El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung – KAS (Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica), recientemente publicó el informe de investigación “Nuevas tecnologías y derechos humanos: Impactos, desafíos y oportunidades en la era de la conectividad digital”. Esta investigación, bajo la coordinación de Valeria Reyes y realizada por Paola Miranda Cerna, Yazmine Ruiz Ramos y Daniela Pulido Ramírez, se cuestiona si la positivización e institucionalidad de los derechos humanos en su configuración actual resultan suficiente para guiar las acciones estatales frente a los retos que plantean las nuevas tecnologías. Para responder a dicha interrogante, el informe plantea tres objetivos centrales a) describir las amenazas que supone el uso descontrolado de estas herramientas; b) delimitar las posibilidades de respuesta que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ofrece frente a este fenómeno; y, c) identificar oportunidades ofrecidas por las diversas medidas que de manera individual o coordinada vienen adoptando sobre el particular diversos Estados y organizaciones internacionales.
De manera concreta, el estudio muestra cómo el surgimiento de las nuevas tecnologías se ha convertido en una amenaza para los derechos humanos. Por un lado, a nivel de los derechos civiles y políticos (DCP), la recopilación masiva de datos, la vigilancia estatal sin supervisión efectiva e independiente, el uso de IA y Big Data se constituyen como riesgos al derecho a la privacidad. Por otro lado, fenómenos como la censura y el «ciberpatrullaje» se configuran como una amenaza a la libertad de expresión. Asimismo, el estudio muestra que, en el ámbito político, el surgimiento de nuevas tecnologías genera un riesgo de manipulación de la opinión pública e incrementa fenómenos como el populismo digital. La investigación concluye sobre este aspecto que, sin adecuados márgenes regulatorios, el auge de las nuevas tecnologías puede ser una amenaza para estos derechos.
Por otro lado, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), el estudio plantea que el desarrollo progresivo de las nuevas tecnologías puede formular amenazas al derecho a la salud, la educación y al trabajo. A nivel del derecho a la salud, tales tecnologías pueden, por ejemplo, ampliar las desigualdades ya existentes en el acceso a la tecnología médica. Asimismo, en cuanto a la educación, el estudio señala que, si bien la tecnología puede incrementar las oportunidades para su acceso, también puede amplificar las brechas de calidad, excluyendo a aquellos sin recursos digitales y generando desigualdades de género. Por último, respecto al derecho al trabajo, este fenómeno puede excluir a personas sin habilidades digitales, resultando en trabajos precarios y falta de protección social, especialmente en plataformas digitales y para trabajadores migrantes. Así, el estudio da cuenta que los impactos de las nuevas tecnologías no se enmarcan dentro de un área específica, por el contrario, impactan y plantean riesgos en varios derechos humanos.
En este contexto, el estudio muestra que el DIDH se ha adaptado a los escenarios cambiantes y complejos que plantea la era digital, y contribuye de forma positiva en el desarrollo de una serie de estándares, principios y jurisprudencia relevantes para abordar los desafíos que genera el uso de nuevas tecnologías en la salvaguardia de los derechos humanos; sin embargo, la labor del DIDH sigue teniendo importantes limitaciones: la tecnología opera sin límites nacionales, evoluciona rápidamente y presenta desafíos técnicos para identificar violaciones de derechos humanos. Además, el estudio muestra que actualmente la normativa y los estándares desarrollados están enfocados principalmente en garantizar los DCP, por tanto, es necesario fortalecer la normativa relacionada con los DESC.
Para superar dichas limitaciones, el informe propone la aplicación de un enfoque transversal de derechos humanos que guíe la creación, funcionamiento e incluso la prohibición de las nuevas tecnologías. En base a lo anterior, se plantean catorce recomendaciones a los Estados que responden a los desafíos identificados, entre los que destacan: revisar y actualizar sus leyes y políticas, transparentar la recopilación de datos, limitar la vigilancia estatal, establecer parámetros de desarrollo tecnológico en salud, desarrollar medidas para la protección social de trabajadores en plataformas en línea y fortalecer los programas de alfabetización digital. Todo ello, se debe enmarcar en un contexto de diálogo activo con los actores de la sociedad civil y de las empresas tecnológicas.
Esta investigación no solo caracteriza el momento histórico actual y describe las medidas tomadas desde diversas perspectivas para armonizar los objetivos de los Estados en relación con los derechos humanos y las vastas posibilidades de las nuevas tecnologías; además, aspira a ser una contribución a un diálogo desafiante y en curso sobre la reconfiguración del mundo, con la convicción de que sea apreciada y genere reflexiones fundamentales que contribuyan a la construcción del conocimiento en los campos de las nuevas tecnologías y los derechos humanos, con un enfoque central en las personas y el pleno respeto de su dignidad en sus entornos.
