Por Kathy Subirana Abanto (*)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el Informe Anual 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), un documento que examina el estado de la libertad de expresión y de prensa en el continente americano durante el último año. El informe constituye uno de los principales instrumentos de monitoreo regional sobre la situación de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, ya que identifica patrones de violencia, restricciones legales, actos de censura y amenazas al debate democrático en los distintos países de la región. Además de sistematizar los principales desafíos, la Relatoría formula recomendaciones a los Estados y desarrolla estándares internacionales sobre protección de la libertad de expresión.
Durante el 2025, en el marco de sus funciones de monitoreo, la RELE realizó 2 visitas oficiales (Ecuador y Brasil), publicó 3 informes de país (Haití, Chile y Brasil) y emitió, de manera individual o conjunta con la CIDH, al menos 31 comunicados de prensa.
La Relatoría Especial tiene el mandato de elaborar cada año un balance sobre las condiciones para el ejercicio de este derecho en las Américas. El documento recoge avances, retrocesos y prácticas estatales, así como casos emblemáticos vinculados con violencia contra periodistas, censura, acceso a la información y criminalización de voces críticas. Según el informe, el 2025 estuvo marcado por un deterioro regional de las garantías para el ejercicio periodístico, con un incremento de la violencia letal, discursos estigmatizantes desde el poder político y restricciones crecientes a la cobertura informativa.
Entre los principales hallazgos, la Relatoría advirtió sobre el aumento de asesinatos de periodistas en el continente. El informe documentó al menos 27 homicidios vinculados al ejercicio periodístico en países como México (11), Perú (4), Ecuador (4), Brasil (3), Honduras (2), Colombia (1), Guatemala (1) y Venezuela (1). La CIDH alertó que estos ataques generan un efecto de autocensura y miedo que afecta directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información plural e independiente.
El documento también identificó patrones de censura indirecta a través del uso del sistema judicial, restricciones al acceso a fuentes oficiales y campañas de hostigamiento impulsadas por funcionarios públicos contra medios y periodistas. Asimismo, se registraron agresiones contra comunicadores durante protestas sociales y contextos de conflictividad política, muchas veces atribuidas a fuerzas de seguridad estatales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también advirtió que el deterioro de la libertad de expresión en la región ocurre en un contexto de creciente polarización política y debilitamiento institucional. Según el informe, diversos gobiernos de las Américas han recurrido a discursos que desacreditan a la prensa y presentan a periodistas y organizaciones de derechos humanos como actores “enemigos” o desestabilizadores. Para la Relatoría, este tipo de narrativas erosiona el debate democrático y aumenta los riesgos de violencia contra quienes ejercen labores de fiscalización y denuncia pública.
Otro de los aspectos que el documento subraya es el impacto diferenciado de la violencia y la censura sobre mujeres periodistas y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. La Relatoría identificó agresiones con componentes sexistas, campañas de hostigamiento digital y ataques dirigidos contra comunicadoras, defensoras indígenas y activistas LGTBIQ+. Asimismo, alertó sobre la persistencia de discursos de odio y discriminación que limitan la participación de estas poblaciones en el espacio público y afectan su derecho a expresarse en condiciones de igualdad.
La Relatoría llamó especialmente la atención sobre el deterioro de las libertades en países con regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde documentó detenciones arbitrarias, vigilancia, bloqueos informativos, censura y persecución contra periodistas y personas críticas al gobierno. También expresó preocupación por restricciones registradas en democracias de la región, vinculadas a discursos de odio, criminalización de la protesta y limitaciones al acceso a la información pública.
En el caso de Colombia, el informe alertó sobre un incremento de declaraciones estigmatizantes emitidas por funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación. La Relatoría sostuvo que este tipo de discursos contribuye a crear un ambiente hostil para el ejercicio periodístico y puede convertirse en un factor de riesgo para comunicadores, especialmente en contextos de polarización política. También señaló que las descalificaciones desde el poder debilitan la relación entre prensa y autoridades y deterioran el debate democrático.
