Este 8 de marzo se cumplen 50 años desde que la Organización de Naciones Unidas empezó a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el cual sería instituido oficialmente por su Asamblea General en el año 1977. En el medio siglo transcurrido desde entonces, la agenda referida a los derechos de las mujeres se ha transformado sucesivamente, o, más precisamente, se ha ampliado paulatinamente para abarcar diversos aspectos o problemas antes ignorados. Ha seguido, en ese sentido, la dinámica propia, en general, de la causa de los derechos humanos, un proceso en el cual se van reconociendo paulatinamente dimensiones antes invisibles o simplemente ignoradas de la discriminación o la marginación para incorporarlas entre las tareas pendientes para la búsqueda de la equidad y la justicia.
Así, la lucha por los derechos de las mujeres, de la que este día internacional es fecha emblemática, ha avanzado desde el reclamo por el pleno respeto de los derechos laborales hasta, actualmente, la lucha contra toda forma de violencia de género, incluyendo en un lugar notorio la violencia doméstica y, asociada con ella, pero también como fenómeno independiente, la violencia sexual. En ese lapso el mundo ha cobrado conciencia de una multiplicidad de ámbitos en los cuales las mujeres han estado sistemática o estructuralmente relegadas y esa conciencia se ha traducido, a su vez, en el reconocimiento de derechos, como los vinculados con la representación política, la igualdad de remuneración al trabajo y, con más fuerza en la actualidad, los vinculados con la vida sexual y reproductiva.
Nada de esto quiere decir que los avances hayan sido suficientes. Aunque sí ha habido un progreso (Naciones Unidas destaca que “hoy hay 112 países con Planes de Acción Nacional sobre las mujeres, la paz y la seguridad, lo que representa un aumento considerable en comparación con solo 19 en 2010”), es evidente que todavía hay un largo camino por recorrer, tanto en los temas que estuvieron presentes hace medio siglo como en los que han adquirido prominencia en las últimas décadas. La agenda de lucha por los derechos de las mujeres no es, así, una agenda cancelatoria, de metas cumplidas y archivadas, sino una de esfuerzos cotidianos y permanentes, en la que los avances nunca son completos y en la que el peligro de regresión siempre está al acecho.
Precisamente, los tiempos que vivimos llaman a renovar y a fortalecer el compromiso con esa agenda porque son tiempos de regresión a escala internacional y en el ámbito nacional. Hoy se ha instalado en el mundo una tendencia regresiva en materia de derechos humanos, protección de poblaciones vulnerables, reconocimiento de derechos de minorías, respeto a la diversidad y promoción de la inclusión. Y necesariamente los avances en materia de derechos de las mujeres, el marco institucional generado para ese fin, la normativa jurídica correspondiente y la acción internacional concertada estarán en riesgo. El Perú no es ajeno a esa tendencia regresiva y antiderechos –si acaso, puede ser uno de sus precursores– y eso se constata diariamente en la ejecutoria del actual gobierno y del Congreso y en su decidida hostilidad al enfoque de género y a las políticas correspondientes, que incluso llega hasta el extremo de pretender desaparecer al Ministerio de la Mujer mediante una antojadiza fusión con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Por lo dicho, este 8 de marzo, lejos de ser una fecha de celebración, como muchas veces se cree tergiversando su sentido, será redobladamente un momento de reflexión no solamente sobre todo lo que todavía falta hacer sino también sobre cómo defender y asegurar lo avanzado hasta ahora en materia de derechos de las mujeres y equidad de género.
