Kimberly Theidon –antropóloga estadounidense, autora de Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de reconciliación en el Perú (2004), un libro ya insustituible en la reflexión sobre el Perú emergido de los años de violencia—elige precisamente ese punto ciego para iniciar su interrogación crítica sobre las políticas de la justicia transicional. El leit motiv de Legados de guerra. Violencia, ecología y parentesco en sociedades posconflicto podría condensarse e esta pregunta: ¿cómo trascender los estereotipos y generalizaciones con que trabajan las políticas públicas para acoger la diversidad, la particularidad de la experiencia humana en la guerra y después de ella? La pregunta que el lector cauteloso se debe hacer, a su vez, tendría que ser esta: después de haber abierto la mente y los registros a esa infinita particularidad, ¿cómo regresar a los lineamientos generales indispensables para que las políticas de Estado obren eficazmente sobre realidades siempre multitudinarias? El libro de Kimberly Theidon es iluminador e instructivo, justamente, porque no solamente alega en favor de la particularidad de la experiencia de posguerra y cuestiona los estereotipos, sino que también deja regadas algunas migajas para desandar el camino y volver a mirar las políticas. Su mirada es la de la antropóloga que “quiere detalles sobre la edad, el género, la raza, la religión, la nacionalidad, la cultura” de los afectados por la guerra, pero no pierde de vista que el registro de la particularidad tiene que servir, a la larga, para mejorar efectivamente la vida de la gente.
La autora empieza señalando una inconsistencia. En las últimas décadas se ha conseguido que la violencia sexual contra las mujeres sea considerada un crimen internacional y no simplemente una ofensa moral o una lesión contra el honor y la reputación, como hasta hacía poco. No obstante, este avance ha venido acompañado por “un relativo silencio en torno a los dos posibles resultados de las violaciones: los embarazos y los bebés”. Ese silencio se mitigó un poco cuando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU reconoció a “los niños nacidos de la violencia sexual relacionada con los conflictos como titulares de derechos”. Pero, de otro lado, la realidad de las mujeres y niñas embarazadas es mantenida en sordina por varias razones. La mayor de ellas es la renuencia de la comunidad internacional a abordar esta cuestión desde la óptica de los derechos reproductivos, que incluyen la facilitación de recursos para el aborto en casos de violación durante conflictos.
El foco de la reflexión, en todo caso, está colocado sobre la realidad de los niños y niñas nacidas como resultado de la violación. Durante décadas la palabra “estigma” ha sido una suerte de santo y seña al hablar de esa realidad. Kimberly Theidon propone ir “más allá del estigma” para tomar la medida verdadera de la desposesión y, sobre todo, para hurgar en las múltiples direcciones del rechazo que pueden sufrir los bebés así concebidos y nacidos. Otra forma de decirlo: para rastrear los diferentes significados y motivaciones encerrados en eso que por inercia llamamos simplemente estigma. El rechazo puede ser, evidentemente, aquel de la mujer violada hacia el fruto del abuso cometido. Pero eso es solo el comienzo. Están de por medio ciertas teorías tradicionales de filiación según la cual la identidad y los rasgos del carácter se transmiten por la vía del padre. Así, no son raros los casos en que el rechazo obedece al temor de que el bebé herede la perversidad y agresividad del padre desconocido o a que sea una huella del enemigo, el agresor, incrustada en la comunidad agredida. Esto último conduce a Kimberly Theidon a señalar otra paradoja instructiva. El término violencia genocida – introducido en el contexto de la guerra de los Balcanes— es considerado un avance en la calificación de los crímenes de violación masiva por un ejército invasor. El supuesto es que esa violación es genocida porque el nacimiento de bebés engendrados por los invasores altera la composición étnica de la comunidad. Pero, señala Theidon, ¿no implica esa idea, acaso, borrar completamente el papel de la mujer en la dotación genética y en la identidad de los hijos?
Además de la idea de que el hijo o hija significa la presencia perturbadora del padre, hay otras razones para esta aversión: ¿qué significa ese bebé para la comunidad en relación con la propiedad de las tierras o cómo sería posible conciliar su presencia con las creencias religiosas del pueblo –por ejemplo, en una comunidad donde un hijo nacido fuera del hogar representa una trasgresión religiosa insufrible?
Algunas de las páginas más perturbadoras del libro de Kimberly Theidon son aquellas en las que comenta cómo el rechazo de la madre al hijo se manifiesta en la imposición de nombres injuriosos, nombres que evocan deliberadamente el abuso que les dio origen. La autora señala varias razones para esos nombres ominosos: estos pueden ser también la forma en que las madres echan en la cara de sus vecinos ese “secreto familiar” que todos parecen querer enterrar; es decir, el hecho de que, cuando llegó el agresor, la comunidad no las defendió e incluso las entregó como botín a cambio de protección.
Al cabo del tiempo, y por diversas vías, las muchachas y muchachos que nacieron en esa traumática circunstancia llegan a saber su origen. Pero casi no se ha hablado de lo que esa revelación significa para ellos, las madres y la comunidad. Hay una cierta indiferencia a ese momento, y esa indiferencia se puede expresar inclusive en políticas bienintencionadas como las que en Colombia reconocen derecho a la reparación a los hijos nacidos de actos de violencia sexual. La autora cuenta casos en los que el beneficiario se enteró de su origen por una carta de la agencia encargada de reparaciones. Entre la eficacia administrativa y la realidad humana puede mediar un océano. Ese océano se llama abstracción, desconocimiento, y tiene que ser superado por políticas más sensibles a lo que significa tal revelación para la psiquis de cualquier persona.
