Por Andrea Luque Armestar (*) y Connie Pérez Baca (**)
El 4 de agosto se llevó a cabo la audiencia sobre la “Situación de las mujeres indígenas defensoras en contextos de economías ilegales en el Perú” en el marco del 196º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[1]
La audiencia resultó especialmente relevante por dos razones. En primer lugar, porque cinco mujeres defensoras y lideresas indígenas expusieron las diversas afectaciones a derechos individuales y colectivos, así como los impactos que las economías ilegales vienen generando en sus territorios y comunidades de la Amazonía peruana.[2] En segundo lugar, porque contó con la participación de representantes del Estado peruano, quienes informaron sobre las principales acciones adoptadas para enfrentar la minería ilegal y otras economías ilícitas, así como respecto de las medidas de protección implementadas en el marco del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
A continuación, presentamos una síntesis de las principales situaciones denunciadas por las lideresas indígenas y de las afectaciones que enfrentan en el ejercicio de su labor de defensa. Asimismo, reseñamos las principales medidas adoptadas por el Estado peruano para hacer frente a estas problemáticas.
- CINCO MUJERES DEFENSORAS Y LIDERESAS INDÍGENAS EXPONEN LAS AFECTACIONES Y RIESGOS QUE ENFRENTAN ANTE LA CIDH
Teresita Antazú López (lideresa Yanesha), Elaine Shajian Shawit (lideresa Awajún), Matut Impi Ismiño (lideresa Awajún), Olivia Bisa Tirko (lideresa Chapra) y Kelly Valera Silva (lideresa Shipibo-Konibo), durante sus intervenciones, se refirieron a las afectaciones a derechos, así como a los impactos de actividades vinculadas a economías ilegales, entre ellas la minería y la tala ilegales, el tráfico de tierras y el narcotráfico en los departamentos de Loreto, Huánuco y Ucayali.
LORETO
- Asesinato del líder indígena y presidente de maestros bilingües: Isai Shuuk
En primer lugar, se hizo referencia al asesinato, ocurrido en noviembre de 2025, de Isai Shuuk, líder indígena y presidente de la organización de maestros bilingües, quien ejercía una labor de defensa del derecho a la educación intercultural bilingüe. De acuerdo con información publicada por Convoca.pe, Isai Shuuk demandaba la creación de una UGEL intercultural y de una universidad indígena dirigida a jóvenes de las comunidades amazónicas. Asimismo, participó en movilizaciones contra la instalación y funcionamiento del Oleoducto Norperuano en la provincia de Datem del Marañón, en el contexto de los derrames de petróleo registrados durante la administración de Petroperú.[3]
- Desaparición del líder indígena y vicepresidente de la FEKAUDIP: Rusber Villacorta Torres
En segundo lugar, se recordó la desaparición de Rusber Villacorta Torres, líder indígena y vicepresidente de la Federación Kandozi de la Cuenca del Ungurahui del distrito de Pastaza (FEKAUDIP), reportada desde junio de 2026. Según la nota de alerta emitida por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú (PNP), la denuncia por su desaparición fue presentada el 9 de junio de 2026.[4]
- Jóvenes del pueblo indígena Chapra: víctimas de explotación laboral vinculada a la extracción ilegal de madera
El tercer caso mencionado estuvo relacionado con la intervención de la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional en Iquitos, que permitió rescatar a un grupo de jóvenes, entre ellos siete adolescentes, pertenecientes al pueblo indígena Chapra y provenientes de la provincia de Datem del Marañón. Según los reportes disponibles, estas personas habrían sido trasladadas irregularmente con fines de explotación laboral vinculada a actividades ilegales, específicamente a la extracción ilegal de madera.[5]
- Lideresa indígena en permanente situación de riesgo: Olivia Bisa
Finalmente, se expuso la situación de riesgo que enfrenta Olivia Bisa, lideresa del pueblo Chapra, quien ha sido objeto de cuatro denuncias, actualmente archivadas, vinculadas a sus reclamos frente a Petroperú por los derrames de petróleo y la contaminación de su territorio.[6] La lideresa denunció amenazas, persecución y criminalización contra ella y su familia, situación que fue abordada en una comunicación conjunta de cinco relatores y expertos de la ONU dirigida al Estado peruano en abril de 2024.[7]
Si bien cuenta con garantías personales, Bisa señaló que estas han resultado ineficaces. En su respuesta de junio de 2024, el Estado reconoció que las situaciones de riesgo se remontaban al año 2022 y que, pese al otorgamiento de garantías personales en enero de 2024, las amenazas continuaron, al punto de que la lideresa y su familia tuvieron que abandonar su comunidad en febrero del mismo año. Las situaciones de riesgo continuaron registrándose pese a las medidas adoptadas.[8]
UCAYALI
- Cuatro líderes indígenas asesinados por denuncias contra la tala ilegal: caso Saweto
Se hizo referencia al caso Saweto, relacionado con el asesinato, en 2014, de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto: Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, quienes habían denunciado la presencia de tala ilegal en sus territorios.
