Compartimos la columna de Marcela Huaita, abogada e investigadora asociada del IDEHPUCP, publicada en PuntoEdu.
Entre los esfuerzos que está desplegando el Gobierno peruano en su lucha contra el coronavirus, las mujeres tienen cada vez un rol más destacado. De un lado, podemos ubicarlas de manera extensa en el personal de salud que debe seguir trabajando para dar atención directa a quienes se encuentran en los establecimientos médicos. Por otro, las encontraremos en todos los hogares en su rol más extendido de cuidado.
Otras políticas, desde hace años, vienen identificando a las mujeres –especialmente de los sectores más pobres– como motor de inclusión social».
Pero, ahora, son ellas las que han sido seleccionadas -una vez más- por el Estado como socias en la política pública. En efecto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entregará el bono económico de S/ 380 a las mujeres de las familias más pobres, para ayudarlas a quedarse en casa a fin de hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Esta decisión guarda relación con otras políticas que, desde hace años, vienen identificando a las mujeres –especialmente de los sectores más pobres– como motor de inclusión social. En efecto, el programa de transferencias condicionadas (Juntos), desde su creación, trabaja con las madres y descansa en ellas la entrega de dinero en beneficio de sus familias. Este programa, además, representa una de las principales herramientas de combate contra la pobreza, no solo en el Perú sino en toda la región, en el marco de diferentes estrategias y políticas sociales.
El Estado ha ganado experiencia en su relación con las mujeres como beneficiarias de programas sociales y transferencia de dinero».
Ahora bien, el anuncio hecho por el Gobierno no se limita a las mujeres madres, sino que está dirigido a las mujeres en general entre 18 y 60 años. Sin embargo, es claro que una gran mayoría de ellas tiene esta responsabilidad. En efecto, de acuerdo con el INEI (Censo, 2017), las madres son 8’612,000 y representan el 68.8% de mujeres en nuestro país. De ellas, más del 80% se encuentra entre los 20 y 59 años (48.2% tiene entre 30 y 49 años, 17.6% tiene entre 50 y 59 años, y 14.8% tiene entre 20 y 29 años).
En un momento crítico como el actual, creemos que resulta acertada la decisión de escoger a las mujeres como socias de la política pública, entre otras consideraciones, por las siguientes razones:
- Hay evidencia suficiente que demuestra que las mujeres administran el dinero de manera más eficiente cuando se trata de invertir recursos en la sobrevivencia de la familia, en especial cuando tienen a su cargo a personas dependientes.
- El Estado ha ganado experiencia en su relación con las mujeres como beneficiarias de programas sociales y transferencia de dinero, lo que le permitiría una mayor eficiencia en su implementación.
Si bien las mujeres han sido el mayor número de personas contagiadas en el mundo, el índice de letalidad del coronavirus parece afectar más a los varones».
De otro lado, analicemos la posibilidad de que la transferencia sea indiscriminada a mujeres u hombres de 18 a 60 años. Aun cuando no sea la familia sino el Estado el que tome la decisión de a quién se hace la entrega, ello podría conllevar ciertos riesgos sociales indeseables en un momento de aislamiento social como el actual. Algunas consideraciones respecto al comportamiento de hombres adultos, entre 18 y 60 años, que se deben tomar en cuenta son:
- Una vez en la calle, los hombres pueden tener más resistencia que las mujeres de regresar a la casa, puesto que este no es su espacio “natural”.
- En una situación de escasez, pueden presentarse situaciones de robo y hurto. Lamentablemente, los hombres tienen abrumadoramente una tasa mayor de delincuencia que su pares femeninas.
- Mujeres solas en la calle pueden verse intimidadas o agredidas por hombres solos en espacios urbanos sin vigilancia.
Esperamos que, en el futuro, las mujeres también seamos socias para políticas de otro tipo, como las de agroexportación, innovación tecnológica, startup, y otras de inserción económica y diversificación productiva».
Ello hace previsibles posibles escenarios de conflictividad social, que exigirían un mayor despliegue de las fuerzas del orden que, desde cualquier punto de vista, es aconsejable evitar.
Por otro lado, consideraciones de salud pública parecen evidenciar, de acuerdo con los últimos datos científicos, que si bien las mujeres han sido el mayor número de personas contagiadas en el mundo, el índice de letalidad del coronavirus parece afectar más a los varones por cuestiones del funcionamiento de nuestro sistema inmune.
En suma, creemos correcta la decisión de identificar a las mujeres como socias en la política pública de contención frente al coronavirus, aunque ello, por el momento, descanse en roles tradicionales de género y ponga sobre sus hombros una mayor responsabilidad. Esperamos que, en el futuro, las mujeres también seamos socias para políticas de otro tipo, como las de agroexportación, innovación tecnológica, startup, y otras de inserción económica y diversificación productiva, que el Gobierno sin duda deberá promover una vez remontada esta crisis.
