Rafael Chanjan, abogado e investigador del IDEHPUCP, analizó, junto a los abogados penalistas Antonio Maldonado y Luis Lamas Puccio, las implicancias del pedido de Pier Figari para su propia situación legal y para el resto de procesados por el Caso Lava Jato en el medio periodístico El Comercio.
Los especialistas coinciden en que si bien está en su derecho de defensa, con su pedido de adecuación, Figari pretendería que la pesquisa de la fiscalía se desvíe de su curso y sea desarrollada en base a un tipo penal con una sanción menor, pero buscando principalmente el archivo del caso o su dilación.
Actualmente, el delito de lavado de activos tiene una pena de hasta 20 años de cárcel, cuando el agente se sirva de su condición de funcionario público, sea parte de una organización criminal. En tanto, el nuevo delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas contempla sanciones de entre 2 y 8 años de prisión.
Sin embargo, Lamas Puccio apunta: “Acá no se está discutiendo el financiamiento, se está investigando la fuente con la que se financió. Que se habría usado en una campaña política, podría ser una de las modalidades de lavado de activos”.
En ese sentido, Chanjan sostuvo que el nuevo delito tipificado «no debería tener ningún impacto» ni significar un obstáculo para las investigaciones actuales del Caso Lava Jato en torno al presunto lavado de activos relacionados al financiamiento de la campaña de partidos políticos.
“Porque el nuevo delito se circunscribe a simples entregas de aportes o beneficios a organizaciones políticas, violando determinadas normas electorales. Es una conducta simple. En cambio, el actual delito de lavado de activos y las investigaciones actuales a raíz del Caso Lava Jato implican hechos mucho más complejos y graves. La imputación es por actos de conversión, transferencia u ocultamiento de bienes que tienen origen criminal. Las conductas son completamente distintas, ambos delitos protegen intereses absolutamente distintos”, explicó.
Sobre la retroactividad del requerimiento, «no se aplica la retroactividad benigna, porque son conductas prohibidas distintas, los hechos que se investigan son más complejos que el mero financiamiento. En ese sentido, deberían de descartarse este tipo de peticiones”, explica Chanjan, mientras que Maldonado considera que la retroactividad “no aplica de manera mecánica”.
Respecto a una posible adecuación de la investigación contra Pier Figari, Chanjan ratificó su posición a favor de que pedidos como el mencionado sean declarados infundados o improcedentes. “Se pretende otorgarles un beneficio penal a sus defendidos intentando que se les investigue por un delito que es mucho más benigno, menos gravoso en cuanto a la pena”, señaló.
Finalmente, Chanjan dice creer que no solo el Ministerio Público declarará improcedentes pedidos como el de Figari, sino que el Poder Judicial también será claro al respecto. “En el supuesto criticable de que se le vaya a dar la razón a este tipo de pedidos, se podría utilizar como un mal antecedente para intentar que se aplique a otros imputados”, sentencia.
