Hace 15 años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señalaba la necesidad de contar con una reforma educativa debido a que la escuela se convirtió en un espacio de disputa tanto por los actores políticos armados como por la construcción de narrativas propensas a reproducir o simplificar los escenarios de la guerra y estigmatizar a las víctimas. Y ello vuelve a ocurrir ahora con la revisión de textos escolares del área de Historia, Geografía y Economía, para 5to año de Secundaria y de la producción de fichas sobre el terrorismo en los textos del área de “Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica” de 1ero a 5to de secundaria, que venía desarrollando el Ministerio de Educación para el 5to grado de secundaria; así como el pedido de congresistas de Fuerza Popular solicitando cambiar el contenido de los textos escolares para evitar la mención a casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante el Conflicto Armado Interno[1].
Ante ello un grupo de expertos en educación y memoria ha gestionado una carta y un informe técnico al presidente de Consejo de Ministros y al Defensor del Pueblo, solicitando “dejar sin efecto el proceso de revisión de los textos escolares llevado a cabo por el MINEDU referido al Conflicto Armado Interno (1980 -2000)”.
La escuela como espacio de disputa
Desde el 2003, año de la entrega del Informe final de la CVR, se han producido varios intentos por incorporar la enseñanza del pasado reciente en la escuela tanto desde el Ministerio de Educación como desde algunos gobiernos locales o regionales. El 2004, el Ministerio de Educación incluyó la enseñanza de la historia reciente en el diseño curricular nacional, aunque como vemos en la realidad no basta con la norma sino se traduce en una adecuada implementación[2].
Junto con ello, se han producido otros varios intentos por negar ese pasado reciente. En el 2008, la congresista Mercedes Cabanillas (APRA) y ex ministra de educación “denunció” ante la opinión pública que los textos oficiales del Ministerio de Educación configuraban como “apología del terrorismo”, mostrando como prueba una sesión acerca de Sendero Luminoso y Abimael Guzmán[3]. Luego del escándalo político que generó el hecho, los textos fueron retirados oficialmente de las escuelas. El 2012, el Congreso de la República y el Presidente del Consejo de Ministros lanzaron la iniciativa “Terrorismo nunca más”, con el objetivo de: “informar y crear conciencia sobre las implicancias del terrorismo en el Perú, así como fomentar los beneficios de una cultura de paz y en convivencia democrática”[4]. En el vídeo -sugerido como material educativo- son presentados los atentados cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA entre 1980 y el 2000, sin exponer las acciones de las Fuerzas Armadas, de los Comités de Autodefensa o de otros actores.
Durante todos estos años ha prevalecido un conjunto de posturas hegemónicas desde los actores que impulsan la “memoria de salvación”, como le denominó Degregori[5] -inspirándose en el concepto de Steve Stern- refiriéndose a esa narrativa orientada a justificar a los actores del estado en un contexto de inestabilidad social y violencia, cuya responsabilidad recae íntegramente en los grupos subversivos. La figura del salvador responde a momentos de una crisis profunda, de caos, y donde precisamente a causa de ello, se diluyen los límites entre el autoritarismo y la democracia. Esta narrativa explota el carácter amigo/enemigo en la política, donde el amigo es representado por los actores políticos y las fuerzas armadas que lidera el salvador, y el enemigo es la amenaza latente del regreso del terrorismo. Aunque haya sido derrotado, siempre se sospecha que anida en alguna parte, para este sector la escuela es un espacio en riesgo[6]. Esa perspectiva se ha robustecido con el negacionismo[7], que en nuestro país busca eliminar toda responsabilidad de las Fuerzas Armadas durante el Conflicto Armado Interno y culpar al enemigo permanente, configurado en todo aquello que aluda o haga referencia al terrorismo.
De acuerdo a esta lógica de pensamiento, una representación del periodo de violencia como las Tablas de Sarhua[8], el museo de la ANFASEP[9] o el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), al rememorar el pasado de violencia, están atacando a las Fuerzas Armadas y favoreciendo así al terrorismo. Este discurso es enarbolado de forma permanente por actores políticos que hoy tienen mayoría en el Congreso de la República y que buscan obtener resonancia en los medios de comunicación con supuestas denuncias de apología de terrorismo[10].
En el espacio público, se apela a una amenaza permanente, como si hablar del pasado y pronunciarse acerca de ese periodo fuera una acción (u omisión) capaz de invocar nuevamente el terror y la muerte. Se olvida que los procesos no solo son históricos sino también sociales y culturales, y que su tratamiento en la esfera educativa puede transformar las sociedades —en sentido positivo o negativo—. En este escenario, generaciones más jóvenes que quieren conocer acerca del pasado o se plantean nuevas interrogantes, se ven expuestas a amenazas o a peligros de estigmatización y hasta de incriminación por el delito de apología del terrorismo.
