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Se ha cumplido ya medio año desde la trágica jornada del 9 de enero en Juliaca en la que perdieron la vida dieciocho personas como consecuencia de la violenta respuesta estatal a las manifestaciones contra el gobierno. Desde aquella fecha, diversas y acreditadas instituciones, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han documentado los hechos y verificado que estas muertes fueron causadas por un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Esto no ha implicado desconocer que los manifestantes incurrieron en actos de violencia también inaceptable. Sin embargo, esta última circunstancia no mitiga en absoluto las responsabilidades por el uso desproporcional de la fuerza pública y la consiguiente obligación del Estado de investigar y administrar justicia por las muertes y numerosas lesiones producidas entre la población.
En su Informe sobre la situación de los derechos en el Perú en el contexto de las protestas sociales la CIDH expresó que “condena los hechos acaecidos en Juliaca e insta a que las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas sean investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial” y que “rechaza los hechos de violencia que tuvieron lugar en el marco de las protestas”. Señaló también que “observa que en los sucesos violentos de Juliaca se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”. Así mismo establece que “corresponde a las autoridades competentes realizar investigaciones exhaustivas para determinar los autores materiales e intelectuales responsables de estos hechos”.
Sin embargo, medio año después es muy poco o prácticamente nada lo avanzado en materia de esclarecimiento de responsabilidades y sanción a los responsables. Por el contrario, hay una clara percepción de que la investigación fiscal es retrasada y obstaculizada. Al mismo tiempo, y más allá del escenario fiscal y judicial, el gobierno no ha dado ninguna señal de admisión de responsabilidades, arrepentimiento por los abusos cometidos ni aprendizaje. En esta actitud desaprensiva y de negación es acompañado por el Congreso de la República.
Todo esto es grave en sí mismo, pero además alarmante de cara a las protestas en Lima anunciada para dentro de una semana. No solamente no ha habido una asunción de responsabilidad por los hechos pasados de parte del gobierno, sino que desde ahora este viene emitiendo un discurso dirigido a la incriminación a priori de quienes participen en las manifestaciones. Ello lleva a pensar que el enfoque y la respuesta estatal sobre las protestas no ha variado significativamente. Corresponde a la sociedad entera y a la comunidad internacional exigir desde ahora al gobierno un compromiso inequívoco de respeto a los derechos humanos en las jornadas de manifestaciones que se avecinan.
