Por Kathy Subirana Abanto (*)
En un escenario electoral marcado por la incertidumbre, las encuestas volvieron a estar en el centro del debate público. ¿Por qué no lograron anticipar con precisión algunos resultados? ¿Se trata de fallas metodológicas o de un electorado cada vez más impredecible? Para el analista político Hernán Chaparro, la respuesta tiene que tomar en cuenta varias limitaciones técnicas, pero también factores estructurales que atraviesan tanto a las encuestadoras como a la ciudadanía.
En esta entrevista, Chaparro desmenuza las tensiones detrás de los estudios de opinión en el Perú, desde las dificultades para cubrir adecuadamente el ámbito rural hasta el impacto de un electorado sin identidades políticas sólidas, que decide su voto en los últimos días. A ello se suma un ecosistema mediático debilitado, la sobrecarga de información y la falta de estándares comunes en la difusión de datos, elementos que, en conjunto, configuran un terreno donde predecir el comportamiento electoral es cada vez más complejo.
En los días previos a la elección vimos una gran cantidad de encuestas, algunas más acertadas que otras. ¿Hasta qué punto estas diferencias responden a metodologías distintas y cuánto influyen en la percepción política?
El impacto depende de quién accede a las encuestas y cuánto confía en ellas. Lo que hemos visto en esta elección —y no es la primera vez, pasó también con Castillo— es que hay candidatos que no aparecen en los primeros lugares de las encuestas y, sin embargo, terminaron disputando posiciones importantes. Eso ya te dice que hay segmentos del electorado que no están siendo captados adecuadamente.
Hay que reconocer que existen algunos problemas metodológicos. Las encuestas cara a cara, por ejemplo, tienen limitaciones de cobertura, sobre todo en zonas rurales. Y las telefónicas, aunque tienen mejor alcance territorial, no permiten mostrar cartillas ni simular el voto. Cada metodología tiene fortalezas y debilidades. Pero hay un problema más estructural: hacer una encuesta ideal, con cobertura amplia —urbana, rural y de ciudades intermedias— es muy costoso, y no hay quién lo financie. Muchas veces las encuestadoras terminan trabajando a costo. El ecosistema mediático también ha cambiado y eso afecta directamente la capacidad de financiar estudios de calidad.
Entonces, el problema es también económico
Totalmente. Cuando se plantea un presupuesto adecuado, simplemente no se aprueba. Por eso se ha ido ajustando el estándar a lo “posible”. Desde hace un tiempo, en el gremio, se estableció como mínimo 1200 casos, urbano y rural. Antes incluso se hacían encuestas solo urbanas, con la excusa del presupuesto. Eso ya no se permite.
Aun así, el “rural” que se cubre suele ser periférico: zonas cercanas a capitales de departamento. No es el rural profundo. Llegar a ese nivel implicaría duplicar costos. En ese sentido, las encuestas telefónicas logran mayor dispersión territorial —pueden cubrir más de 100 provincias—, pero tienen limitaciones para procesos electorales complejos, como cuando hay muchos candidatos.
¿Y cómo se explica la diferencia entre encuestas previas y resultados finales?
Es una combinación de factores. Por un lado, las limitaciones que ya mencioné. Por otro lado, el comportamiento del electorado en los últimos días, pues hay alrededor de un 10% que decide su voto el mismo día de la elección. Además, en este proceso había un nivel alto de indecisión. También operan dinámicas como el voto útil. Por ejemplo, en la recta final algunos candidatos crecen a costa de otros dentro de un mismo espacio político. Eso se vio claramente: votantes que abandonan una opción para apoyar a quien perciben con más posibilidades. Entonces, el desfase entre encuestas y resultados no se explica por una sola razón, sino por la suma de limitaciones metodológicas y cambios reales en el electorado.
En ese contexto, ¿la sobreexposición a encuestas —con datos casi diarios— puede afectar la toma de decisiones de los votantes?