Si bien el caso cuenta con una sentencia condenatoria y con la determinación de reparaciones civiles a favor de sus familiares[9], durante la audiencia se señaló que solo uno de los cuatro condenados ha sido capturado. Asimismo, se denunció el incumplimiento del Plan de Acción Saweto. Según información de marzo de 2025, la presidenta de la comunidad, Karen Shawiri, refirió que dicho plan no había sido actualizado y recordó que el Poder Ejecutivo se había comprometido, entre otras medidas, a garantizar el acceso a servicios básicos.[10]
- Economías ilegales y organizaciones criminales en Ucayali
También se alertó sobre la expansión de la tala ilegal y el narcotráfico en Ucayali. El Informe Final de Gestión (2021-2026) de la Comisión Especial Multipartidaria DEVIDA del Congreso de la República recoge denuncias de líderes indígenas sobre la creciente presencia del narcotráfico en la provincia de Atalaya y la invasión de territorios indígenas para el cultivo de coca.[11]
El mismo informe registra la persistencia de los cultivos de coca en la región —11 206 hectáreas— y un incremento de 193 % durante el período 2020-2024, lo que evidencia la expansión territorial de esta actividad.[12]Asimismo, se advierte la interacción entre distintas actividades y actores vinculados a las economías ilegales. En particular, en los corredores Ucayali-Loreto coexistirían estructuras armadas con poder de fuego, facilitadores logístico-territoriales y redes de comercialización transfronteriza.[13]
HUÁNUCO
- La problemática de la titulación de tierras: caso Nueva Austria del Sira
Otro de los casos mencionados fue el de la comunidad de Nueva Austria del Sira, ubicada en Puerto Inca (Huánuco), cuyos integrantes vienen reclamando desde hace años el reconocimiento y la titulación de sus tierras. La comunidad también enfrenta invasiones de terceros que habrían ocasionado la tala de bosques y la depredación de recursos naturales, además de situaciones de violencia.
En relación con este caso, la CIDH otorgó medidas cautelares mediante la Resolución 57/2019 y realizó su seguimiento a través de la Resolución 20/2024, solicitando al Estado peruano adoptar las medidas necesarias para proteger, entre otros, los derechos a la vida y a la integridad personal de las familias de la comunidad. [14]–[15]
- Defensora indígena secuestrada y torturada tras denunciar la minería ilegal: Jessica Díaz
Finalmente, se presentó el caso de Jessica Gladys Díaz Borges, defensora indígena del pueblo Asháninka, quien denunció haber sido secuestrada y torturada en 2021 luego de alertar la presencia de minería ilegal y sus impactos en los ríos de su comunidad nativa Paucarsito, en Puerto Inca, Huánuco. [16]
- PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO PERUANO
En representación del Estado peruano participaron funcionarios del Ministerio del Interior (MININTER), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Ministerio Público (MP-FN) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Sus intervenciones se organizaron en tres ejes:
- Acciones estatales frente a las economías ilegales que afectan los territorios indígenas
El MININTER destacó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030[17] y el Decreto Legislativo N.° 1695.[18] Asimismo, informó que, durante 2026, la Policía Nacional intensificó las operaciones de interdicción en Madre de Dios, con decomisos valorizados en más de S/ 302 millones, además de la incautación de maquinaria, combustible, explosivos y drogas. El Ministerio Público señaló que el subsistema especializado en materia ambiental cuenta con 41 fiscalías y 162 fiscales para investigar delitos como tala y minería ilegales, pesca ilegal, tráfico de especies y contaminación. Entre los resultados reportados, mencionó la incautación de más de 750 kg de recursos hidrobiológicos en 2024 y 200 kg de droga en la comunidad nativa San José de Yanayacu. Por su parte, el MINJUSDH informó que, junto con las Naciones Unidas, desarrolla una plataforma pública para sistematizar el marco normativo e institucional aplicable a la lucha contra las economías ilegales.
