Este 2024 se han cumplido quince años desde uno de los conflictos socioambientales más dolorosos de nuestra historia: el Baguazo. El cruento enfrentamiento entre la policía y la población awajún – wampis ocurrió el 5 de junio de 2009, y dejó un saldo de más de 30 fallecidos, un desaparecido y decenas de heridos.
Este trágico episodio sucedió tras 52 días de paro amazónico motivado por la intransigencia del gobierno de Alan García, que pretendía ocupar territorio indígena protegido sin consulta alguna. En 2023, tras catorce años de espera, se dictó una condena para dos generales de la Policía Nacional del Perú por su responsabilidad en las muertes ocurridas en el Baguazo. Sin embargo, ningún político ha asumido responsabilidad alguna.
Este no es un caso aislado. Hasta octubre de 2023, la Defensoría del Pueblo registró 138 conflictos socioambientales en el país. En respuesta a esta situación, el tercer episodio de “Amigos con Derechos”, el podcast de entrevistas del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), se ha dedicado a esta problemática.
En esta edición, conducida por Kathy Subirana, periodista con más de 18 años de trayectoria, se abordó este tema junto a dos especialistas: Vanessa Romo, productora periodística de Mongabay Latam, y Moisés Benites, gerente de comunicaciones en Paskay SAC.
El episodio comenzó con una radiografía de la situación medioambiental actual. Vanessa Romo señaló que, aunque se han logrado algunos avances en el país, estos se deben a la justicia internacional y no a la iniciativa del Estado peruano. Un ejemplo de ello es el caso de La Oroya, donde miles de pobladores han sufrido problemas de salud debido a la minería durante dos décadas. “La Corte Interamericana obligó al Estado peruano a cumplir estándares ambientales mínimos y a brindar atención médica, ordenada ya en 2006”, comentó Romo.
Además, Romo destacó el caso de Cuninico, que cumple diez años como el derrame más grande registrado en la Amazonía. “Pero estos casos caen en saco roto. Han pasado diez años desde Cuninico y veinte desde La Oroya, y no ha habido acciones articuladas para solucionarlos. No hay interés por parte del Estado peruano”, añadió.
Moisés Benites, por su parte, comentó que la Amazonía ha sido vista durante muchos años únicamente como una despensa de recursos. “A pesar de ser el 60% del territorio nacional, la Amazonía ha sido ignorada”, señaló Benites.
Uno de los principales problemas de este territorio es la deforestación, que también es la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero en Perú. “Si ves el mapa de la deforestación en la Amazonía, notarás que las áreas mejor conservadas son las de las comunidades indígenas”, comentó Benites. Para él, es fundamental empoderar a las comunidades indígenas para que defiendan su territorio, brindándoles alternativas económicas y una fiscalización constante.
“Los defensores ambientales son quienes cuidan el territorio, pero son los más amenazados”, afirmó Romo. En 2019, el Ministerio de Justicia aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, con el objetivo de establecer acciones, procedimientos y medidas de articulación que generen un ambiente adecuado para que los defensores de derechos humanos puedan desarrollar sus actividades libremente. “Sin embargo, muchos no quieren saber del protocolo porque los expone más. Cabe preguntarse qué tan efectivo es para proteger a los defensores”, concluyó Romo.
¡Escucha “Amigos con Derechos”!
Por otro lado, en nuestro bloque de noticias, conducido por Laura Rivera, analizamos si Alberto Fujimori debería o no recibir los beneficios que otorga la ley N° 26519 a pesar de sus condenas por corrupción y comisión de crímenes de lesa humanidad. Además, comentamos cómo la modificación de la Ley APCI traería consecuencias para las organizaciones privadas sin fines de lucro.
