Escribe: Iris Jave (*)
Después de más de 20 años buscando respuestas para atender las reparaciones a las víctimas y familiares del conflicto armado interno 1980-2000, la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET), ha logrado la cesión de un terreno para vivienda por parte del Estado peruano en el distrito de Santa María del Mar, al sur de Lima.
La entrega forma parte de los acuerdos entre el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reparar a 307 víctimas y familiares de desaparición forzada, como parte del Comunicado de Prensa Conjunto (CPC)[1] suscrito el 2001, que ordenó al Estado peruano reparar a más de 500 familiares y víctimas del conflicto armado interno.
Fruto de ese acuerdo, ese mismo año, el Estado peruano entregó un terreno en Huachipa (distrito de Lurigancho-Chosica) a 200 familias víctimas de la violencia. Como ahora, se trataba de un terreno eriazo, sin servicios básicos de habilitación urbana y sin titulación, que gracias al empuje de las familiares se ha ido convirtiendo en un espacio de vivienda y de memoria. Como dijo Luyeva Yangali, presidenta de la ANFADET, “luchar por justicia también es un derecho humano” . Y ciertamente ha sido la lucha de esta asociación, de sus primeras dirigentes, como la señora Doris Caqui o el señor Javier Roca; y de las nuevas generaciones como Luyeva, Bryan, Lady o Gonzalo, quienes han crecido luchando para recuperar sus derechos, en medio de las ausencias de sus padres, madres y demás familiares. Han aprendido no solo a lidiar con el dolor de la pérdida sino también a construir una agenda permanente de reparaciones, justicia, memoria y verdad.
Para ellos no solo es un lema, es una realidad permanente que empieza en la organización y continua mediante una interlocución con diversas instancias del Estado e instituciones sociales para obtener respuestas a sus demandas. La experiencia de las familiares es notable, pero también implica un enorme desafío para el Estado, al plantear reparaciones que efectivamente se conviertan en medidas de dignificación y no sólo respuestas a servicios básicos, que subyacen a las poblaciones vulnerables en general. Ciertamente, la entrega del terreno a la ANFADET es un avance muy importante, pero también hay que señalar que el acceso a la vivienda es una de las reparaciones menos desarrolladas.
Se mantiene la esperanza
Como parte de la ceremonia de entrega del terreno, que organizó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), del ministerio de Justicia, se develó una placa conmemorativa a las víctimas denominada “Hito de la esperanza y la memoria”. Para los familiares el espacio para la reparación de vivienda debe estar acompañado de un proceso de conmemoración, que implica no sólo recuperar sus memorias sino también un reconocimiento del Estado y la sociedad a su experiencia. En su alocución, la Sra. Yangali dijo “Nos caracterizamos por resistir, por perseverar, por tener esperanza…y la memoria de nuestros familiares, que fueron injustamente desaparecidos y asesinados”.
Justamente, la ANFADET ha luchado desde su fundación el 2001, para que las reparaciones puedan concretarse, pero siempre ligadas a un proceso de memoria. Esa fue su experiencia con el primer terreno que recibieron en Huachipa, donde tuvieron que lograr la habilitación, defender el terreno de las invasiones así como impulsar las gestiones para legalizar los lotes a nombre de 200 familiares y víctimas. Desde ese proceso, en el 2020 impulsaron la Casa de la Memoria Viva de Huachipa, como un espacio de conmemoración permanente.
El Estado peruano mantiene su obligación de reparar a las víctimas del CAI, y donde menos ha avanzado es en las medidas de reparación en vivienda. Con la transferencia del terreno, a cargo del ministerio de Justicia, ahora falta la habilitación urbana, el diseño y planificación para el futuro proyecto habitacional para las víctimas y familiares de la ANFADET, que ellas plantean incluya también un proceso de memoria. Que esta ceremonia simbólica que fue cerrada con un pago a la tierra por familiares de 12 regiones, las autoridades y líderes sociales, se convierta efectivamente en un hito para la vivienda, pero también para la memoria.
[1] Ver: http://www.cidh.org/comunicados/spanish/2001/peru.htm
(*) Investigadora en IDEHPUCP.
Vean las fotos aquí.
Créditos: Joaquin Boluarte Jave.
