El reportaje de El Comercio sobre la situación de los “recolectores de cuerpos” de las personas fallecidas por la COVID-19 nos hace participes de una realidad desgarradora. Además de enfrentarnos con la muerte en condiciones tan trágicas, el reportaje nos muestra a quiénes realizan uno de los trabajos más peligrosos y seguramente más invisibilizados durante esta pandemia: el recojo y traslado de cadáveres al crematorio y la devolución de las urnas con las cenizas a las familias.
Este trabajo, que le da la “cara a la muerte”, en palabras de uno de los entrevistados, viene siendo realizado en especial por los y las migrantes. De acuerdo con las cifras presentadas en el reportaje, el 85% de los empleados del crematorio Piedrangel son venezolanos y tienen un promedio de 27 años. Las necesidades del crematorio han crecido de manera exponencial: antes de la pandemia no tenían el servicio de recojo de cuerpos.
La sobrerrepresentación de la población migrante en esta labor no es una casualidad. “Si no lo hacemos nosotros, quién lo va hacer”, comenta uno de los entrevistados. Y es que la población venezolana desde su llegada al país se ha insertado en trabajos altamente precarizados y subvalorados como los servicios de delivery, la venta ambulante y el transporte informal. Frente a necesidades económicas apremiantes, esta población ha buscado una inserción rápida en un mercado laboral estructuralmente informal, todo ello con el estigma de ser los que roban empleos a la población nacional o generan una disminución en los sueldos de los nacionales. Esta situación, de por si compleja, se agrava con la pandemia debido al paro casi total de las actividades económicas. La imposibilidad de acceder a las distintas ayudas del gobierno está aislando y poniendo en dificultades a esta población.
“La realidad está en que alguien tiene que hacer este trabajo”, menciona otro joven venezolano en el documental. En los países de destino de la migración internacional, las labores esenciales tales como las labores de cuidado o de venta de productos de primera necesidad, suelen ser realizadas por las personas migrantes. Ello se explica por varias razones entre las cuales destacan la baja remuneración que tienen estas labores, aunque paradójicamente consideradas esenciales, y la discriminación que suele sufrir esta población.
La recolección de los cuerpos de personas fallecidas por la COVID-19 es sin duda una labor esencial que nadie se ofrece a realizar por los riesgos que implica. En el documental, los trabajadores venezolanos nos cuentan el dolor de las familias que perdieron a un ser querido y, a la vez nos narran el temor que tienen de contagiarse y contagiar a los suyos.
Con la pandemia, hemos visto renacer la necesidad de revalorizar los trabajos esenciales como, por ejemplo, los vinculados con la salud pública y la alimentación. Esta revalorización también implica garantizar y perennizar derechos a los que corren riesgo por todos nosotros. Y ello implica reconocer a los y las migrantes como parte (fundamental) de nuestras sociedades. Entre otros primeros esfuerzos para garantizar una vida digna a esta población, la regularización migratoria y el respeto al derecho a vivir en familia, así como el reconocimiento prima facie como refugiados urgen ser considerados en el caso peruano.
