En el marco del vigésimo aniversario del Concurso Yachay, el pasado 15 de junio se publicó el Caso Hipotético “Georgina Mendoza y otros vs. el Estado de Kawsay» elaborado por la profesora Julissa Mantilla Falcón, excomisionada y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este año el concurso aborda temáticamente el control de convencionalidad y la lucha contra la impunidad, conmemorando las dos décadas transcurridas desde la publicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Almonacid Arellano y otros vs. Chile y La Cantuta vs. Perú, decisiones que consolidaron estándares interamericanos en la materia.
Los hechos del Caso Hipotético tienen lugar en el Estado de Kawsay, donde las profundas desigualdades que subsisten entre su capital y la región de Uyariy desembocaron en numerosas protestas sociales que, a inicios de 2014, escalaron hasta la toma temporal de la gubernatura regional. Como respuesta, el Ejecutivo declaró un estado de emergencia indefinido y delegó el control de la zona a las fuerzas armadas, además de decretar toque de queda y suspender la recepción de denuncias ordinarias. Bajo este régimen, se documentó la desaparición forzada de treinta personas, así como la violación sexual de Georgina Mendoza, entonces menor de edad.
Años después, la aprobación de sucesivas leyes habilitó la renuncia a la persecución penal en beneficio de los militares involucrados en los hechos ocurridos durante el régimen de excepción, con sujeción a un proceso de reparación de las víctimas. Sumado a esto, a propósito de un nuevo cambio de gobierno, se implementaron reformas normativas que, por un lado, establecieron que la renuncia a la persecución penal se aplicaría sin excepción, y, por otro, crearon un certificado obligatorio para toda organización que litigara contra el Estado.
Un grupo de víctimas y familiares liderado por Georgina Mendoza rechazó estas medidas e impulsó la continuación de investigaciones penales contra los responsables de los crímenes. Con motivo de ello, la ONG Derechos para el Pueblo (DPP) presentó una denuncia que fue admitida por una jueza de primera instancia, quien inaplicó las normas nacionales por su contravención a distintos pronunciamientos de la Corte IDH y otros organismos internacionales.
Sin embargo, se registraron represalias contra esta acción. La jueza fue denunciada por prevaricato, se les abrieron investigaciones penales a las víctimas y familiares y DPP fue procesada. En dicho contexto, la abogada Gloria Zamora, presidenta de DPP, presentó una petición ante la CIDH contra el Estado de Kawsay. La controversia descrita constituye, precisamente, el objeto de debate de las audiencias que tendrán lugar en el campus de la PUCP del 26 al 30 de octubre.
Los estudiantes de Derecho que deseen representar a sus universidades en el concurso representando a las presuntas víctimas o al Estado pueden inscribir a sus respectivos equipos hasta el 28 de agosto. De igual manera, el plazo límite para postular como juez vence 13 de septiembre para la fase escrita, el 20 de septiembre para la fase oral. Además, los estudiantes interesados en ser oficiales durante las audiencias pueden inscribirse hasta el 27 de septiembre.
Participar en el Yachay permite formar parte de una comunidad académica comprometida con la defensa de los derechos humanos, tejer lazos con estudiantes y profesionales de América Latina, y fortalecer tus conocimientos sobre los estándares interamericanos en control de convencionalidad y lucha contra la impunidad.
¡No pierdas esta oportunidad! Escríbenos a concurso.yachay@pucp.pe o al +51 953 203 052 para más información.
