiento-en-la-escuela/
[3] Consúltese las publicaciones en los siguientes enlaces: https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/memoria-la-violencia-la-escuela-una-propuesta-pedagogica-trabajo-aula-mazamari-junin/.
[4] Consúltese la publicación en el siguiente enlace: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/191434
[5] Consúltese la publicación en el siguiente enlace: https://revistas.siep.org.pe/index.php/RPIE/article/view/221/272
[6] Al respecto, consúltese la ley en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/37FFA11410C419A605257BF8007DA2B9/$FILE/1.pdf
[7] Al respecto, consúltese la modificatoria del Código Penal en el siguiente enlace: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-316-e-incorpora-el-articulo-316-ley-n-30610-1545774-2/
[8] Consúltese la publicación en el siguiente enlace: https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/estigma-silencio-memoria-la-violencia-estudiantes-la-unmsm-la-unsch/
[9] Consúltese ambas publicaciones en el siguiente enlace: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/173241
[10] Consúltese los detalles de la publicación en el siguiente enlace: https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/los-limites-del-milagro-comunidades-y-educacion-en-el-peru-obras-escogidas-iv/
[11] Al respecto, consúltese la ley en el siguiente enlace: http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria_04_02_2022.pdf
