La ausencia de lo político en la política

Fuente: RPP

Por Iris Jave (*) y Alexander Benites (**)

Se cumple un año desde la instalación de la administración de Castillo y del Congreso elegido en abril del año 2021. Y, como ya se ha señalado, no hay perspectiva desde la cual se pueda decir que ha sido un año favorable para la democracia peruana no solo a nivel de construcción institucional, sino también en el ejercicio efectivo de derechos. Con todas las señales alarmantes que lo expuesto anteriormente conlleva, el nivel de degradación del último año ha crecido hasta abarcar el ejercicio de la política en todas sus dimensiones, tanto a nivel institucional, como a nivel social y práctico, donde se expresa la posibilidad de una convivencia entre seres iguales, en tanto buscan -y aprenden- a compartir formas de organizar la vida y la sociedad.

Pero, ¿cómo se entiende la política? Una revisión rápida del concepto permite identificar que tiene, a grandes rasgos, dos componentes. Por un lado, es una actividad que se caracteriza por ser un medio de convivencia. En palabras de Hannah Arendt, la política trata de “estar juntos los unos con los otros”.^[1] Partiendo del caos y el desorden, los individuos se organizan colectivamente buscando formas de convivencia para organizar la vida y reducir la incertidumbre que existe en ese momento de desorden previo. En consecuencia, el individuo no es “político” en sí mismo, sino que lo “político” surge a partir de la interacción entre los individuos.

Por otro lado, cuando se conceptualiza lo político, casi todas sus definiciones son, por su contenido, justificaciones. Es decir, se designa a la política como un medio para lograr un fin más elevado. Este fin ha ido cambiando a lo largo de la historia y según diferentes contextos.^[2] En el marco de uno democrático se encontraría ligado a la búsqueda de un horizonte de libertad e igualdad, en el que cada uno de los individuos de la comunidad política pueda ejercer de manera efectiva su derecho a gobernar, dentro de ciertos parámetros, su propia existencia.^[3] Y es precisamente en la integralidad de estos dos componentes donde la política peruana se viene degradando de manera acelerada.

Sobre lo primero, la política peruana, lejos de configurarse como una actividad que permita la convivencia, hoy se caracteriza por la existencia de un conjunto de actores -desarticulados entre sí- que encuentran en la defensa de sus intereses particulares, disputas permanentes o arreglos inesperados. Más que percibirse como adversarios legítimos, se ven como enemigos permanentes, o esa es la imagen que buscan despertar, en el entendido de que esa exposición pública de confrontación les ayudará a fortalecer su propia imagen. De acuerdo a esta argumentación, si no tienen a un otro con quien disputarse la escena pública, no existen: necesitan visibilizarse a través de la pelea permanente.

Aunque los ejemplos sobran, el más ilustrativo y grave es seguramente la narrativa del fraude electoral como evento previo al inicio del nuevo gobierno. Mientras que, en el año 2016, el fujimorismo aceptó los resultados “aún existiendo varias actas pendientes de resolver”, en el año 2021, esa misma organización, con el apoyo de otros actores en competencia, un sector de los medios de comunicación y reconocidas firmas legales de la capital, señalaron explícitamente que no aceptarían los resultados electorales, alegando un “fraude sistemático” sin ninguna evidencia. Toda una estructura organizativa política y mediática con tal de evitar la proclamación de un candidato que, desde su perspectiva, no podía ser presidente. La convivencia, en un espacio público y político donde se juntan y, más aún, comparten determinados valores sociales, resulta lejana, desconocida. La imposibilidad de convivir no se ve como un problema, pues ni siquiera se imagina.

Sobre lo segundo, y situado aún más lejos de la búsqueda de ese horizonte de libertad e igualdad, la política se ha vuelto el medio para la consecución de intereses personales a costa de los intereses públicos. Con todas sus limitaciones, desde la transición democrática en el país, se fue incorporando en el Estado políticas sociales y de desarrollo, con la gestión de profesionales eficientes, lo que ha contribuido a generar un discurso sobre la importancia de la administración pública para luchar contra la corrupción y tener políticas públicas de mayor calidad. Contra todo ello, el gobierno de Pedro Castillo se ha encargado de eliminar cualquier posibilidad de mejora de la gestión pública peruana a través del reparto de puestos públicos siguiendo criterios partidarios.

Pero el Ejecutivo no actúa solo, mantiene una alianza tácita con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso de la República; prueba de ello, son los ataques -convertidos en normas y leyes- contra la educación superior universitaria y la implementación del enfoque de género en el sistema educativo. Cual paradoja, justamente en aquellos espacios creados como lugares de encuentro -el Parlamento- es donde se vacía a la política de otro de sus contenidos. Los representantes no buscan abrir espacios para la convivencia y la búsqueda de intereses colectivos; por el contrario, buscan otros caminos para permitir fluir sus intereses.

Lo más peligroso es que no solo las instituciones son débiles y precarias, sino también sus bases: ciudadanos que obtuvieron una representación pública -política, en toda su dimensión- pero que hoy no representan a nadie, sino solamente a sus intereses. Recuperar la convivencia en su sentido político y ciudadano permanece como un desafío para construir una sociedad de iguales que buscan una representación, o más bien, un reconocimiento como peruanos y peruanas.

(*) Investigadora en Idehpucp y docente PUCP.
(**) Investigador y Coordinador del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos.