Foto: ADN Radio
Por José Alejandro Godoy (*)
Hace algunos meses, los politólogos Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea introdujeron el concepto de “vaciamiento democrático” en la discusión pública sobre la realidad política de América Latina en general y del Perú en particular [1]. Ambos estudiosos afirman que se trata de una situación en la que, a diferencia de otros contextos en los que la democracia se deteriora por una fuerte concentración de poder, el sistema termina en peligro por tres factores: “fragmentación y circulación del poder político, amateurismo político y ausencia de vínculos significativos entre quienes ocupan el poder y la sociedad” [2]. En un contexto así no hay actores políticos que respeten las normas ni que ejecuten reformas institucionales a favor de los ciudadanos.
Durante las últimas semanas, en el Perú, varios de estos rasgos se han agudizado en las instituciones más importantes del país. Veamos algunos botones de muestra.
En su mensaje presidencial por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte hizo una breve alusión a las muertes producidas por acción de agentes del Estado en el contexto de las protestas ocurridas en el verano 2022-2023. Si bien habló de reconciliación y pidió perdón a las familias de las víctimas, resulta evidente que el Poder Ejecutivo ha hecho poco en materia de verdad, justicia y reparación, con excepción de algunas compensaciones económicas. En ello, lamentablemente, Boluarte tiene una actuación similar a las de sus predecesores, quienes cumplieron parcialmente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, en algunos casos, las terminaron confundiendo con programas sociales, vaciando de contenido su carácter dignificador. Peor aún, el gobierno actual no ha asumido su responsabilidad; por ejemplo, no ha conformado un grupo independiente de investigación para esclarecer lo ocurrido.
Asimismo, la presidenta de la República ha hecho uso de la controvertida Ley 31810, que le permite ejercer el cargo de forma remota al no tener vicepresidentes. Es cierto que una cumbre sobre la Amazonía, en las actuales circunstancias, es importante para una mejor gobernanza de una de las zonas más delicadas del planeta para contrarrestar el cambio climático. Y también resultaba importante poner al día las normas sobre ejercicio del cargo presidencial en el exterior. Sin embargo, la cita no parece haber cumplido sus objetivos y, al mismo tiempo, resultaba claro para la mayoría de los constitucionalistas que, más que una ley interpretativa, se requería una modificación constitucional, para la que no se tenían los votos suficientes.
Y es que el Poder Legislativo se ha convertido en uno de los más importantes ejes de “vaciamiento democrático” en la sociedad peruana. Una muestra reciente fue la promulgación de la Ley 31751, que recorta los plazos de prescripción de determinados delitos, y a favor de la cual votó el actual titular de ese poder del Estado, Alejandro Soto, quien luego se benefició de la misma, como han señalado varios medios de comunicación. En otro contexto, un escándalo como este hubiera producido la dimisión del titular del Congreso de la República y la reversión de esta norma que, en el fondo, beneficia a determinados personajes políticos en problemas judiciales.
Pero no solo se trata de normas. Lamentablemente, el Congreso de la República viene haciendo uso de instituciones importantes de control político para intentar un ajuste de cuentas contra distintas autoridades. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha emitido dos sentencias que han llamado la atención sobre el mal uso de las figuras de control parlamentario. La primera sentencia anuló un intento de acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, dado que esta posibilidad no está contemplada en el texto fundamental. Y no lo está, precisamente, para evitar que los parlamentarios presionen indebidamente a quienes se encargan de comprobar la legalidad de su elección y proclamarlos como tales. La segunda señaló la indebida conformación de una comisión investigadora que evaluara la posibilidad de un fraude en las elecciones generales de 2021, debido al incumplimiento de requisitos formales – como el número de votos suficiente – para su creación. Dicho sea de paso, dicho grupo de trabajo, que ya cesó en sus funciones, no encontró evidencia alguna de irregularidades en el proceso electoral. Desafortunadamente, aún tenemos parlamentarios que no aceptan una regla básica de la democracia: a veces se gana y a veces se pierde en una elección.
En la misma línea, un grupo de parlamentarios busca iniciar investigaciones con miras a la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia en momentos en que esta entidad realiza indagaciones sobre la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre quien hay cuestionamientos relativos a la autenticidad de sus tesis académicas y también por decisiones tomadas en su cargo. Resulta evidente que la actual mayoría parlamentaria busca que Benavides se mantenga en el puesto y que desde esa posición favorezca a parlamentarios que se encuentran bajo investigación o a los jefes de sus partidos.
Otras entidades ya capturadas dan muestras de signos de degradación en su actuación. Como ha denunciado recientemente el portal Ojo Público, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha contratado a personalidades cercanas a sus actuales autoridades y a su visión contraria a la reforma universitaria [3]. Al mismo tiempo, medios y personas afines a esta nueva gestión han buscado acusar de posibles conflictos de intereses a exministros de Educación – como Ricardo Cuenca y Flor Pablo – por consultorías realizadas al sector, presentándolas como si hubieran sido encargadas por SUNEDU, a la par que se ataca a periodistas que informan sobre el relajamiento de estándares en la institución.
¿Qué puede hacer la ciudadanía al respecto? Debe mantenerse vigilante frente a los evidentes signos de deterioro de nuestras instituciones, así como demandar a los medios de comunicación una mayor fiscalización sobre estos problemas, que tienen un impacto directo en los derechos fundamentales de las personas, así como en la calidad de vida de los ciudadanos. Resulta indispensable que la democracia sea defendida por los ciudadanos.
(*) Politólogo. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Autor de libros sobre historia política peruana contemporánea, siendo el más reciente Peligro: Orden de Disparar. Democracia y violencia en el Perú 1980 – 1986.
[1] https://www.journalofdemocracy.org/articles/peru-the-danger-of-powerless-democracy/
[2] https://nuso.org/articulo/Peru-democracia-vaciamiento/
[3] https://ojo-publico.com/politica/contratos-expres-la-nueva-sunedu-los-actores-la-contrarreforma
