Verónica Jaramillo: "En Latinoamérica han criminalizado la migración"

La migración en la región es un problema social que viene afectando a miles de familias y trasciende fronteras de varios países. Conversamos con la abogada argentina Verónica Jaramillo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y especializada en Derechos Humanos quien viene a Lima como docente del VII Curso Internacional de Actualización sobre el SIDH.

La región experimenta un momento histórico en cuanto a la cantidad de desplazamiento intrarregional, pero las motivaciones de la salida son las mismas por las que se han migrado siempre. A nivel sur-sur no solo se observan flujos muy dinámicos y diversos, que reconfiguran su estrategia migratoria según las crisis económicas y  políticas en origen sino que también se modifican según las políticas migratorias de los Estados receptores latinoamericanos, que vienen poco a poco abandonado su tradición hospitalaria.

No existe diferencia alguna, solo el lugar donde viven. La gente migra donde puede. Donde le alcanza el dinero, los destinos y los tránsitos migratorios están condicionados por la clase social. Los intereses son los mismos, sobrevivir. Pero, sí podemos establecer diferencias en cuanto a las políticas migratorias de EE.UU. y Europa, que a diferencia de lo que ocurre en latinoamérica han criminalizado la migración cerrando fronteras y haciendo más inseguros los pasos y con ello más rentables el negocio para traficantes y tratantes de migrantes. Esta situación ha generado grandes pérdidas de vidas humanas tanto en el mediterráneo como en el desierto estadounidense y ha irregularizado la estadía de cientos de personas que tienen que buscar trabajos precarios para solventar su vida y la de su familia.

La normativa de la región ha empeorado significativamente, con algunas pocas excepciones, no solo no se ha actualizado sino que hay regresividad en los derechos de las personas migrantes. La creación de peores normas, la imposición de visados, régimen excepcionales, la omisión del principio de no devolución y el cierre de fronteras exponen una gran devaluación de la política migratoria latinoamericana. En algunos países que contaban con normas anacrónicas y en los márgenes de los derechos humanos se profundizaron con regímenes aún peores para la vida de las personas migrantes. Los pocos países que exponen un avance, lo hacen mediante normativas que no están pensando la migración como fenómeno estructural y permanente, sino que la piensan como coyuntural, por lo que las medidas son provisionales. Los problemas de interpretación de las normas tienen que ver con la xenofobia (oportunista en épocas de campañas políticas) y falta de voluntad política de cumplir con acuerdos internacionales previamente firmados.

La xenofobia tiene su principal raíz en la desinformación y en el desconocimiento de la realidad. La empatía es necesaria para comprender el fenómeno y sobre todo comprender que todas nuestras sociedades han sido y serán migrantes. La academia tiene mucho que aportar desde evidenciar cifras y contrastes que expongan lo absurdo de la des-información hasta educar en derechos humanos para sociedades más justas. El Estado tiene la obligación de crear organismos veedores en los medios de comunicación para prevenir y sancionar la xenofobia y el racismo.

Los principales problemas que tienen las mujeres migrantes que experimentan violencia de género tienen que ver, en primer lugar, con el desconocimiento del sistema de justicia y de los recursos en el país de acogida. Las diferencias entre las culturas jurídicas las expone a laberínticas rutas para acceder a la justicia y a la protección del Estado. Otro de los obstáculos que experimentan cuando intentan salir de su país escapando de la violencia machista es que frecuentemente les piden autorización del padre para poder salir con sus hijes y si no cuentan con sentencias judiciales firmes no dejan salir a los menores de edad del país. Pero, la posibilidad de tener una sentencia firme se ve condicionada por sistemas jurídicos patriarcales en los que las mujeres tardan años antes de tener una sentencia condenatoria en contra del agresor y al necesitar salir a toda costa, quedan sometidas a rutas más caras e inseguras y pasos irregulares que las llevan a quedarse muchos años sin la documentación local por no haber ingresado por pasos habilitados al país de destino. Lo que las condena a trabajos desregulados, insalubres y a redes de explotación sexual o laboral. Otra de las grandes dificultades, sin duda, es no contar con redes de contención familiar que les permitan dejar prontamente al agresor, al estar lejos de sus familias y sus afectos es difícil encarar una separación o decidirse a denunciar al violento.

Se deben crear circuitos de acceso a la justicia donde exista una acompañamiento que tenga en cuenta las diferencias culturales, que pueda brindar contención médica, económica, sicológica y legal para atravesar las distintas etapas de la violencia machista. Es necesaria la capacitación a jueces, fiscales y demás funcionarios del poder judicial y administrativo que tenga contacto con población migrante para concientizar de las dificultades para acceder a la justicia que pueden enfrentar las mujeres migrantes en los países de destino. También es necesario la capacitación a mujeres migrantes de los mecanismos que tiene el Estado a disposición para contener las violencias es central y necesario.