Yván Montoya, asesor del IDEHPUCP, comentó la última propuesta de Acción Popular. Los parlamentarios presentaron el proyecto de ley 5134-2020 que busca incorporar un agravante al actual Código Penal a fin de sentenciar con cadena perpetua e inhabilitación [muerte civil] permanente a todo alto funcionario público que cometa actos de corrupción.
Para el exprocurador anticorrupción Yván Montoya, la propuesta es “populista y desproporcionada”. En diálogo con El Comercio, Montoya consideró que la iniciativa incluso tiene «un efecto peligroso porque con ella se cree erróneamente que se combate a la corrupción”.
Montoya agregó que el Parlamento debería implementar otros aspectos que hoy se requieren “empezando por ellos y sus declaraciones juradas de intereses que quieren publicar con parámetros nada transparentes ni efectivos”. Dijo que además se requiere el “fortalecimiento de la Contraloría para fiscalizar efectivamente las declaraciones juradas de ingresos y rentas de los funcionarios a fin de que puedan levantar el secreto bancario o la reserva tributaria”.
“Yo estaría de acuerdo con precisar el tema de la inhabilitación absoluta [muerte civil] para ejercer cargos públicos. La última ley no es tan precisa y no abarca el caso de fondos en contextos de emergencia”, finalizó Yván Montoya, quien también se desempeña como asesor jurídico del Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
