Susana Chávez: “El someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura”

Por: Almendra Sánchez 

El aborto terapéutico es legal desde 1924 en el Perú y la Guía Técnica Nacional del Aborto Terapéutico fue aprobada hace seis años, sin embargo, aún muchas niñas y adolescentes siguen siendo forzadas a llevar un embarazo no deseado, pese a las consecuencias en su salud mental y física, y a las altas tasas de mortalidad reportadas por el Ministerio de Salud. Sumado a ello, en muchos casos, los embarazos son consecuencia de violaciones sexuales.

A pocos días de haberse conmemorado el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género, la reflexión debe continuar poniendo foco en la violencia de la que son víctimas las menores de edad, violencia que no termina con el abuso sexual. Por ello, conversamos con Susana Chávez, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

No diría que es necesariamente pertinente. Creo que esto se da para corregir un defecto previo. Cuando se legisló sobre aborto por razones de salud, se estipuló que el aborto por violación merecería una pena reducida, como un “medio delito”. Si no existiera esta observación el concepto de aborto por razones de salud sería suficiente para eximir de pena a las niñas, porque todo el mundo entiende que una niña embarazada, menor de 15 años, va a tener graves problemas en su salud. Además un embarazo producto de una violación es también un problema de salud. Para mí no es ningún avance, ni ningún cambio, sino básicamente la corrección de un problema que se colocó en 1924.

El someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. Está totalmente demostrado que el aborto seguro cuando se hace bajo condiciones adecuadas, consentimiento informado, aplicando las técnicas necesarias genera un impacto menor en la salud mental. Por otro lado, si una niña es acosada, perseguida para cambiar de opinión o manipulada, por ejemplo, cuando les dicen “será como tu muñequito”, en esos casos, no se les permite tomar sus propias decisiones. Las niñas tienen que dar su consentimiento, recibir información. Tendríamos que reducir al máximo los miedos.

Justamente una de las cosas que estamos exigiendo es la atención integral del embarazo no intencional en menores de 15 años. El aborto definitivamente es una de las opciones a las cuales las niñas deberían acceder, porque a ninguna niña se le debería someter a un embarazo dañino para su salud. También somos conscientes de que no todas las niñas podrán acceder a esa opción pues no todos los servicios la brindan. Las niñas muchas veces son sometidas a situaciones extremas o, algunas, no quieren interrumpir sus embarazos. De todas maneras, no debemos olvidar que la niña es una víctima y a pesar del embarazo es que no deja de ser una niña. Tiene que tener un acompañamiento.

El acompañamiento que actualmente existe es incompleto, porque no tan solo se trata de esta niña y la asistencia al aborto terapéutico, también debería verse qué pasa después, por ejemplo, con la escuela y la reinserción social.  Hay todo un tema de reparación que sí se tiene que atender y es lo que actualmente estamos solicitando: la atención integral de las niñas para continuar y preservar que sigan con sus vidas.

No son suficientes lamentablemente. El protocolo, con todo lo que ha significado, tiene fallas que lo hacen más restrictivo. Nos falta un gran camino en términos de capacitación para con los profesionales de la salud. Los mecanismos para que todas las mujeres, adolescentes y niñas puedan ser atendidas con igualdad de derechos no se están dando. Hemos observado que hay muchos establecimientos privados que están dando este tipo de servicios. Tomemos en cuenta que la violación está en todas las clases sociales, no solo afecta a las niñas de menos recursos, pero son estas últimas las que suelen continuar con sus embarazos, mientras que las niñas que pueden pagar y cuentan con la protección de sus padres no toman la misma decisión. Estos casos no se registran. Por lo tanto, no podemos conocer cuál es realmente la magnitud del tema.

El Ministerio de Salud, órgano rector, es el encargado del cumplimiento de estas políticas. El problema es que muchas veces la debilidad del sector salud genera que se elabore la norma, se hagan capacitaciones, pero la aplicación tenga serios problemas. Esto se refleja en el bajo número de reportes. Por otro lado, no todos los hospitales cumplen con esa obligación. Hay regiones en donde ningún hospital atiende. Entonces podría haber dos situaciones: la víctima viva en Amazonas, donde no suelen recibir este tipo de atención, o viva en Lima, donde sí podrías ir a la maternidad, al instituto materno perinatal o a un hospital cercano que ofrezca esta atención.

La ley no lo señala. La ley establece que tiene que haber una opinión médica, las únicas condiciones impuestas son la opinión de un médico, el consentimiento de la mujer y la justificación que señale el riesgo de daño grave y permanente. La reglamentación es retrógrada, pero es la que hemos logrado consensuar, porque ha sido muy difícil que esta atención se incorpore como parte de la atención integral de la salud reproductiva. No se ha colocado eso, sí control del embarazo, pero no aborto terapéutico. Ahora, afortunadamente el protocolo de acción conjunta incorpora el aborto terapéutico. La atención de la violación sexual ya incorpora la consideración del aborto terapéutico. En los países que ya se están aplicando el aborto legal, no hay junta médica, porque no es necesario. Es una obstrucción. Esperar que varios médicos tomen una decisión es parte de la revictimización de la víctima.

Nuestro marco normativo no habla solamente de salud física, sino también de salud mental. Pero sabemos que ciertos sectores que inclusive ocupan cargos de gobierno hacen muy difícil esta discusión. Por ejemplo, hemos tenido ministros como Luis Solari. Lamentablemente muchas personas llegan a ocupar cargos de gobierno para imponer sus criterios religiosos. Esa situación puede influir en que se generen barreras, bajo la forma de excesivos requisitos, para las entregas de los KITS de emergencia. Unos son los requisitos explícitos que se escriben y otros son los que se aplican. En este punto, interfiere la visión que cada trabajador tiene.

Hay impactos en la salud. La niña puede sufrir daños físicos, desde la presentación de fístulas hasta la muerte perinatal. Existe así mismo la probabilidad de muerte materna, que se cuadriplica en estos casos. Los hijos de las madres adolescentes tienen mayor riesgo de morir que los hijos de las mujeres adultas y no necesariamente solo porque no saben cuidarlos, sino por la muy alta tasa de prematuridad, pues sus cuerpos no están preparados. A parte de estos daños físicos, tenemos un impacto económico-social muy fuerte. Por ejemplo, el embarazo es la principal causa de abandono escolar del país. El abandono escolar significa que tu único camino es el trabajo precario y por lo menos, según varios reportes de otros países, la pérdida de las mujeres en el mundo económico digno contribuye a una reducción de la posibilidad de pago de impuestos y eso va generando mayor pobreza de manera continua.

Lo peor no es un embarazo adolescente, sino un segundo embarazo, porque las adolescentes tienen una tendencia hacia el menor espacio gestacional. Tienen hijos más rápido que las mujeres adultas. Puede ser que este segundo embarazo no sea por violación, pero si hay una adolescente embarazada, sin acceso a la escuela, probablemente forzada por la circunstancia, es posible que la familia la entregue a alguien o que ella misma decida juntarse a un hombre que le duplica la edad. Y así continúa el ciclo de abusos.