Por Kathy Subirana Abanto (*)
La tierra dejó de moverse hace varios días, pero Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del desastre. El doble terremoto ocurrido el 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ha dejado miles de personas fallecidas, decenas de miles de heridas y una emergencia humanitaria que sigue evolucionando. Según el balance más reciente de las autoridades venezolanas, más de 3.500 personas perdieron la vida y cerca de 18.000 permanecen sin vivienda. Al cierre de esta edición, los reportes de desapariciones superan los 82.000 según la web Desaparecidos Terremoto Venezuela, y solo 13.924 han sido ubicados.
Los mayores daños se concentran en Caracas y, sobre todo, en el estado costero de La Guaira, donde barrios enteros quedaron reducidos a escombros y miles de familias sobreviven en albergues temporales. Aunque el epicentro geológico se localizó en el estado Yaracuy, el mayor impacto humano se produjo en la franja densamente poblada del centro-norte venezolano. La poca profundidad de los sismos, la cercanía a centros urbanos y las características del suelo contribuyeron a amplificar las ondas sísmicas. Imágenes satelitales analizadas por el programa europeo Copernicus y otros sistemas de observación muestran cientos de edificios completamente destruidos y miles con distintos niveles de afectación, mientras que la remoción de millones de toneladas de escombros continúa dificultando las labores de rescate y recuperación.
En las zonas más afectadas la emergencia no se limita a encontrar sobrevivientes. El desafío está en garantizar agua potable, atención médica, saneamiento, vacunación, alimentación y alojamiento digno para una población desplazada que permanece expuesta a riesgos sanitarios crecientes. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que los campamentos temporales pueden convertirse rápidamente en focos de enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales, dengue o enfermedades inmunoprevenibles si no se implementan medidas urgentes de salud pública.
¿Puede la crisis diplomática dificultar la ayuda humanitaria?
Cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud, la primera pregunta suele ser logística: ¿cómo llegan los equipos de rescate? Pero, en el caso venezolano, surge además una interrogante política inevitable. ¿Las tensas relaciones diplomáticas que mantiene el gobierno venezolano con numerosos países pueden convertirse en un obstáculo para la asistencia internacional?
En el derecho internacional no existe una obligación automática que permita a otros Estados ingresar al territorio de un país para prestar ayuda sin su consentimiento. La soberanía estatal sigue siendo uno de los principios fundamentales del sistema internacional. En otras palabras, corresponde al Estado afectado aceptar, coordinar o rechazar la asistencia extranjera.
Por eso existe el concepto de diplomacia humanitaria. Según la define el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, esta se refiere a la aplicación de instrumentos políticos y diplomáticos para promover el respeto al Derecho Internacional Humanitario y su progresivo desarrollo, facilitar operaciones de asistencia humanitaria, y en general, concienciar sobre la importancia de la agenda humanitaria. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), por su lado, se refiere a la diplomacia humanitaria como la acción de convencer a los responsables de tomar decisiones y a los líderes de opinión de que actúen, en todo momento, en beneficio de las personas vulnerables, con pleno respeto de los principios humanitarios fundamentales.
Este concepto explica que, incluso en contextos de profundas tensiones diplomáticas, la ayuda internacional continúe llegando. Tras el terremoto, diversos gobiernos ofrecieron equipos especializados de búsqueda y rescate, hospitales de campaña, recursos económicos y suministros médicos. Paralelamente, Naciones Unidas incrementó sus operaciones sobre el terreno mediante la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), mientras organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS comenzaron a coordinar la asistencia sanitaria y epidemiológica.
No obstante, las crisis diplomáticas pueden ralentizar la respuesta. Las autorizaciones migratorias para brigadas internacionales, los permisos aduaneros para equipos especializados, el ingreso de medicamentos, las telecomunicaciones de emergencia o el transporte aéreo requieren coordinación entre autoridades nacionales e internacionales. Cuando esa coordinación se retrasa por razones políticas, las primeras horas —consideradas críticas para salvar vidas— pueden perderse.
La importancia de un sistema universal
Por esa razón, la comunidad internacional ha desarrollado mecanismos destinados a reducir al mínimo los obstáculos administrativos y políticos durante las emergencias. Existe un sistema internacional compuesto por normas, directrices y mecanismos de coordinación desarrollados durante décadas a partir de las lecciones que dejaron terremotos, tsunamis, huracanes y otras grandes emergencias. Uno de los pilares de ese sistema es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG, por sus siglas en inglés), una red que funciona bajo el paragua de la ONU y que reúne a países y organizaciones especializadas en operaciones de búsqueda y rescate urbano (USAR). Su objetivo no es reemplazar a las autoridades nacionales, sino asegurar que los equipos internacionales puedan trabajar con estándares comunes cuando son desplegados en un país afectado.
