En las últimas semanas, varias organizaciones de la sociedad civil basadas en Corea del Sur me han expresado el grave reto que enfrentan para continuar su trabajo en derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) debido a la repentina suspensión o recorte de fondos.
Estas organizaciones han desempeñado durante años un papel único y crucial en la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo norcoreano, especialmente ante la completa ausencia de sociedad civil dentro de la RPDC. A pesar de no tener acceso para ingresar a Corea del Norte ni poder hablar directamente con las víctimas o el gobierno, han desarrollado creativamente métodos de trabajo que les permiten marcar la diferencia. Entrevistan a personas que han escapado, documentan sus historias y las violaciones de derechos humanos, apoyan actividades de rendición de cuentas tanto judiciales como no judiciales, y proporcionan asistencia que va desde lo financiero hasta lo legal y psicosocial. Además, ayudan a los jóvenes que han escapado a convertirse en líderes en temas de derechos humanos, amplifican las voces de las víctimas y abogan en su nombre ante foros internacionales.
Como Relatora Especial sobre la situación de derechos humanos en la RPDC, observo con gran preocupación cómo la falta de financiamiento sostenible amenaza este trabajo invaluable. La interrupción de estos esfuerzos no solo afecta a las organizaciones, sino que tendrá consecuencias de largo plazo en las posibilidades de mejorar las condiciones de vida del pueblo norcoreano y de asegurar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad que han sido reportados en ese país.
Esta situación de crisis financiera para las organizaciones de la sociedad civil no es exclusiva del contexto norcoreano. Los recortes de financiamiento representan una tendencia alarmante que está afectando a organizaciones de derechos humanos en diversas regiones del mundo. Un ejemplo significativo es la reciente decisión de la administración estadounidense de terminar más del 90% de los programas de ayuda exterior de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la mayoría de los apoyos del Departamento de Estado[1]. El impacto de esta medida es devastador: millones de personas en más de cien países ven amenazado su acceso a ayuda humanitaria vital, agua potable, educación, seguridad alimentaria y los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos que estos programas proporcionaban[2].
En Perú, el país latinoamericano que más ayuda recibe de Estados Unidos después de Colombia y Venezuela, el congelamiento de esta asistencia tiene repercusiones significativas. En 2024, la ayuda exterior estadounidense a Perú sumó 134 millones de dólares[3]. La cancelación de estos fondos afecta tanto al Estado peruano como a más de 60 organizaciones de la sociedad civil que ven paralizados importantes programas estatales de protección ambiental, lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, fortalecimiento democrático, formación a jueces y fiscales, y apoyo en salud y educación a poblaciones vulnerables[4].
Al examinar más de cerca el caso peruano, se observa que la suspensión de estos programas afecta desproporcionadamente a quienes ya enfrentan barreras sistémicas para acceder a derechos fundamentales. Las poblaciones más vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, comunidades indígenas y grupos históricamente marginados, son las primeras en experimentar los efectos adversos de estos recortes, pues muchos de los programas cancelados estaban específicamente diseñados para atender sus necesidades particulares[5].
Estas repercusiones se extienden por diversas regiones del país y afectan áreas estratégicas para el desarrollo sostenible. En zonas como Ayacucho, Junín y Cusco, han quedado en pausa numerosas iniciativas que promueven alternativas económicas viables y ambientalmente responsables. Lo mismo ocurre con los programas dedicados a fortalecer la institucionalidad democrática y los proyectos destinados a combatir distintas formas de violencia y discriminación. Se genera, así, un vacío difícil de llenar con recursos locales[6].
La situación que enfrentan las organizaciones de derechos humanos no solo en la RPDC y Perú, sino en todo el mundo, revela una realidad preocupante. El trabajo que realizan estas organizaciones tiene un impacto vital en múltiples dimensiones de los derechos humanos y el desarrollo social. Este tipo de apoyo fortalece significativamente la capacidad de muchos países para avanzar en el respeto y protección de los derechos humanos. Su interrupción abrupta pone en riesgo no solo programas específicos, sino también los avances logrados en la protección de derechos fundamentales. Lo que está en juego no son simplemente cifras presupuestales, sino la protección efectiva de la dignidad humana alrededor del mundo.
(*) Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea de las Naciones Unidas. Exdirectora del IDEHPUCP.
[1] Knickmeyer, E., Lee, M., y Sherman, M. (2025, 26 de febrero). Trump administration says it’s cutting 90% of USAID foreign aid contracts. The Associated Press.
[2] Amnesty International (2025, 27 de febrero). Mass Termination of U.S. Foreign Assistance Awards Devastating for Global Human Rights and Humanitarian Efforts. https://www.amnestyusa.org/press-releases/mass-termination-of-u-s-foreign-assistance-awards-devastating-for-global-human-rights-and-humanitarian-efforts/
[3]ForeignAssitance.org (s/f). U.S. Foreign Assistance By Country: Peru. https://foreignassistance.gov/cd/peru/2024/disbursements/0
[4] Hinojosa, R. y Salazar, J. (2025, 29 de enero). Programas sociales y ambientales en jaque en Perú por suspensión de ayuda de Estados Unidos. Convoca. https://convoca.pe/agenda-propia/programas-sociales-y-ambientales-en-jaque-en-peru-por-suspension-de-ayuda-de-estados
[5] Ibid.
[6] Ibid.
