Por: Juan Takehara Mori
La pandemia no solo viene afectando las medidas en salud pública en la región sino que también pone a prueba el sistema democrático y la defensa por los derechos humanos. Conversamos con Claude Heller, embajador eminente de México y vicepresidente del Comité de la ONU contra la Tortura, quien concuerda que la actual situación viene afectando la credibilidad de varios mandatarios por los problemas para combatir el COVID-19.
Con el masivo envío de vacunas contra el SARS-CoV-2 de países proveedores como China y Rusia hacia América Latina ¿estamos camino a un nuevo mapa político?
No lo creo, la configuración política de la región depende de los contextos nacionales y de procesos más profundos que se han reflejado en la celebración de elecciones relativamente recientes en varios países (Argentina, Bolivia, Paraguay, República Dominicana) y las que están programadas este año (Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú). Si bien existe una “geopolítica de las vacunas” derivada de la competencia entre gobiernos y laboratorios de países occidentales y de China y Rusia, el tema fundamental ha sido la inequidad en el acceso y en la distribución dado el acaparamiento en los países más desarrollados en detrimento de los más pobres o de renta media. Se diseñó la plataforma COVAX bajo el amparo de la ONU, pero los recursos financieros y las vacunas disponibles han sido insuficientes. De acuerdo con la OMS, 130 países no han recibido hasta la fecha ni una sola dosis. En este contexto, es natural que los gobiernos latinoamericanos busquen adquirir las vacunas dónde haya disponibilidad. No es una cuestión de preferencia política sino de la preservación de la salud ante una pandemia devastadora. Evidentemente, China y Rusia han proyectado su imagen en la diplomacia de las vacunas como países que se muestran solidarios con los más necesitados.
En un artículo usted comentó los diferentes retos y planes de Joe Biden para recuperar el liderazgo internacional. ¿Cómo prevé que será la agenda Biden con América Latina?
La política exterior estará basada más en la acción diplomática que en la aplicación de medidas coercitivas como fue el caso de su predecesor, tales como la imposición de aranceles comerciales y las sanciones unilaterales destinadas a provocar un cambio de régimen en varios casos. En materia de migración, una de las prioridades nacionales estadounidense, la administración Biden ha revertido de inmediato la política de Trump como lo ejemplifican el abandono de la construcción del muro fronterizo con México, la anulación de los Protocolos de Migración que obligaban a miles de solicitantes de asilo a permanecer en México en condiciones inseguras, la reunificación de menores migrantes con sus familias deliberadamente separadas, la abolición de los acuerdos con Centroamérica de Tercer País seguro que permitía deportaciones masivas, y el inicio de un complejo proceso que abre la vía para la legalización y ciudadanía de millones de migrantes irregulares que viven en su territorio. Esto no significa una política indiscriminada de puertas abiertas para nuevos flujos, pero si el fin de medidas contrarias a las normas internacionales de derechos humanos.
El principal desafío es la recomposición de las relaciones interamericanas teniendo en cuenta, además, que Estados Unidos será la sede de la próxima Cumbre de las Américas. La búsqueda de una solución política de la crisis en Venezuela, la normalización de las relaciones con Cuba, y la deriva autoritaria de la situación en Nicaragua, están entre otras cuestiones en la agenda. Ello exigirá una mayor concertación con América Latina y el Caribe al tiempo en que la región es de las más afectadas por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. La cooperación en materia de salud y desarrollo serán esenciales, pero también la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
«El acceso a los servicios de salud y a la vacunación adquieren un carácter prioritario, pero también una reorientación de las políticas sociales. La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible adoptada en Naciones Unidas en 2015 marcó una hoja de ruta que debe ser revisada por cada Estado»
¿Considera que la pandemia puede haber generado en la región un retroceso en el liderazgo de sus mandatarios para la defensa de los derechos humanos?
Sin duda. En algunos países importantes, los presidentes minimizaron la importancia del COVID-19, adoptaron incluso actitudes negacionistas y rechazaron recomendaciones básicas como el uso de mascarillas y la distancia social. Curiosamente, varios de ellos sufrieron en contagio del COVID-19. Ello fue en detrimento de su obligación de proteger los derechos humanos fundamentales de la población. Los derechos a la vida, la salud, el saneamiento, la educación, el empleo, la vivienda y la justicia sufren entre otros un severo retroceso. La falta de medidas de emergencia en sistemas de por si débiles de salud contribuyeron al alto número de contagios y de víctimas de la pandemia. Tampoco se adoptaron políticas de apoyo económico y social para mitigar la crisis creciendo así el quiebre del comercio formal e informal, el desempleo y la pobreza extrema. También algunos gobiernos encontraron en la pandemia una justificación para limitar la libertad de expresión y de reunión. La acusación de propagar noticias falsas sobre la pandemia llevó en algunos casos a sanciones penales en contra de críticos, opositores y defensores de derechos humanos.
La pandemia ha empeorado la situación en grupos vulnerables. ¿Qué países considera que pueden recuperarse más rápido -o más lento- en materia de derechos humanos?
Aquellos que adopten políticas consistentes de protección de las categorías más vulnerables de la población como las personas en situación de pobreza extrema, las poblaciones indígenas, las minorías, los migrantes y refugiados, y las personas privadas de libertad. El acceso a los servicios de salud y a la vacunación adquieren un carácter prioritario, pero también una reorientación de las políticas sociales. La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible adoptada en Naciones Unidas en 2015 marcó una hoja de ruta que debe ser revisada por cada Estado. Pero no habrá milagros en aquellos países que confrontan retrocesos históricos estructurales como Haití y en Centroamérica.
A fines del año, durante las protestas en Perú, la policía reprimió con fuerza excesiva a cientos de manifestantes y mató a dos jóvenes. Actualmente existe un distanciamiento en la población y las fuerzas del orden. En ese sentido, ¿cuál es el mecanismo idóneo que debe seguir el Estado mientras se busca procesar a los agentes responsables y al mismo tiempo se intenta recuperar la confianza de las personas con sus autoridades?
El uso excesivo de la fuerza y la brutalidad policíaca son desafortunadamente comunes en diferentes contextos nacionales independientemente del nivel de desarrollo político. Abordar las causas de la violencia es una tarea esencial. En muchas ocasiones el uso excesivo está asociado al racismo y a la discriminación social que afecta a los grupos más vulnerables. De ahí la importancia de los procesos de selección, capacitación y evaluación de las fuerzas del orden que sean compatibles con las normas establecidas en diversas convenciones de derechos humanos. La existencia de una auténtica capacitación de derechos humanos involucra a policías y otros miembros de las fuerzas del orden, pero también a abogados, jueces, médicos, encargados del sistema penitenciario y miembros de la sociedad civil. La lucha contra la impunidad exige investigaciones serias y profesionales que inculpen y sancionen a los responsables de la violación de derechos humanos.
Entrevistas anteriores:
- Adriana Urrutia: “Tres de cuatro mujeres han sido víctimas de acoso político durante la campaña electoral”
Patricia Urteaga: “la enseñanza de los derechos humanos, no solamente a nivel universitario y de posgrado, sino de educación formativa escolar es consustancial a la vigencia de la democracia”
David Hidalgo: “Hay diversos grupos generadores de desinformación”
Rolando Ames: “Creo que la lucha contra la corrupción ha empezado a repolitizar al país”
Edward Dyer: “el ejercicio democrático no debe medirse solo por el número de votantes, sino por el nivel de información con el que acuden a hacer valer su posición”
