Esta semana se desarrollará en la Pontificia Universidad Católica del Perú la conferencia anual de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos (AHRI, según su nombre en inglés), organizada por nuestro Instituto. El tema de esta conferencia, que marca el aniversario vigésimo quinto de la Asociación, y que es realizada por primera vez en América Latina (y apenas por segunda vez fuera de Europa), es “Protegiendo los derechos humanos ante la difusión global del crimen organizado.”
La importancia y la urgencia de tratar este tema no necesitan ser subrayadas. Hoy se experimenta en nuestro país la asfixiante sensación de que la creciente criminalidad organizada no solamente está destruyendo las bases de la vida cotidiana para decenas de miles de personas, sino que también está terminando por secuestrar a la democracia. Pero esto no es privativo del Perú. Lo cierto es que el crimen organizado ha llegado a ser reconocido como un problema global de múltiples dimensiones, que van desde la obviamente económica hasta la de la política internacional. Una dimensión particularmente grave es la de la afectación de derechos humanos, no solamente por la acción directa de una organización criminal sino también por la manera cómo estas van erosionando, de manera cada vez más acelerada y profunda, la institucionalidad estatal encargada de proteger y garantizar dichos derechos. Hay que decir que el Perú de nuestros días es dramático ejemplo de esto último.
Se ha resaltado, en efecto, que las diversas formas de la criminalidad organizada llegan a ser una auténtica amenaza para el desarrollo, el acceso a la justicia y la seguridad humana, en la medida en que socavan no únicamente los marcos institucionales sino también a la propia sociedad civil. Sus efectos se extienden hasta la generación de desconfianza entre la sociedad y el Estado, con lo cual debilitan sensiblemente las posibilidades de una respuesta coordinada no solamente al crimen, sino a la diversidad de riesgos que enfrentan las sociedades contemporáneas, como, por ejemplo, los efectos del cambio climático.
Y es, precisamente, en ese entorno de desconfianza y de desafección hacia la institucionalidad democrática donde el crimen organizado prospera, en una predecible alianza con las diversas expresiones del autoritarismo político, que también son un fenómeno emergente de nuestro tiempo. Una vez más es forzoso señalar que el corrupto entorno de la política peruana de hoy es una ilustración de esta dramática realidad.
Recomponer la capacidad de acción internacional concertada, rescatar la fuerza del derecho internacional y de las instancias de acción multilateral aparecen, así, como necesidades inaplazables para hacer frente al crimen organizado.