La realidad de los bebés nacidos como resultado de la violencia sexual no es el único espacio en el que se observa esta tensión entre los supuestos y métodos de la justicia –transicional o justicia a secas—y la densa realidad humana del conflicto armado. Legados de guerra reclama una mirada abierta a la interconexión no solo entre los diversos momentos de las vidas humanas sino entre estas vidas y los fenómenos y realidades “más que humanos”, que también son afectados por la violencia.
Esto invita, obviamente, a señalar las conexiones entre los grupos humanos y su territorio o su medioambiente. Hay que reconocer que las agresiones de los actores armados no se agotan en el cuerpo físico de las víctimas, sino que se extienden a la alteración o destrucción del entorno natural en que estas recrean sus vidas. Desplazando su mirada hacia Colombia, en particular hacia las riberas del río Atrato, nacido en la cordillera occidental de los andes, Kimberly Theidon describe la odisea de las poblaciones que huyen de la guerra solo para verse, una y otra vez, atrapadas entre las FARC y los paramilitares, y que en ese vaivén experimentan un constante empobrecimiento en la medida en que su fuente nutricia, el río, es degradada y expropiada por los actores armados y por los negocios que medran al socaire de la violencia. Esa interconexión entre vidas humanas y territorio ha sido durante mucho tiempo otro punto ciego en los esquemas de justicia concebidos exclusivamente con la horma de la comprensión liberal de los derechos. Algunos pasos prometedores hacia delante son los que encuentra la autora en la legislación producida en Colombia desde antes del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, un decreto que desarrolla la Ley de Víctimas” del año 2011 afirma que “el territorio, comprendido como integridad viviente y sustento de la identidad y armonía, de acuerdo con la cosmovisión propia de los pueblos indígenas, (…) sufre un daño cuando es violado o profanado por el conflicto armado interno y sus factores subyacentes y vinculados”. Consolidando esa orientación, en el año 2016 la Corte Constitucional declaró al río Atrato “merecedor de los derechos garantizados por la Constitución”.
Estos desarrollos pueden motivar todavía arduas discusiones jurídicas, pero desde el punto de vista de la ciencia social constituyen un reconocimiento de esa conexión entre los diversos órdenes de la realidad que confluyen de manera no separable en la vida humana concreta –esa biología situada que menciona Kimberly Theidon como un concepto central de su reflexión.
Entre la experiencia vital de los bebés nacidos de la violencia sexual y el reconocimiento de la continuidad entre vida comunal y territorio parece haber una gran distancia. Pero basta un pequeño salto de la imaginación para superarla. Se trata, en última instancia, de preguntarse si es suficiente colocar los reflectores sobre los derechos o si es momento de registrar el daño, como fenómeno más amplio y de fronteras a veces difusas, para incorporarlo progresivamente en el marco jurídico y en las políticas que procuran remedio a los abusos cometidos en los conflictos.
El sustrato de Legados de guerra. Violencia, ecología y parentesco en sociedades posconflicto es, ya se ha dicho, una crítica al paradigma de la justicia transicional organizado alrededor de una concepción liberal de los derechos. Esta mirada impediría ver males que exceden ese marco y estorbaría la realización de transformaciones estructurales. En el ámbito de la violencia sexual, por ejemplo, «la persecución de los delitos sexuales por sí sola no logrará los cambios estructurales transformadores que se necesitan», puesto que muchas otras afectaciones como «los problemas de salud crónicos derivados de la violencia sexual y la desnutrición, los matrimonios forzados, la esterilización forzada, los desplazamientos, los sistemas de tenencia de la tierra y los modelos de herencia con sesgo masculino” quedan fuera de ese foco.
Toda la exposición y los puntos ciegos expuestos por Kimberly Theidon en su magnífica investigación dan fuerza a esta observación. Y, sin embargo, también cabría preguntarse si el destinatario del reclamo tendría que ser la justicia transicional, o si se está pidiendo a esta resultados, procesos, cambios, que son tarea de la política a secas; y si, al hacerlo así, se estaría soslayando una necesidad radical, al menos en América Latina, que es restaurar la política como espacio de decisiones públicas mayores.
El caso de los programas de reparaciones es interesante. Kimberly Theidon cita la sugerencia de Ruth Rubio-Marín de pasar de reparaciones basadas en derechos a reparaciones basadas en una adecuada percepción de los daños: por ejemplo, los daños que los pueblos indígenas sufren por la destrucción de sus territorios y los que las mujeres víctimas de una violencia sexual experimentan no solo por el acto violatorio sino también por todo el entorno que lo rodea. La idea es persuasiva. Y más persuasiva aún porque ha dejado de ser solamente una idea, al menos en la jurisprudencia constitucional y de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Y, sin embargo, hay que reconocer que esos remedios dirigidos a un espectro más grande de afectaciones no equivalen a transformaciones estructurales propiamente dichas, sino, en todo caso, a ampliaciones del radio de las políticas públicas, lo cual es, evidentemente, plausible.
Pero, ¿dónde hay que encontrar los recursos internos para hacer transformaciones profundas, cambios de régimen y, en última instancia, modificaciones a la concepción misma de la gobernanza estatal? Tal vez la tarea de la justicia transicional sea solamente ayudar a restaurar el Estado de Derecho y permitir que se reinicie sobre mejores bases –más equitativas– la política democrática contenciosa, ahí donde las diversas demandas de justicia, imágenes del mundo, sistemas de valores y formas de ser social tienen alguna oportunidad de ser oídas y atendidas. Pero para que eso sea posible, si lo es, preguntas como las que hace Kimberly Theidon, y sus señalamientos sobre la pobreza de la abstracción estatal frente a la multiforme experiencia humana del daño, son indispensables.
(*) Asesor del IDEHPUCP.