Así, el debate político plantea un desafío al quehacer educativo sobre cómo transmitir a las nuevas generaciones el período de la guerra interna; este trasciende a la escuela pero termina colocando en los docentes la responsabilidad de lidiar con el pasado, en medio de un clima de oscurantismo y sanción social contra todo aquello que intente recordar el periodo de violencia, incluidas las víctimas. ¿Cómo procesan los docentes en las escuelas de todo el país este debate político? ¿Qué materiales o recursos pueden compartir con sus alumnos? ¿Qué hacen mientras dura la inspección del Congreso en los textos escolares? ¿Se paraliza el proceso educativo? ¿Se niega la historia? ¿Se silencia?
Nos encontramos a una suerte de “sanción social” en la esfera pública contra todo aquello que signifique rememorar el pasado o reconocer los hechos que acontecieron y, que se extiende sobre la comunidad educativa, en particular en los docentes; esta sanción alerta y confronta todo aquello que se encuentre vinculado a una discusión sobre la guerra interna en el país. Así tenemos que un conflicto reciente, aparece como olvidado o silenciado en la escuela, que es el espacio natural para el debate y el aprendizaje de la argumentación crítica. ¿Qué ciudadanos estamos formando si se oculta o se esquiva los temas recientes de nuestra historia? ¿Así, se pretende conmemorar el Bicentenario de la República? ¿Con negacionismo?
A contracorriente, resulta fundamental generar y difundir en la sociedad peruana un discurso que legitime ampliamente la idea de que la escuela debe incorporar una memoria reflexiva sobre el periodo de la violencia armada pues es en ella donde se forman a los futuros ciudadanos y actores políticos del país. Junto a esto será necesario hacer viable tal incorporación mediante propuestas solventes desde el punto de vista pedagógico y metodológico, tomando en cuenta un enfoque intercultural y de género. Todo esto, sin dejar de lado a los propios actores del proceso, los docentes, los cuales deben encontrar en su trabajo una forma de empoderarse y legitimarse a fin de que puedan actuar con capacidad crítica frente a un tema que sigue estando en disputa desde varios frentes.
* Iris Jave es investigadora senior y coordinadora del àrea de Proyectos y Relaciones Institucional del Idehpucp.
[1] https://peru21.pe/lima/polemica-contenido-textos-escolares-411552
[2] http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/DCBasicoSecundaria2004.pdf
[3] «Norma deslinda responsabilidad en los polémicos textos escolares». Panamericana, Lima, 1 de agosto de 2008. [Revisado el 11.09.17]. En https://panamericana.pe/politica/59510:
[4] La campaña está enfocada principalmente en “escolares de secundaria de 12 a 17 años, estudiantes universitarios y no universitarios entre los 18 y 24 años, además del público en general”. En: http://www.congreso.gob.pe/participacion/tnm/
[5] Degregori, Carlos Iván (ed.). Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Social Science Research Council, 2003, introducción.
[6] Jave, Iris. “Derechos y posconflicto: el proceso inconcluso de hacer memoria”. En Perú Hoy: Desarrollo con derechos. Acceso a la dignidad. Lima: Desco, 2017.
[7] Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017: postura que intenta negar hechos históricos, recientes y muy graves que están generalmente aceptados, por ejemplo: el negacionismo del Holocausto.
[8] https://elcomercio.pe/politica/investigan-apologia-terrorismo-cuadros-iban-mali-noticia-491719
[9] https://larepublica.pe/politica/1136379-fiscalia-cita-a-representante-de-desaparecidos-por-supuesta-apologia-al-terrorismo.
[10] El 2017 se aprobó una norma que modifica el Código Penal -a pedido del Congreso de la República- con miras a generar más agravantes y aumentar las penas para el delito de apología del terrorismo, con sanciones de entre 4 y 12 años de prisión. Lo más grave radica en las sanciones que serían aplicadas a los docentes: si las acciones se realizan en una institución educativa y son propiciadas por un docente o autoridad en actividad de la institución en presencia de menores de edad, la sanción será de 6 años hasta los 10 años de prisión efectiva. Mientras que si la apología de terrorismo se hace mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios y otros medios de comunicación, la pena no será menor de 10 años ni mayor de 12 años. Veáse: http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/img_bol08/LEY-N-30610.pdf
