Esta semana se cumplen veintidós años desde la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países de la región, en el Perú nunca ha habido una clara postura oficial —menos aún una política integral, sistemática y coherente— sobre la importancia de enfrentar las consecuencias y secuelas del conflicto armado interno para superarlas. Se podría decir, sin embargo, que, con la conformación de la CVR en el año 2001, cuando se producía la transición política, se empezó a adoptar ciertas medidas que, aunque de manera dispersa o poco articulada, tendían a ese fin: en particular, a dar cierto grado de cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Elementos relevantes de esa tendencia fueron, además de la CVR, la ley de reparaciones y las oficinas creadas para materializarla, un subsistema judicial especializado para procesar los casos de violaciones de derechos humanos, y una política de búsqueda de personas desaparecidas.
Durante estas décadas ha habido siempre sectores hostiles a la verdad y la memoria y a la atención a los derechos de las víctimas, e interesados en obstruir o incluso desmantelar las políticas de derechos humanos sobre el periodo de posconflicto. Sin embargo, sin olvidar las correlaciones de fuerzas políticas que lo impidieron, cabe decir que dichos sectores siempre se vieron contenidos —y a veces, incluso, autolimitados— en sus proyectos por un mínimo residuo de conciencia jurídica y de respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho y al marco jurídico internacional y nacional que sustenta la obligatoriedad de esas acciones de parte del Estado. Un cierto grado mínimamente necesario de institucionalidad política y de cultura democrática servía como barrera de defensa de la democracia y, como parte de ello, de los mecanismos de atención a las víctimas.
Hoy las cosas son distintas. La andanada de acciones destructivas que presenciamos actualmente es un reflejo y un resultado de la radical descomposición institucional del país y de la captura del poder por un elenco de grupos y personajes sin mayor conciencia de la responsabilidad pública, sin comprensión básica de los principios jurídicos en que se basa un Estado, y ajenas, también, a los principios de decoro y respeto de las reglas básicas de convivencia que son centrales para la supervivencia de una democracia, más allá de la arquitectura jurídica e institucional sobre la que esta se levanta.
El nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia —un personaje previamente censurado como ministro del Interior y bajo investigación por tráfico de influencias— es, tal vez, un ejemplo insuperable de lo dicho. Ese nombramiento es una forma de decir a la ciudadanía que no hay ningún principio de idoneidad democrática que el gobierno se sienta obligado a respetar. Pero, además, la “agenda” ya declarada por el nuevo ministro —purgar el Ministerio de Justicia de funcionarios comprometidos con la institucionalidad y el Estado de Derecho e impulsar el enfrentamiento (si es que no el retiro) con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos—expresa a qué se reduce la “política de justicia” del gobierno: someter a los órganos del Poder Judicial, obstaculizar o impedir la lucha contra la corrupción y apuntalar las medidas de impunidad.
En esta situación crítica, una pregunta ineludible es qué recursos internos tiene la sociedad peruana para recomponerse institucional, jurídica y moralmente. El horizonte inmediato sería la regeneración del sistema de representación política, pero el número de cuarenta organizaciones ávidas de capturar el poder en el próximo proceso electoral, y la calidad de sus representantes, no permite hacerse ilusiones al respecto. En ese contexto, la sociedad peruana, al mismo tiempo que defiende lo que queda del régimen democrático, necesita pensar en los recursos que permitan en el mediano plazo un cambio significativo —que habrá que ver tal vez como una nueva transición a la democracia—y, entre ellos, los aprendizajes acumulados en el Informe Final de la CVR habrán de ser, también, un ingrediente con el que será valioso contar.
