El pasado 16 de abril el IDEHPUCP celebró la conferencia virtual “Derechos y deberes en tiempos de emergencia: la crisis del COVID-19”, la cual contó con la participación de Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del Idehpucp, César Landa, coordinador del Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la PUCP, e Yván Montoya, director de la Maestría en Derechos Humanos y profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP. El evento se organizó en el contexto de las medidas tomadas por el gobierno frente a la expansión y gravedad del COVID-19.
A pesar que en los últimos años en el Perú se han anunciado cientos de estados de emergencia, este es el primero declarado a nivel nacional en más de 15 años. Por ello, la conferencia proporcionó una perspectiva general de las preocupaciones que surgen en materia de derechos humanos, frente a las políticas gubernamentales adoptadas hasta la fecha en el marco de esta crisis sanitaria global.
Elizabeth Salmón subrayó la importancia de delimitar correctamente los alcances de los límites dentro del estado de emergencia, ya que una inadecuada implementación podría significar una serie de vulneraciones de derechos de todas y todos los peruanos, principalmente de aquellos grupos menos favorecidos, así como el debilitamiento del propio Estado de Derecho. En otro momento, recordó que si bien el Sistema Interamericano determina las condiciones necesarias para restringir el ejercicio de derechos en el marco de los estados de emergencia, hay otros instrumentos internacionales que deben tenerse en cuenta. Así, el Reglamento Sanitario Internacional adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Salud en el 2005, dice que los derechos humanos tienen que ser respetados en épocas de pandemias. En ese sentido, es deber de los y las juristas y de los tomadores de decisiones determinar qué significa eso en términos concretos.
César Landa, por su parte, recordó que un estado de excepción no significa la eliminación de los derechos, sino más bien la modulación de ejercicio de unos o la restricción de otros, pero siempre desde una perspectiva de razonabilidad y proporcionalidad. Para el abogado constitucionalista, la implementación de un enfoque de derechos humanos en estados de emergencia ayudaría a privilegiar un tutelaje especial de los sectores más vulnerables de la sociedad. Recordó también que en la normativa internacional sobre derechos humanos no solo existen derechos, sino también una serie de deberes que involucra a todos los espacios y sectores de la población. En ese sentido, resaltó la importancia de cumplir estos deberes no solo por su carácter de obligatoriedad, sino también como parte de un compromiso ético en contextos de crisis.
Yván Montoya se refirió al control de los actos que se pueden producir en el contexto del estado de emergencia y que pueden llevar a situaciones de exceso, de abuso o de violaciones de derechos humanos. Recordó que en estados de excepción corresponden también controles judiciales a través de procesos constitucionales (habeas corpus, amparos, habeas data) y procesos penales. En este punto, Montoya señaló que tanto el poder ejecutivo como el judicial han habilitado a los jueces penales y los han convertido en jueces mixtos de emergencia para tratar casos graves como extradiciones que se vencen pronto, habeas corpus, procesos con detención preventiva, y procesos penales. Sobre este último punto, informó que un total de 150 fiscales ya están investigando casos que tienen que ver con irregularidades en la entrega del bono, presuntas irregularidades en ciertos municipios en la entrega de canastas, la aparente sobrevaloración de los ventiladores respiratorias, entre otros casos.
Los tres expositores concluyeron en que el gobierno peruano tiene la obligación de garantizar que una grave crisis de salud pública no se convierta también en una crisis de derechos humanos.
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