- Políticas y medidas para proteger a las mujeres indígenas defensoras y garantizar su acceso a la justicia
El MIMP informó sobre la aplicación de la Directiva N.° 003-2023-MIMP[19] y la incorporación de mecanismos para identificar y comunicar situaciones de riesgo mediante el Programa Nacional Warmi Ñam. Asimismo, reportó la realización, en 2025, de 108 acciones de fortalecimiento de capacidades dirigidas a lideresas defensoras. También destacó la elaboración del Primer Reporte Bienal 2023-2025 sobre violencia y discriminación contra las mujeres defensoras[20]; la implementación de un sistema especializado de justicia en Condorcanqui; y la elaboración participativa de un protocolo intercultural para atender casos de violencia en contextos amazónicos. Asimismo, señaló que mantiene espacios de diálogo con 30 mujeres y lideresas indígenas para incorporar sus experiencias y necesidades en las respuestas institucionales.
El RENIEC informó que cuenta con equipos itinerantes y 896 oficinas de registro civil en comunidades nativas y que, en 2025, documentó a más de 52 000 personas, de las cuales el 50,8 % fueron mujeres. Por su parte, el Ministerio Público señaló que cuenta con 50 fiscalías y 151 fiscales especializados en derechos humanos, que atienden 138 casos vinculados con personas defensoras. Desde 2022 aplica un protocolo para investigar amenazas considerando factores como el liderazgo comunal, la defensa territorial y las denuncias sobre actividades ilícitas. Asimismo, reportó la incorporación de 41 personas al programa de protección y asistencia a víctimas y testigos; así como acciones para promover el acceso a la justicia con pertinencia cultural.
- Medidas de protección en el marco del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos[21]
El MINJUSDH informó que, hasta julio de 2026, se habían registrado 200 situaciones de riesgo que afectaron a 234 mujeres defensoras, 81 de ellas pertenecientes a pueblos indígenas; el 52 % de las situaciones estaba relacionado con economías ilegales. En casos específicos, se otorgaron garantías personales, patrullaje y acompañamiento policial, así como fondos de emergencia, a la comunidad Alto Tamaya Saweto; medidas de protección, coordinación policial y recursos para fortalecimiento y equipamiento a la Guardia Indígena Shipibo-Konibo; y garantías personales y patrocinio de la defensa pública a Olivia Bisa Tirko, en el marco de siete situaciones de riesgo reportadas.
Finalmente, el Estado informó la instalación de ocho mesas regionales para la protección de personas defensoras en Ucayali, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Junín, Piura y Huánuco, orientadas a articular acciones entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las organizaciones indígenas. En Ucayali y Loreto se adoptaron más de 180 acuerdos, con un nivel de cumplimiento superior al 70 %.
- REFLEXIÓN FINAL
Los testimonios presentados muestran que las amenazas, la violencia, la criminalización y los asesinatos, lejos de ser hechos aislados, se producen en territorios donde confluyen economías ilegales, conflictos por la tierra, presión sobre los recursos naturales y persistentes brechas de acceso a la justicia. Frente a ello, las medidas de protección resultan indispensables, pero no suficientes. El desafío consiste en avanzar hacia una política integral que combine prevención, protección, investigación, sanción y reparación, y que coloque en el centro los derechos sobre el territorio, la participación efectiva y las necesidades específicas de las mujeres indígenas.
Pese a lo anterior, la respuesta estatal se concentró principalmente en medidas administrativas, operativas y de protección, pero dejó sin abordar varias de las cuestiones estructurales planteadas por las lideresas: ocupación y control territorial, actividades extractivas, impunidad y exclusión de los pueblos indígenas de las decisiones que afectan sus territorios.
