En la actualidad, la corrupción es considerada uno de los principales problemas del país. La percepción social puede deberse a múltiples factores, entre ellos, uno de los elementos influyentes es la gran atención pública generada por los casos de corrupción de relevancia política y nacional como el caso “Odebrecht”. Solo en el 2018, se efectuaron una serie de detenciones a autoridades públicas por presuntos actos de corrupción durante su gestión[1]. A la vez, miembros de algunos partidos políticos que habrían intentado acceder o accedieron a un cargo público también fueron detenidos, como Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori con procesos por lavado de activos ante la presunta solicitud y recibo de dinero de origen ilícito de la empresa Odebrecht[2]. Si bien los casos de partidos políticos no han sido relacionados directamente con delitos de corrupción, las medidas adoptadas se sustentan en la posible configuración de lavado de activos provenientes de actos de corrupción[3].
Ambos delitos, generalmente se vinculan entre sí por la naturaleza de su dinámica, pues, ante la necesidad de ocultar la procedencia ilegal de los activos generados por la corrupción, se requiere incurrir en actos de lavado de activos. Estos delitos no solo se relacionan entre sí, sino operan bajo la forma de otros fenómenos delictivos como la criminalidad organizada. En el Perú, diversos casos de corrupción y lavado de activos, como los mencionados, operarían como organizaciones criminales. Un ejemplo son los alcaldes de los distritos de La Victoria, San Bartolo, Santa Rosa y Villa María del Triunfo, quienes fueron detenidos por conformar presuntamente organizaciones criminales.
La relación entre la criminalidad organizada y la corrupción en el país es innegable. Diversas modalidades de actos corruptos se basan en el uso de estructuras organizadas para introducirse en el sector público y político a fin de operar bajo un sistema de corrupción[4]. Así, la distribución de contratos estatales a terceros que favorecen a los funcionarios por su “elección” o el depósito personal de pequeñas cantidades de dinero a una cuenta bancaria en distintas fechas y lugares requieren un grado de organización y número de participantes para su ejecución. Diversas modalidades de lavado de activos y actos de corrupción se visualizan en las tesis fiscales de los casos más relevantes de la actualidad, como los mencionados. El juzgamiento y sanción de casos puede ser un aliciente a la preocupación nacional sobre el alto índice de corrupción en el país, pero no debe ser la única herramienta para reducir el alcance del fenómeno aún presente en diversos ámbitos del sector público.
Diseñar y formular acciones eficientes para reducir la corrupción y el lavado de activos es un compromiso de la comunidad internacional[5]. Sin embargo, las múltiples acciones y medidas adoptadas por el Estado Peruano tienen un limitado alcance, pues no toman en consideración los elementos tangenciales e instrumentales de la ocurrencia de este fenómeno, como la intervención de organizaciones criminales. Cabe notar que la estructura criminal por sus propias características, al conformarse al interior del sector público, facilita la comisión continuada y coordinada de los actos corruptos. Así, se perpetúan actividades ilícitas en el sector público con la ayuda de una diversidad de operarios no identificados y reemplazables.
Por tal motivo, es necesario diseñar acciones estatales y privadas para combatir la corrupción y el lavado de activos desde diversos enfoques y, a la vez, considerando todas las aristas de los fenómenos y su relación con otras dinámicas como las organizaciones criminales. Un primer paso sería analizar si el crimen organizado es un presupuesto o un instrumento de la corrupción. Al respecto, la mayoría de estudios sugieren que los grupos organizados utilizan a la corrupción como un medio para continuar operando en la impunidad con la compra de autoridades; es decir, la criminalidad organizada es un presupuesto previo de los futuros actos de corrupción[1]. No obstante, ello no excluye pensar en otro supuesto que involucraría a los grupos criminales no como un presupuesto, sino como un instrumento de la corrupción.
Esta última hipótesis se enmarca en los elementos encontrados en las tesis fiscales de diversos casos de corrupción y lavado de activos. Un ejemplo de ello es el caso de la Municipalidad de Bellavista, donde se habrían contratado un sin número de locadores fantasmas, que incluso lograron cobrar sin realizar los servicios encomendados[2]. Para ello se necesitaría un grupo de funcionarios de medio o bajo nivel funcional dedicados a operativizar los diversos acuerdos subrepticios. De igual manera, en el caso de inyección de dinero para los partidos políticos bajo la modalidad del pitufeo, se necesitaría un grupo de personas con funciones específicas y coordinadas para realizar estas labores.
De esta manera, un numeroso grupo de operadores, funciones coordinadas y un objetivo criminal común son algunos de los indicios de la existencia de una posible organización interna en el grupo con una finalidad ilícita. La pregunta hasta este punto sería: ¿Las organizaciones criminales operan a través de la corrupción como un instrumento de impunidad únicamente o también pueden ser instrumento de operatividad de una corrupción más sistematizada en ciertos ámbitos?
Parecería que ambas manifestaciones del crimen organizado podrían coexistir sin ser excluyentes en un mismo contexto. Es posible evidenciar una organización criminal externa al sistema público y otra al interior de este, sin necesidad que entre ambas exista una relación. Las dos operarían y tendrían objetivos ilícitos diferenciados. Por ende, es necesario adoptar una política-criminal que no solo ataque a las organizaciones criminales fuera de lo público y político, sino también evaluar cuáles son los incentivos delictivos para los funcionarios o integrantes del sistema público y político que los motiva a formar parte de una red de personas dedicadas a operativizar la impunidad.
*El texto fue preparado por Erika Solis y Flavio Puchuri, integrantes de la línea de investigación Lucha contra la corrupción. La revisión del texto estuvo a cargo de Rafael Chanjan, coordinador del equipo.
[1] Buscaglia, E; Gonzalez-Ruiz, S. y Prieto, C. Causas y consecuencias del vínculo entre la delincuencia organizada y la corrupción a altos niveles del Estado: Mejores Prácticas para su combate, p. 88. En: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37075857/9_1.pdf. Consultado el 24 de enero del 2019.
[2] Cuarto Poder. Reportaje Pagos de cupos en el Callao. Fecha: 21 de enero del 2019. En: https://www.youtube.com/watch?v=f3kCNw9xsqU
[1] Para mayor información revisar la nota del Diario El Comercio donde se informa de un gobernador regional, alcaldes, funcionarios de municipalidades e, incluso, procuradores públicos vinculados a presuntos actos de corrupción. “Año 2018: los gobernadores y alcaldes detenidos por estar involucrados en delitos”, 26 de diciembre de 2018. https://elcomercio.pe/peru/ano-2018-gobernadores-alcaldes-detenidos-involucrados-delitos-noticia-582732, consultado el 22 de enero de 2018.
[2] Para mayor información revisar el Observatorio de casos anticorrupción y lavado de activos, en el que se elaboraron contenidos sobre estos casos, https://idehpucp.pucp.edu.pe/observatorio-de-casos-anticorrupcion-y-lavado-de-activos/casos-materia-corrupcion/club-de-la-construccion/, consultado el 22 de enero de 2019.
[3] Barrionuevo, G. y Sosa, O. Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción. En: Lavado de Activos. Prevención y Sanción. Sarrabayrouse, D. y Degoumois, M. (Coord.). Argentina: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2012, p. 167.
[4] INSIGHT CRIME. Cómo se cruzan el crimen organizado y la corrupción en Latinoamérica. Recuperado de: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/crimen-organizado-corrupcion-latinoamerica/, consultado el 22 de enero de 2019.
[5] Objetivo validado en documentos vinculantes como los Convenios Internacionales de Corrupción y Lavado de Activos.
