Fuente: TV Perú
Las noticias sobre el Tribunal Constitucional no dejan de ser preocupantes, y lo son cada vez más.
A inicios de marzo, se dio a conocer la sentencia en la que se desconoce el carácter de derecho fundamental de la consulta previa. Esto deja en situación de desprotección jurídica a, sobre todo, los pueblos indígenas del Perú. Diversas instituciones académicas y la sociedad civil han señalado hasta qué punto esta decisión es cuestionable, comenzando por el hecho de que es contradictoria con la jurisprudencia del propio TC.
Dos semanas después, el TC decidió revalidar el indulto a Alberto Fujimori, que había sido declarado nulo por la Corte Suprema. Esa decisión, que vulnera los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, ya ha motivado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una resolución en la que ordena al Estado peruano “abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022”.
En ambos casos estamos ante sentencias que vulneran el Estado de Derecho y cuya debilidad jurídica es patente. A esta situación se añade, ahora, el discutible proceso de selección de candidatos a integrar dicho Tribunal que lleva a cabo el Congreso. En la última semana se ha conocido la lista de posibles tribunos, una lista que indica una intención de repartir los cupos con criterio partidario y sirviendo a intereses de grupo.
En momentos en que la degradación de las instituciones es constante y los actores en política parecen no conocer fronteras en la persecución de sus propios intereses, en perjuicio del interés público, el orden jurídico aparece como la última línea de defensa de la democracia. El Tribunal Constitucional ha desempeñado ese papel en anteriores circunstancias, y sería una pérdida irreparable para el país que también esa institución fuera capturada por intereses de grupo o por banderías ideológicas. Corresponde a la sociedad civil estar muy atenta y hacer sentir su voz ante ese peligro.
