Escribe: Elizabeth Salmón (*)
Es indudable que la era digital ha abierto unas enormes vías para la transformación de las relaciones entre las instituciones jurídicas y la sociedad. Esa transformación es fundamentalmente positiva, es decir, abre posibilidades inéditas a la democratización de la información y a la consiguiente protección de los derechos humanos. Pero no cabe ignorar que todo cambio de envergadura trae consigo riesgos, el más evidente de los cuales, es el referido a la seguridad de la información y la privacidad. Por otra parte, se podría decir que el primer gran desafío que esta nueva realidad plantea a las instituciones académicas es, precisamente, conocer metódicamente todas las posibilidades que se abren para diseñar las iniciativas correspondientes.[1]
Esto nos sitúa en primer lugar en el plano de la investigación, lo cual supone, entre otras cosas, determinar cuál es la capacidad actual de que la ciudadanía aproveche esas posibilidades. En la actualidad la mitad de los países de América Latina cuenta con mediciones específicas sobre conectividad en el ámbito rural (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, República Dominicana, México, Paraguay, Perú y Uruguay). Pero no hay comparaciones con zonas urbanas. La escasez de datos disponibles se debe a que las estadísticas oficiales no capturan la información sobre la conectividad diferenciando entre áreas urbanas o rurales. La formulación de metas globales que ponen atención sobre territorios desfavorecidos requiere aumentar los esfuerzos para esta cobertura fundamental.
Un 32% de la población de América Latina y el Caribe, o 244 millones de personas, no accede a servicios de internet. Un total aproximado de 77 millones de pobladores rurales de 24 países de América Latina y el Caribe no acceden a una conectividad con estándares de calidad mínimos necesarios. El 71 % de la población urbana cuenta con servicios de conectividad significativa mientras que, en poblaciones rurales, el porcentaje baja a 36,8% (IICA y BID 2020: Conectividad rural en América Latina y el Caribe).
La CIDH ha destacado que los Estados deben garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos.
Eso nos señala ya un rol general en la materia, que es el de promover desde nuestro ámbito particular el incremento de la conectividad y el cierre de brechas, como las de género y la étnica, en nuestras sociedades.
Más allá de este papel general, tenemos otras funciones que cumplir, y una de las más importantes es difundir entre la ciudadanía el conocimiento jurídico necesario para el mejor aprovechamiento de las oportunidades. Eso empezaría por una difusión del marco legal sobre datos personales, y en relación con el derecho a la información en la era digital. En el contexto actual de pandemia, la CIDH ha identificado que el acceso a internet es indispensable para ejercer nuestros derechos ante un escenario de confinamiento. Del mismo modo, ha destacado que los Estados deben garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos.
Desde la actividad académica, que incluye la elaboración de propuestas de políticas para los gobiernos, nos corresponde, por ejemplo, procurar que nuestros Estados pongan en vigor medidas para garantizar el acceso, en la línea de lo que ha sido sugerido por la CIDH:
- Acelerar la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso de calidad y el desarrollo de habilidades digitales, lo cual significa promover alternativas para que las empresas de telecomunicaciones no suspendan o corten los servicios por mora o falta de pago, suspender transitoriamente impuestos relativos a servicios de internet durante la vigencia de la pandemia, asegurar que toda política de acceso a internet incorpore tres principios: i) cobertura abierta y competitiva, sin limitación de acceso a contenidos y con total apego al principio de neutralidad de la red; ii) acceso a dispositivos en cantidad y calidades acordes a las necesidades de las personas y tomando en consideración sus vulnerabilidades físicas y socioeconómicas; iii) acompañamiento de procesos de alfabetización y desarrollo de competencias y habilidades digitales.
- No recurrir a bloqueos generalizados o a la suspensión de contenidos, aplicaciones o sitios web con el objetivo de combatir las noticias deliberadamente falsas sobre COVID-19.
- Fomentar medidas educativas que permitan a todas las personas hacer un uso autónomo, independiente y responsable de internet.
- Respetar y garantizar el derecho a la privacidad como principio orientador del entorno digital y como presupuesto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea.
Todo lo señalado hasta aquí se refiere a tareas para fomentar el acceso de buena calidad y un marco de seguridad. En ese ámbito, nos corresponde elaborar propuestas técnicas y hacer incidencia ante los gobiernos. Por otra parte, es importante tomar conciencia de los retos y amenazas que también existen en la era digital. A las instituciones académicas nos corresponde hacer una evaluación permanente de esas amenazas, que, por lo demás, no son estáticas, sino que cambian a lo largo del tiempo, y también hacer tareas de formación y de divulgación, ya sea en espacios académicos o dirigidos al público general, sobre tales desafíos.
La CIDH ha identificado como un tema crucial en el acceso a la información en la era digital la protección de datos personales frente a la injerencia del Estado, bajo un argumento de seguridad pública y la reducción de las brechas digitales. Existen, en efecto, prácticas nocivas tales como formas intrusivas de vigilancia por el Estado, la desindexación de contenido por razones de privacidad. Y por el otro lado hay necesidades como localización y la visibilidad de la información y las noticias difundidas por los medios de comunicación, así como el acortar la brecha informática en los países y entre ellos. Como señaló Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un discurso programático de octubre de 2019: “Debemos garantizar que cada proceso mecánico y cada sistema de inteligencia artificial cumplen con los principios fundamentales de transparencia, justicia, responsabilidad, supervisión y reparación”.
Una amenaza adicional aparece en la forma de discursos de odio y prácticas de intimidación y acoso en internet, que pueden traducirse en crímenes en el mundo físico.
Finalmente, cabe señalar que frente a todos esos riesgos es necesario ofrecer una respuesta sistemática, en protocolos que sirvan de guía para las políticas estatales. También nos compete la tarea de ayudar a que se logre protocolos comprehensivos, para lo cual ya se han dado importantes pasos. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, el primer acuerdo mundial sobre ética de la inteligencia artificial adoptado este año por la UNESCO. Entre los temas centrales de ese acuerdo encontramos:
- Protección de datos: acciones para mejorar la protección de los datos y el conocimiento y derecho del individuo a controlar sus propios datos.
- Prohibición de los marcadores sociales y la vigilancia masiva: prohibición explícita del uso de sistemas de IA para la calificación social y la vigilancia masiva. Este tipo de tecnologías son muy invasivas, vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales y se utilizan de forma generalizada.
- Ayudar a los países y a las empresas que desarrollan y despliegan sistemas de IA a evaluar el impacto de esos sistemas en las personas, la sociedad y el medio ambiente.
- Protección del medio ambiente: los gobiernos deben evaluar el impacto medioambiental directo e indirecto a lo largo del ciclo de vida del sistema de IA. Esto incluye su huella de carbono, el consumo de energía y el impacto ambiental de la extracción de materias primas para apoyar la fabricación de tecnologías de IA.
Estas son solo algunas de las numerosas maneras en que el mundo académico puede desempeñar un rol en la democratización de la información. Esas maneras se centran, básicamente, en la producción de conocimiento, la formación académica, la difusión y la elaboración de propuestas de políticas para los Estados.
[1] Este artículo se basa en la participación de la autora en Washington, durante el evento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y KAS Programa Estado de Derecho, el 6 de diciembre del 2021 bajo el título «Nuevas Tecnologías y DDHH».
(*)Directora de IDEHPUCP
