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Editorial 9 de febrero de 2021

En los distintos países de América Latina viven cerca de cinco millones de ciudadanos venezolanos que han salido de su país como consecuencia de la profunda crisis económica, y también política, que lo afecta. La mayoría de ellos viven una verdadera odisea cuando deciden dejar sus hogares, sus familias, las vidas que han tenido hasta el momento, y trasladarse con muchas dificultades a un país vecino. Pero la llegada a otro territorio no es el final del camino, sino el inicio de otro ciclo de penurias. La falta de oportunidades laborales en los países de llegada, la ausencia de servicios básicos, muchas veces la xenofobia, son problemas mayúsculos a los que desde hace un año se sumó, para agravarlos, la pandemia de Covid-19.

Todos esos problemas, por último, se hallan remitidos a una dificultad central, que es la del incierto estatus jurídico al que son relegados por los gobiernos.

En este difícil escenario, es una noticia alentadora, y un ejemplo que debería ser imitado, la decisión del gobierno de Colombia de otorgar estatuto de protección temporal a los ciudadanos venezolanos en su territorio. Estos son, aproximadamente, un millón y medio de personas, de las cuales una proporción se ha visto hasta ahora desprotegida por la carencia de un estatus jurídico adecuado.

Esta decisión del gobierno de Colombia ha sido elogiada por las Naciones Unidas como un acto de solidaridad que permitirá a los refugiados y migrantes venezolanos acceder formalmente a servicios. Esto abarca las medidas de protección contra la pandemia, incluyendo el acceso a vacunación. Adicionalmente, se ha destacado que de este modo también podrán integrarse de manera formal a la vida socioeconómica del país, es decir, acceder a puestos laborales legales.

Se trata, sin duda, de un gesto humanitario y de responsabilidad frente a los compromisos internacionales en materia de trato a la población migrante, el cual debe ser imitado por el resto de los países de la región, entre ellos el Perú.


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