Respecto a México, el informe volvió a identificar al país como uno de los más peligrosos del continente para ejercer el periodismo. La Relatoría registró 11 asesinatos de periodistas durante 2025, la cifra más alta de la región, y advirtió que muchos de estos crímenes permanecen en la impunidad. El documento vincula esta situación con la presencia del crimen organizado, la corrupción y la debilidad de los mecanismos de protección estatal.
El informe dedica además un apartado específico a Perú, donde identifica un “agravamiento” de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión durante 2025. La Relatoría advierte sobre un deterioro institucional marcado por reformas legislativas restrictivas, violencia estatal durante protestas sociales y ataques directos contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los puntos más graves entre los señalados por la CIDH es el incremento de la violencia contra periodistas. El informe documentó el asesinato de cuatro comunicadores en el país durante 2025, entre ellos Gastón Medina, Raúl Celis López y Fernando Núñez. Según la Relatoría, estos crímenes ocurrieron en contextos relacionados con su labor informativa y evidencian un patrón de riesgo creciente para la prensa peruana.
La CIDH también expresó preocupación por el uso del sistema penal y de mecanismos judiciales como herramientas de intimidación contra periodistas. El informe menciona casos de citaciones fiscales, solicitudes para revelar fuentes y requerimientos de levantamiento del secreto profesional, prácticas que —según el organismo— constituyen formas de censura indirecta orientadas a inhibir investigaciones periodísticas.
Otro aspecto crítico señalado por la Relatoría es la actuación de las fuerzas de seguridad durante protestas sociales. El documento reporta agresiones, detenciones y actos de hostigamiento contra periodistas que cubrían manifestaciones, además del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y comunidades indígenas. La CIDH menciona particularmente la situación de la comunidad Shipibo-Konibo y otros pueblos afectados por operativos estatales en contextos de conflictividad social.
El informe también cuestiona reformas legislativas impulsadas en el país que podrían afectar el trabajo de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Entre ellas figura la Ley N.º 32301, que amplía las facultades de supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional sobre organizaciones no gubernamentales, así como proyectos relacionados con amnistías para miembros de las fuerzas armadas involucrados en violaciones a derechos humanos. Para la Relatoría, estas iniciativas generan riesgos de impunidad y limitan la participación ciudadana y el control democrático.
Asimismo, la CIDH alertó sobre la persistencia de discursos estigmatizantes y ataques verbales contra periodistas y defensores de derechos humanos desde distintos espacios de poder. Según el informe, estas narrativas contribuyen a legitimar agresiones y profundizan un clima de hostilidad contra la prensa independiente.
Pese a este panorama, la Relatoría reconoció algunos avances en materia de acceso digital y conectividad en zonas rurales del país, al considerar que la expansión del acceso a internet puede contribuir a fortalecer el derecho a la información y la libertad de expresión.
En sus conclusiones, la Relatoría Especial reiteró que la región atraviesa un momento crítico para la libertad de expresión y exhortó a los Estados a fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, investigar de manera diligente los ataques contra la prensa, evitar discursos estigmatizantes y garantizar un entorno democrático donde sea posible ejercer el periodismo sin miedo a represalias o violencia.
El informe concluye que garantizar la libertad de expresión no solo implica proteger a periodistas y medios de comunicación, sino también asegurar las condiciones necesarias para el funcionamiento de una democracia plena. En ese sentido, la Relatoría insistió en que los Estados deben promover entornos seguros para la protesta social, fortalecer el acceso a la información pública, evitar mecanismos de censura previa y garantizar investigaciones independientes frente a ataques contra la prensa. Para la CIDH, la situación registrada en 2025 evidencia que la región enfrenta desafíos estructurales que ponen en riesgo tanto la labor periodística como el derecho de la ciudadanía a estar informada.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
