Las cifras varían según las fuentes y el momento, pero lo cierto es que desde fines de septiembre se ha producido una eclosión de incendios forestales en amplias porciones del territorio nacional y que en este momento son varias decenas los que se mantienen activos simultáneamente.
Frente a esa realidad hay consenso en que la respuesta gubernamental ha sido tardía y en que es hasta el momento insuficiente. Hay que decir, por lo demás, que en esta terrible situación no solo se pone de manifiesto la negligencia del actual gobierno sino también una compleja realidad estructural: la de un Estado no preparado ni para la prevención de estos siniestros en áreas rurales ni para la respuesta rápida cuando se presenta la emergencia. Esta falta de preparación abarca desde la ausencia de recursos materiales o logísticos para la reacción pronta y eficaz hasta, en el origen del problema, la precariedad de políticas públicas que permitan una articulación de esfuerzos preventivos y de mitigación del daño. La descoordinación entre agencias estatales y entre las diversas instancias territoriales de gobierno —local, regional y nacional— resulta manifiesta en situaciones como esta y varias otras, como las emergencias sanitarias que en los últimos años se multiplican en diversas partes del país.
Hasta el momento los incendios han significado la muerte de seis personas, una pérdida irreparable a la que se suman graves impactos colectivos. Como consecuencia de los incendios forestales extendidos a más de diez departamentos, se registra la afectación de más de 12 mil hectáreas, cuantiosas pérdidas de fauna silvestre y animales de crianza, y la perspectiva de un daño medioambiental permanente. Apenas será necesario añadir lo que ello implica en términos de empobrecimiento de miles de familias por pérdida de sus escasos bienes y de sus medios de vida en general.
Es sabido que en una gran medida estos fuegos descontrolados se originan en la acción humana, es decir, en la práctica de la quema como técnica tradicional para preparar terrenos de cultivo de una temporada a otra. Esa siempre ha sido una práctica riesgosa frente a la cual, a lo largo de décadas, el Estado no ha acertado a generar un marco adecuado de gobernanza. El riesgo de las quemas, que siempre ha existido, se ha agudizado en los últimos tiempos como evidente consecuencia del cambio climático y, en este año en particular, del Fenómeno El Niño. Este ha determinado que además de que haya temperaturas más altas y bosques más secos, se produzcan menos lluvias. Aunque la concurrencia de ese conjunto de factores hacía muy previsible una crisis como la de estos días, se constata que ni en los meses ni en los años pasados hubo una estrategia de prevención. Esto reconfirma lo ya observado muchas veces: la descomposición de la política peruana no se traduce únicamente en corrupción y autoritarismo, sino también en la captura del Estado por grupos de interés que no tienen mayor preocupación por atender las necesidades públicas, aunque esté en juego incluso la vida de la población.
Ahora bien, en una mirada integradora y de largo plazo es imposible desligar esta crisis de la política general del Estado frente a la protección del medio ambiente. Y hay que decir que, si se toma como referencia el pedido de facultades legislativas presentado al Congreso, es claro que el gobierno tiene planes sumamente peligrosos en esta materia. Como se sabe, ese pedido incluía la intención de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que significaría reducir parques o reservas nacionales para dar vía libre a proyectos de inversión, sobre todo de hidrocarburos. Todo ello constituye un atentado contra derechos de pueblos indígenas y también contra la biodiversidad del país. Si bien eso ha sido correctamente excluido por la Cámara de Diputados en su respuesta al pedido, es evidente la intención del oficialismo de restituirlo en el Senado incluso pasando por encima de sus propias competencias.
Estamos, pues, ante otro panorama amenazante. La falta de prevención y respuesta rápida a los incendios que afectan hoy a amplias porciones del territorio y amplios sectores de la población rural son una muestra más de una general despreocupación del Estado por los derechos ciudadanos y el bienestar público que se arrastra desde hace varios años, y que el actual gobierno parece decidido a profundizar.