INSARAG ha desarrollado metodologías para clasificar y acreditar a las brigadas internacionales según su capacidad operativa —ligera, mediana o pesada—, establecer procedimientos para compartir información y coordinar la búsqueda de sobrevivientes entre estructuras colapsadas. La finalidad es evitar uno de los principales riesgos de las grandes emergencias: que decenas de equipos lleguen simultáneamente sin coordinación, duplicando esfuerzos en algunos lugares mientras otros permanecen desatendidos. La experiencia demuestra que, en un desastre de gran magnitud, la organización puede salvar tantas vidas como la propia capacidad técnica de rescate.
Esa coordinación comienza incluso antes de que arriben las brigadas especializadas. Cuando un Estado solicita apoyo internacional, la OCHA puede desplegar un equipo UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination), integrado por especialistas que evalúan rápidamente la situación sobre el terreno, identifican las necesidades más urgentes y establecen los mecanismos de coordinación entre autoridades nacionales, agencias internacionales y organizaciones humanitarias.
En paralelo, OCHA activa el denominado sistema de clusters, mediante el cual la respuesta se organiza por sectores: salud, agua y saneamiento, alimentación, albergue, protección, logística, educación y telecomunicaciones de emergencia, entre otros. Cada uno de esos sectores es liderado por una agencia especializada de Naciones Unidas o una organización internacional con experiencia técnica. El objetivo es que la ayuda no dependa únicamente de la buena voluntad de cientos de organizaciones, sino que exista una estructura capaz de distribuir responsabilidades, evitar duplicidades y dirigir los recursos hacia las poblaciones con mayores necesidades.
Otro componente fundamental son las Directrices para la Facilitación y Reglamentación Nacional de las Operaciones Internacionales de Socorro y Asistencia para la Recuperación Inicial (IDRL), elaboradas por la IFRC. Aunque no constituyen un tratado internacional jurídicamente vinculante, estas directrices representan uno de los principales referentes mundiales para que los Estados preparen su legislación antes de que ocurra un desastre. Las Directrices IDRL recomiendan, entre otras medidas, simplificar los procedimientos aduaneros para equipos de rescate y suministros humanitarios, facilitar el ingreso de personal especializado, reconocer temporalmente licencias profesionales cuando resulte necesario para salvar vidas y establecer reglas claras para la coordinación con actores internacionales. La lógica es sencilla: en una emergencia, cada hora que se pierde por trámites administrativos puede traducirse en vidas que dejan de salvarse.
La existencia de estos mecanismos no significa que las diferencias políticas desaparezcan. Las relaciones diplomáticas tensas, las sanciones económicas, el cierre de fronteras o la desconfianza entre gobiernos pueden ralentizar la llegada de ayuda o dificultar la coordinación internacional.
Precisamente por ello, el sistema humanitario internacional se sustenta sobre cuatro principios reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aplicados por los principales organismos de asistencia: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. La ayuda debe prestarse exclusivamente en función de las necesidades de las personas afectadas, sin discriminación y procurando mantenerse al margen de disputas políticas, militares o ideológicas.
Desastres naturales y derechos humanos
Aunque los terremotos son fenómenos naturales, las consecuencias que producen sobre las personas no dependen únicamente de la intensidad del movimiento sísmico. También reflejan el grado de preparación institucional, la calidad de las políticas públicas y la capacidad de los Estados para garantizar derechos fundamentales antes, durante y después de la emergencia.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado por la ONU el año 2015, propone dejar de entender los desastres como acontecimientos inevitables para reconocer que muchas de sus consecuencias pueden prevenirse mediante inversión pública, planificación urbana, sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente y políticas de reducción del riesgo. Según el documento, y desde una perspectiva de derechos humanos, la obligación de los Estados no termina cuando cesan las labores de rescate. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que las respuestas frente a los desastres deben proteger, entre otros, el derecho a la vida, la salud, la vivienda adecuada, el agua potable, la alimentación, la información y la no discriminación, prestando especial atención a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, como niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, pueblos indígenas y personas desplazadas.
En la misma línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha recordado que los Estados mantienen sus obligaciones de garantizar el acceso al nivel más alto posible de salud, alimentación, agua y vivienda incluso en contextos de emergencia. La magnitud de un desastre puede modificar las prioridades de actuación, pero no elimina la responsabilidad estatal de proteger la dignidad humana.
El terremoto que hoy enfrenta Venezuela es una prueba para la ejecución de esos derechos, pues las operaciones de búsqueda y rescate concluirán, los escombros serán retirados y comenzará la reconstrucción física de las ciudades; pero será mucho más complejo reconstruir la vida cotidiana de miles de familias que perdieron seres queridos, hogares y medios de subsistencia.
Un terremoto es un fenómeno natural. Que esa tragedia se transforme o no en una crisis humanitaria depende, en gran medida, de decisiones humanas, de la capacidad institucional para responder, de la cooperación entre los Estados y de la voluntad de colocar la protección de la vida y la dignidad por encima de cualquier diferencia política. Esa es, en última instancia, la prueba más exigente que enfrenta la comunidad internacional cada vez que la naturaleza nos muestra su lado menos amable.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP
