Por Andrea Iturrizaga (*)
En un contexto marcado por la polarización política y el cuestionamiento creciente a las instituciones, el pasado 3 de julio el IDEHPUCP fue sede del taller Paradojas de la memoria. Discusión e intercambio sobre políticas, resistencias y agencias realizado en colaboración con la Embajada de Alemania en Perú.
El evento contó con la exposición de Rosario Figari[1], investigadora y docente de la cátedra de Estudios de Paz de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bonn, Alemania, y se realizó a propósito de los veinticinco años de creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Sin embargo, el centro del debate no fue únicamente el pasado. Investigadores/as y representantes de organizaciones de derechos humanos coincidieron en que la lucha por la memoria se juega hoy en un terreno mucho más amplio: el del funcionamiento de las instituciones y la calidad de la democracia.
La jornada fue inaugurada por Miguel Giusti, director del IDEHPUCP, y Dennis Rafael, cónsul y asesor político de la Embajada de Alemania. Ambos sostuvieron que los 25 años de la CVR representan un proceso permanente que exige asumir responsabilidades colectivas y mantener viva la disposición de las sociedades para enfrentar los episodios más difíciles de la historia.
¿Qué ocurre cuando el negacionismo deja de ser un discurso marginal y comienza a influir en las instituciones democráticas? Rosario Figari propuso mirar más allá de los cambios políticos recientes para analizar un proceso que, según sostuvo, viene transformando gradualmente la manera en que distintas sociedades latinoamericanas se relacionan con su pasado.
Uno de los primeros puntos que cuestionó fue la idea de que las llamadas «nuevas derechas» constituyen un fenómeno inédito. Si bien reconoció la aparición de nuevos liderazgos y formas de comunicación política, señaló que muchas de sus agendas recuperan discursos presentes desde hace décadas.
Entre esas narrativas identificó una retórica que contrapone a «la ciudadanía» con una supuesta élite responsable de capturar las instituciones públicas bajo denominaciones como la «casta» en Argentina o los «caviares» en el Perú. Advirtió que esta estrategia tiene un efecto común: erosionar la confianza pública en instituciones cuya legitimidad resulta fundamental para el funcionamiento democrático.
Figari destacó la experiencia argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Además del creciente descrédito hacia la producción de conocimiento en su gobierno, enfatizó las reducciones presupuestarias y de personal, restricciones en materia educacional y una menor presencia del Estado en organismos dedicados a la memoria. Dichos factores configuran una “forma de vaciamiento” que no elimina formalmente estas instituciones, pero sí limita su capacidad para cumplir las funciones para las cuales fueron creadas.
Mientras la dictadura argentina tuvo un fuerte impacto sobre sectores urbanos, universitarios y sindicales, el periodo de violencia peruano golpeó principalmente a comunidades campesinas, indígenas y quechuahablantes de las zonas rurales del país. Esa diferencia ayuda a comprender por qué, en el caso peruano, la memoria continúa atravesada por profundas desigualdades históricas.
Al respecto Rosario Narváez, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), intervino para señalar que resulta imposible analizar las políticas de memoria en el Perú sin considerar el componente racial que marcó el conflicto armado interno. Recordó que buena parte de las víctimas pertenecían a poblaciones históricamente excluidas y advirtió que esa exclusión continúa influyendo en la manera en que se perciben las demandas de verdad, justicia y reparación.
Narváez explicó que esas desigualdades condicionan las respuestas institucionales del presente. A su juicio, las recientes iniciativas orientadas a restringir el trabajo de organizaciones de derechos humanos o limitar el financiamiento proveniente de la cooperación internacional generan un escenario complejo para quienes acompañan judicialmente a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
La memoria interpela al presente como una práctica de defensa democrática
A medida que el intercambio avanzaba, varios participantes coincidieron en que la agenda de derechos humanos en el Perú debe analizarse a partir de las respuestas estatales frente a conflictos contemporáneos, y ya no desde la experiencia de la violencia ocurrida entre 1980 y el 2000.
En ese contexto, la periodista Jacqueline Fowks señaló que las muertes registradas durante las protestas sociales de noviembre de 2020, diciembre de 2022 e inicios de 2023 evidencian que las decisiones que hoy adopten las instituciones estatales respecto de estos casos tendrán un impacto directo en la manera en que las futuras generaciones comprendan estos episodios y evalúen la actuación del Estado frente a la protesta social.
La reflexión amplió el horizonte del debate. Si las políticas de memoria buscan garantizar que las graves violaciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse, debe considerarse la manera en que las democracias responden a las vulneraciones que se producen en el presente y la capacidad de sus instituciones para investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Asimismo, el papel que desempeñan las universidades y los centros de investigación frente a este escenario es fundamental.
En esa tarea, el IDEHPUCP ocupa un lugar estratégico. A lo largo de más de dos décadas, el Instituto ha promovido investigaciones, espacios de diálogo y actividades académicas orientadas a fortalecer la cultura democrática y la defensa de los derechos humanos. El taller se inscribió precisamente en esa línea de trabajo: no como un ejercicio conmemorativo, sino como una invitación a pensar los desafíos contemporáneos que enfrentan las políticas de memoria en un contexto regional marcado por nuevas formas de polarización y cuestionamiento institucional.
Lejos de plantear respuestas definitivas, este espacio apostó por abrir las siguientes interrogantes: ¿qué ocurre cuando los consensos alcanzados en torno a los derechos humanos comienzan a ser cuestionados?, ¿cómo responder cuando la evidencia histórica es reemplazada por narrativas que buscan relativizar o distorsionar hechos ampliamente documentados?, ¿qué papel deben asumir las universidades, los medios de comunicación y las instituciones públicas frente a esos desafíos?
Las respuestas no fueron unánimes, pero sí compartieron una convicción: la memoria continúa siendo una herramienta indispensable para fortalecer la democracia. Porque permite sostener una conversación pública basada en evidencia, reconocer la dignidad de las víctimas y defender principios que trascienden coyunturas políticas.
A 25 años de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el debate permanece abierto. Las controversias sobre la memoria ya no ocurren solamente en los archivos, los museos o los sitios de conmemoración. Se expresan también en las aulas universitarias, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los espacios donde diariamente se construye la opinión pública. Comprender esa transformación fue, quizá, uno de los aportes más significativos del encuentro organizado por el IDEHPUCP.
(*) Integrante del Área de Comunicaciones
[1] Sus áreas de trabajo e investigación son: violencia política, conflictos armados y regímenes dictatoriales, derechos humanos, justicia transicional y estudios de construcción de paz.