Hay que separar dos cosas: la comunicación de encuestas y el proceso de decisión ciudadana. Hoy tenemos una ciudadanía sin identidades políticas sólidas. No hay vínculos fuertes con partidos o programas. Lo que hay son actitudes, emociones, identificaciones simbólicas y eso se refleja en los resultados de las encuestas. Por ejemplo, hay votos que responden a sentimientos de exclusión o a demandas de reconocimiento. Otros se articulan alrededor de ideas de orden o rechazo a la política. Pero en general, no hay convicciones firmes. Eso hace que el elector esté más expuesto a influencias externas, incluidas las encuestas.
Si a eso le sumas una alta frecuencia de información —encuestas, simulacros, resultados con votos emitidos o válidos—, el escenario se vuelve confuso. Incluso entre las encuestadoras no hay un acuerdo sobre qué tipo de dato presentar. Eso termina mareando al ciudadano.
¿Cómo explicar esa volatilidad?
Hay un rechazo generalizado a la política. Lo que hemos visto en los resultados es que los partidos tradicionales prácticamente desaparecen. La mayoría de votos se concentra en opciones nuevas o percibidas como nuevas. Eso tiene que ver con una desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Es un fenómeno que no es solo peruano: se observa en distintos países. Cuando las instituciones pierden legitimidad, la gente se desengancha. Y cuando no hay confianza, no hay incentivo para informarse. Eso, a su vez, aumenta la vulnerabilidad frente a la desinformación.
En ese escenario, ¿qué rol juegan las encuestadoras dentro del juego político?
Las encuestadoras se juegan su prestigio. Ese es su principal activo. Ahora bien, la relación con los medios puede variar. A veces el medio propone preguntas, pero no siempre. Y cuando lo hace, no necesariamente están bien formuladas desde el punto de vista técnico. Ahí entra el criterio de la encuestadora: evaluar si la pregunta es pertinente, ética y técnicamente válida. En ese punto hay diferencias. Hay encuestadoras serias, otras menos rigurosas y algunas que directamente operan de manera cuestionable.
¿Podríamos hablar de una forma de regular el trabajo de las encuestadoras? Aunque no estoy segura de si la palabra “regulación” es la adecuada
Existe un registro en el Jurado Nacional de Elecciones. En el Perú hay alrededor de 80 encuestadoras registradas, pero solo tres o cuatro son realmente visibles a nivel nacional. Muchas otras trabajan a nivel local o para sectores específicos. El problema es que también hay encuestadoras que difunden datos distorsionados, a veces vinculadas a intereses políticos. Eso debilita la confianza en el conjunto. Por eso es importante la autorregulación. Debería haber estándares más claros: tamaños mínimos de muestra, criterios regionales, incluso reglas sobre conflictos de interés. Por ejemplo, yo creo que una encuestadora que trabaja con un medio no debería trabajar con partidos políticos.
¿Existen modelos internacionales que puedan servir de referencia?
Sí. En Estados Unidos, después de los errores en las elecciones de Trump, la asociación de investigación de opinión pública creó una comisión para analizar qué falló. A partir de eso se generaron lineamientos de mejores prácticas. A nivel global también hay organizaciones que promueven estándares. No son obligatorios, pero sirven como referencia. Algo así se podría impulsar acá, si hubiera voluntad.
Para cerrar, ¿qué lectura hace del conteo rápido en esta elección?
Hay un punto que debería explicarse mejor, especialmente en el caso de algunas encuestadoras. Por ejemplo, hay diferencias significativas entre el conteo rápido y el resultado oficial en determinados candidatos. Una hipótesis es que hubo problemas en el trabajo de campo, especialmente en zonas rurales o de mayor pobreza. Si no logras cubrir las mesas seleccionadas y haces reemplazos sin criterios técnicos, el resultado se distorsiona. También hay factores operativos: dificultades en el escrutinio, presión por entregar resultados rápidos, incluso impedimentos para permanecer en los locales de votación. Todo eso puede afectar la calidad del dato. Al final, el conteo rápido es una herramienta muy útil, pero requiere una ejecución muy rigurosa. Si esa rigurosidad falla, los resultados pueden ser engañosos.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
