La campaña de demolición de la democracia que desarrollan el gobierno, el Congreso y otros grupos aliados encuentra ya pocos obstáculos. Uno de esos es el que le opone cierto reducto de fiscales y jueces independientes que se niegan a aplicar leyes inconstitucionales. Contra ellos se anuncia de manera recurrente iniciativas de reforma judicial que en realidad son estratagemas para secuestrar a la administración de justicia. El otro obstáculo todavía gravitante es el ejercicio de la prensa libre, y dentro de ella, del periodismo de investigación, de donde surgen constantemente revelaciones que en ciertos casos motivan acciones fiscales o judiciales contra personajes encumbrados de la coalición gobernante. Contra el periodismo libre esa coalición viene radicalizando una estrategia de agresión que va desde las campañas de descrédito hasta el ataque físico y las amenazas de muerte, pasando por diversas formas de acoso judicial.
El ejemplo más grosero de esta agresión en los últimos días ha sido dado por Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien prácticamente ha lanzado una incitación al asesinato del destacado periodista Gustavo Gorriti. Con palabras que, según se ha destacado, son propias de la jerga del hampa, el extremista de derecha López Aliaga ha dicho que, para imponer tribunales militares que juzguen a civiles, antes hay que “cargárselo” al periodista. No es el dato menos escandaloso, dentro de este grave incidente, el espeso silencio guardado por las autoridades del gobierno, un gesto que, como también se ha hecho notar, denota acuerdo, conformidad o complacencia con unas palabras que son una auténtica amenaza de muerte.
Pero la expresión de López Aliaga es, a la vez que grave en sí misma, solamente un ejemplo de entre muchos posibles en la campaña de agresión contra periodistas que exponen hechos inconvenientes para personajes del gobierno, del Congreso o de algunas de sus clientelas, entre las que se cuentan organizaciones que lindan con lo delictivo o se sitúan plenamente en ese ámbito. Así, se han acreditado campañas de intimidación y descrédito contra periodistas como Karla Ramírez, de la unidad de investigación de un programa de televisión, y otras periodistas más. Todo esto tiene conexión con las investigaciones y revelaciones sobre las maniobras turbias de Juan José Santiváñez, exministro censurado y hoy convertido nada menos que en ministro de Justicia y Derechos Humanos. A todo esto, hay que añadir, con el mismo grado de preocupación y alarma, la riesgosa situación en que se encuentran numerosos periodistas que realizan investigaciones sobre actividades económicas ilegales en regiones distintas de Lima, sin que el gobierno adopte medidas significativas para garantizar su seguridad. Ese ha sido el caso reciente del periodista Manuel Calloquispe, quien ha recibido amenazas de muerte por sus reportajes sobre grupos de minería ilegal en Madre de Dios.
Más allá de la agresión y la amenaza directa se encuentran, también, sucesivos intentos de amordazar al periodismo mediante normas de obvio sentido autoritario como aquella, hoy nuevamente en el Congreso, que impone penas de cárcel para quienes difundan en medios de comunicación de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otras comunicaciones privadas.
Como consecuencia de estos ataques y muchos más el Perú es percibido hoy internacionalmente como un país en el que la libertad de prensa está en peligro. En el Índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa el Perú aparece ya como un país con “alta restricción” de las libertades de prensa y expresión (puesto 16 entre 22 países evaluados en 2024). Y, según informa la plataforma Global Investigative Journalism Network, “(e)l país ha caído drásticamente en los rankings del Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Actualmente ocupa el puesto 125 de 180 países, cayendo 48 lugares en dos años, en medio de advertencias sobre los «periodistas que enfrentan una creciente presión por parte del Estado»”.
Frente a todo ello es imperativo para la sociedad peruana expresar su solidaridad hacia el periodismo independiente y su rechazo absoluto a los ataques de los que viene siendo objeto, así como mantenerse vigilante y presta a la denuncia de toda nueva agresión de la coalición en el poder. Como se ha dicho ya, entre los pocos recursos que le quedan al país para salvar el régimen democrático el periodismo ocupa un lugar central, y por ello, y también por respeto a los derechos humanos de quienes ejercen esa profesión con integridad y valentía, debe ser defendido.