En particular, no se abordó la relación entre las actividades extractivas legales y las economías ilegales; la superposición de concesiones mineras, petroleras y de infraestructura con territorios indígenas; el incumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada; las deficiencias del REINFO[22]; las denominadas “leyes procrimen”[23] y la “ley anti forestal”[24] ni la falta de titulación de territorios indígenas. Tampoco se explicó qué medidas se vienen adoptando para evitar que concesiones, autorizaciones o registros formales puedan facilitar el ingreso y la actuación de redes ilegales en territorios indígenas.
Asimismo, quedaron sin respuesta aspectos relacionados con la violencia sexual, la trata de personas, las políticas de cuidado, la participación efectiva de las mujeres indígenas en la toma de decisiones y las barreras que persisten para garantizar su acceso a la justicia.
Finalmente, sobre el caso Saweto, la información proporcionada se concentró en las medidas de protección y asistencia adoptadas, sin abordar aspectos centrales como la captura de los responsables pendiente, la reparación integral a las familias, el cumplimiento del Plan de Acción Saweto y el estado de otras investigaciones relacionadas con las amenazas y agresiones contra las personas defensoras.
(*) Investigadora del Área académica y de investigaciones del IDEHPUCP.
(**) Integrante del Área académica y de investigaciones del IDEHPUCP.
[1] Ver la audiencia completa en: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/audiencia.asp?Hearing=3908
[2] Como parte la sociedad civil participó: (i) la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, (ii) el Instituto de Defensa Legal, (iii) la Organización británica Forest Peoples Programme, (iv) la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo Konibo, (v) Pachamama Alliance Perú, (vi) la Red Pastoral Mujeres y Equidad de la Comisión Episcopal de Acción Social.
[3] Ver, la nota del portal Convoca.pe del 12 de noviembre de 2025.
[4] Ver, la nota de alerta de la PNP.
[5] Ver: la nota de Infobae del 11 de enero de 2026 y la nota de Inforegión del 12 de enero de 2026.
[6] Ver: la nota del OEFA del 14 de octubre de 2022.
[7] Comunicación AL PER 2/2024 del 26 de abril de 2024, remitida por cinco relatores de la ONU: Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; David R. Boyd Relator Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; y Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias.
[8] Ver, la Respuesta del Estado peruano del 25 de junio de 2024.
[9] Ver, la nota del portal oficial del Estado del 26 de agosto de 2025.
[10] Ver, la nota del Centro de Noticias del Congreso del 4 de marzo de 2025.
[11] Comisión Especial Multipartidaria DEVIDA. Informe Final de Gestión 2021–2026 (julio, 2026). Pág. 31.
[12] Comisión Especial Multipartidaria DEVIDA. Pág. 113.
[13] Comisión Especial Multipartidaria DEVIDA. Pág. 120.
[14] Ver, la Resolución 57/2019 de la CIDH del 6 de noviembre de 2019.
[15] Ver, la Resolución 20/2024 de la CIDH del 10 de abril de 2024.
[16] Ver, el reportaje de Epicentro TV del 31 de octubre de 2025 y la nota de Infobae del 28 de octubre de 2025.
[17] Ver, la Estrategia Nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en el Perú al 2030 – Informes y publicaciones – Ministerio del Interior del 23 de abril de 2026.
[18] Ver, el Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, promulgado mediante Decreto Legislativo N° 635, para fortalecer las medidas destinadas a combatir el delito de minería ilegal del 20 de enero de 2026.
[19] Ver, la Directiva N° 003-2023-MIMP, “Prevención, atención, protección y reconocimiento de las mujeres defensoras de derechos humanos”. https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/4327152-223-2023-mimp
[20] Ver, el Reporte bianual sobre la situación de violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres defensoras de derechos humanos – Informes y publicaciones – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
[21] Ver, el Decreto Supremo que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos
[22] Registro Integral de Formalización Minera. Ver, al respecto: https://pad.minem.gob.pe/REINFO_WEB/Index.aspx
[23] Ver, la nota de la República del 23 de octubre de 2025.
