La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha omitido pronunciarse dentro del plazo estipulado sobre el pedido de delegación de facultades para legislar presentado por el gobierno. En lugar de eso, la presidenta de esa comisión ha convocado para el día de hoy una audiencia popular sobre la cuestión, lo que ha suscitado críticas y reclamos del grupo de gobierno y los otros grupos aliados o afines.
Pero más allá de esta controversia, no se debe pasar por alto la diversidad de elementos preocupantes y riesgosos que contiene el pedido de facultades del Ejecutivo. El gobierno sostiene que si el Congreso no le otorga lo que demanda no puede combatir la descontrolada criminalidad violenta y la segura amenaza que es el Fenómeno El Niño. Esa postura, además de tener el semblante de un chantaje al país entero, tendría que ser vista de otra forma: si el gobierno tuviera una clara conciencia de esos peligros y voluntad decidida y concreta de responder a ellos rápidamente, pudo y debió limitar su pedido a esos temas en vez de contaminarlo con temas adicionales y cuestionables que, previsiblemente, iban a retardar y enturbiar su tratamiento en el Congreso. Así, no solo es falso que sin facultades legislativas el gobierno no puede hacer nada, sino que la demora en tramitar el pedido, y hasta un hipotético rechazo, es principalmente responsabilidad del propio Poder Ejecutivo.
Señalado eso, es imprescindible volver sobre los potenciales peligros que entraña la pretensión legislativa del gobierno. En una nota publicada en este boletín[1], se evidenció que, además de que las propuestas sobre combate a la inseguridad tienen un potencial autoritario, el pedido de facultades amenazaba potencialmente los derechos de la ciudadanía en otros ámbitos: en materia de empleo, mediante políticas dirigidas a jóvenes que suponen un recorte de sus derechos laborales; en materia ambiental, proponiendo procesos expeditivos —como una cláusula sobre aprobación vía «silencio administrativo»— para favorecer inversiones extractivas sin cautelar la protección del medio ambiente y en desmedro de los derechos de pueblos indígenas; y en el campo financiero, anunciando la eliminación del tope a las tasas de interés bancario con el falaz argumento de que eso sería una medida de inclusión para población de bajos recursos.
A esas advertencias, hechas también por diversas y autorizadas voces de la sociedad civil, se ha añadido recientemente la comunicación enviada al gobierno por nueve relatores especiales de Naciones Unidas en la que advierten sobre «el serio impacto en los derechos humanos» que podrían tener las medidas anunciadas por el gobierno. Estos señalamientos van desde el peligro que significa militarizar la política de seguridad ciudadana y el riesgo de que varias de las medidas sirvan también para perseguir a la oposición política o a defensores de derechos, hasta los ya señalados riesgos para los derechos de pueblos indígenas.
Es paradójico o chocante que la respuesta del gobierno a esas observaciones haya sido que la propuesta no está aprobada aún y que puede ser modificada por el Congreso. Es decir, el gobierno no responde que sus propuestas no tienen los efectos potencialmente lesivos que se mencionan, sino que hay que confiar en que no sean aprobadas tal cual. (Hace ya algunos meses, la respuesta oficial a las normas de impunidad sobre violaciones de derechos humanos aprobadas por el anterior Congreso fue, no menos paradójicamente, que no había mayor problema porque los jueces las estaban inaplicando).
Los voceros del gobierno afirman que, de no ser aprobado el pedido de facultades según la voluntad del Ejecutivo, el Senado podría incluir y aprobar todo lo que la Cámara de Diputados hubiera rechazado o excluido. Es una afirmación falsa, que colisiona con el reglamento del Congreso, y es sobre todo un gesto autoritario que expresa una voluntad de ejercer el poder sin controles democráticos. En suma, plazos aparte, estamos ante una nueva situación de riesgo para los derechos y el régimen democrático y es imperativo que la Cámara de Diputados haga un examen crítico de las propuestas, como lo han venido haciendo algunas comisiones, y tome muy en cuenta lo que ya han advertido la sociedad civil e instancias multilaterales.
[1] Pulido, Daniela. “¿Un “caballo de Troya”? Apuntes sobre el pedido de delegación de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori”. Boletín, 8 de septiembre de 2026. Accesible en https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/un-caballo-de-troya-apuntes-sobre-el-pedido-de-delegacion-de-facultades-del-gobierno-de-keiko-fujimori/
