David Hidalgo: “Hay diversos grupos generadores de desinformación”

Por: Juan Takehara 

En medio de la primera campaña de vacunación, la cobertura electoral y las acciones que realizan el Gobierno y la sociedad civil para reducir el impacto del Covid-19, a diario somos receptores de un sinfín de rumores y datos no verificables desde nuestras plataformas de redes sociales. Es un problema real que podría poner nuestras vidas en riesgo.

Las campañas de desinformación representan también un reto para el periodismo serio, el cual se ve obligado a reforzar de manera constante su sistema de verificación de datos. Conversamos con David Hidalgo, director periodístico de Ojo Público, sobre el trabajo que realiza con la red Ama Llulla, una iniciativa periodística de varios medios independientes y afines que buscan exponer los datos imprecisos, pero también encontrar quiénes están detrás de ellos.

El término fake news, o noticias falsas, en español, se utilizó al inicio del fenómeno hace algunos años, en relación con cierto contenido que presentaba la forma de noticia, pero que en realidad era engañoso o falso. Pero la complejidad de este fenómeno ha llevado a denominarlo más precisamente «desinformación» y más bien la profusión de este tipo de desinformación ha generado, ya en el contexto de la pandemia, el término infodemia para referirse al proceso viral, complejo, simultáneo, global y con mucho potencial dañino cómo es justamente una epidemia. En este caso sería una pandemia de desinformación. Es un contenido que trata de generar incertidumbre y confusión, muchas veces motivado por agendas muy específicas, pero también por intereses básicamente económicos. Hay diversos grupos de generadores de desinformación. Están los que persiguen agendas políticas conservadoras y que van generando desinformación sobre, por ejemplo, las vacunas o las presuntas curas, promoviendo dudas sobre ciertos medicamentos o sustancias. Si uno hace el rastreo de eso grupos son los mismos que promueven agendas conservadoras que restringe derechos. Y también están, por supuesto, los grupos políticos que a manera de cuadrillas de desinformadores van atacando objetivos específicos. En el caso de Ama Llulla, por ejemplo, se ha visto claramente una estrategia contra esta red buscando generar confusión fraguando páginas y logotipos, manipulando de manera malintencionada contenidos que utilizamos nosotros. Ya no usamos el término «noticias falsas» o fake news porque una noticia de por sí no puede ser falsa, es un contra sentido, por eso utilizamos el término desinformación.

El proceso de verificación sigue un estándar internacional. El mayor referente actualmente sobre el trabajo de los verificadores es la red internacional de fact cheking o International Fact-Checking Network, coordinada por el Pointer Institute desde Estados Unidos. Es uno de los grupos más grandes de los principales medios y organizaciones de verificación en el mundo y a lo largo de la pandemia ayudamos en esa línea. Este proceso de verificación. sigue estándares internacionales que son, por ejemplo, la identificación del origen de la desinformación. Es un paso fundamental para saber de dónde viene, quién la dijo y en qué contexto. Luego viene la ubicación y consulta de fuentes de referencia, que son las fuentes oficiales, las que contienen la última información actualizada y demostrable. También se acude a fuentes académicas o científicas especializadas según el tema. La idea es que un chequeo tenga por lo menos tres fuentes que te permitan realizar un contraste adecuado de la información y de la evidencia y sobre esa base se establece una calificación. Es el procedimiento que, con algunos pequeños matices dependiendo del medio, todos respetan y es el que utilizamos en la red Ama Llulla.

Lo que hacemos a veces es intercambiar fuentes. Por procedimiento y con la experiencia a lo largo de la pandemia, lo que hemos encontrado es que a veces uno puede encontrar como antecedente de un tema que está verificando algo que ya ha sido verificado en el pasado y que también puede citar como parte de su argumentación.

Hay mucha desinformación en relación, por ejemplo, a la ejecución del presupuesto, orientada específicamente a tratar de acentuar la idea de que la anterior gestión ha sido ineficiente. Los candidatos suelen repetir cifras que muchas veces no son precisas, o incluso son abiertamente falsas, acerca de la devolución del dinero público, la falta de ejecución de determinados porcentajes en áreas clave como la educación o salud. También es recurrente el tema de los gastos en consultorías, que es muy polémico. Nosotros no hemos tomado posición acerca de si es correcto o no utilizar determinados recursos para las consultorías, pero sí que la afirmación tiene que ser precisa y estar sustentada. Si no corresponde a la realidad sencillamente se califica como falso, al margen de si el monto real es alto o no. Por ejemplo, el candidato Rafael López Aliaga dijo que al año se gastan en el Perú 4,000 millones de dólares en consultorías, lo cual es falso. Ese tipo de afirmaciones, con diversas cifras y estimados, suelen salir de parte de los candidatos en el contexto de la campaña y también los hemos verificado. También el problema de las vacunas que se ha vuelto un tema de interés público y también de manipulación política. Se habla mucho de ineficacia de las vacunas, del poco rigor que se ha tenido para elaborar estos antígenos en relación a otros casos en que se han demoraba más años, eludiendo los diferentes criterios de la emergencia mundial que han permitido acelerar procesos. Por supuesto, estas afirmaciones no son gratuitas, sino que están ligadas a otro tipo de propuestas y de lecturas de la realidad que evidentemente tienen un sesgo. Nosotros no opinamos si una postura es correcta o no. Lo que hacemos es determinar si la afirmación tiene o no sustento y sobre esa base emitimos la calificación.

Siempre ayuda que el Estado haga una comunicación más efectiva, pero en realidad es imposible que un Estado reduzca el fenómeno de la desinformación porque es un problema global y abrumador que ha obligado a las grandes plataformas de redes sociales a hacer estrategias para contrarrestarlo. Es inmanejable. Se pueden aplicar algunas medidas como ofrecer una información más oportuna y abierta, eso sí. Pero no estoy tan seguro de que eso hubiera ayudado a contener la difusión de los rumores falsos. Yo no hablaría de la credibilidad de los bulos. No es que tengan credibilidad; simplemente acentúan prejuicios y nociones equivocadas entre personas que o por desconocimiento o abiertamente por interés siguen difundiendo.

No, esa es una abierta violación de las prácticas periodísticas. Uno no puede justificarse alegando que una fuente anónima dio un dato. Justamente la precisión del fact checking, es decir, su solidez como método periodístico de investigación es que no acepta fuentes anónimas. Toda la información que se utilicen en verificación tiene que estar plenamente identificada y puesta directamente en los informes para que el propio lector pueda revisarlo y contrastarlo. La cuota de responsabilidad, por supuesto, es mayor ahora que estamos conscientes del fenómeno de la desinformación. No se puede divulgar desinformación que genera perjuicios y potenciales peligros a la salud generando incluso inestabilidad política. Uno de los casos que verificamos fue la difusión de una fotografía que mostraba a un grupo de personas detenidas de manera arbitraria en una comisaría en el contexto de las protestas de noviembre. Cuando hicimos la verificación, utilizando incluso plataformas de rastreo de fotografías, detectamos que era una imagen de México publicada por lo menos tres años antes. Pero esa foto, en un contexto de emergencia o de crisis política, puede azuzar diferentes reacciones que alteran el orden público. Por eso es inaceptable que un periodista difunda esa información de manera impune. Estaría trasgrediendo un principio básico de la profesión.

Es algo muy delicado. En la comunidad de verificación global se ha visto que cualquier ley que apunte presuntamente a sancionar la desinformación termina siendo una amenaza para la libertad de expresión y prensa. Por consenso se apuesta más a la autorregulación. No considero necesario una ley específica contra la falsa información. Lo que considero necesario es que los medios hagan mayores esfuerzos para autorregularse, para implementar estándares más rigurosos en la investigación, y que cuando se transgreda y se publique información difamatoria, se apliquen leyes que ya existen. Una ley contra la desinformación es más riesgosa que beneficiosa.