El Concurso Yachay es una de las competencias de derecho más reconocidas en el ámbito académico latinoamericano. Este año, en su décimo novena edición, se consolidó como un ejercicio académico que propone un escenario realista y complejo, donde se entrecruzaron la violencia, la impunidad, las economías ilícitas y la responsabilidad del Estado frente a graves violaciones de derechos humanos. La edición 2025 del Yachay contó con la participación de 21 delegaciones de estudiantes provenientes de universidades de México, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Perú.
Entre el 27 y el 31 de octubre tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la PUCP la fase oral del concurso, la que estuvo acompañada, además, de diversas actividades académicas y culturales. Los equipos participantes compitieron simulando el litigio de un caso ante la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 10 de ellos asumieron el rol de representantes del Estado y 11 el de las presuntas víctimas.
Tras una destacada participación, la delegación de la Universidad Católica de Colombia, integrada por Karen Gómez y Valentina Bello, obtuvo el primer lugar en la competencia, por lo que recibió como premio la admisión automática al programa de pasantías de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la suma de US$ 1000 (Mil dólares americanos) para cubrir parcialmente los gastos de traslado a San José de Costa Rica, sede la Corte. Las estudiantes Paola Desposorio y Damaris Arce, integrantes del equipo de la Universidad Nacional de Trujillo, obtuvieron el segundo puesto.
Por su parte, Valentina Duarte, de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, recibió el trofeo a mejor oradora del concurso. De igual manera, los participantes Paula Tohalino y Christian Hinojosa, del equipo de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa recibieron el premio al mejor memorial en representación del Estado. Finalmente, el equipo de la Universidad de Otavalo de Ecuador, integrado por Mateo Sevillano y Mathías Mantilla, obtuvo el reconocimiento al mejor memorial en representación de las víctimas.
Un país ficticio, problemas reales
El Caso Hipotético Yachay 2025 no solo ofreció un relato de ficción jurídica; sino que se presentó como una herramienta pedagógica cuidadosamente elaborada para estimular el razonamiento jurídico crítico y ético.
El autor del caso fue Juan Pablo Albán Alencastro, miembro y presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. El doctor Albán es Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y completó sus estudios de Doctor de la Ciencia del Derecho en University of Notre Dame, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor titular de Derecho Penal, Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad San Francisco de Quito, donde también dirige las Clínicas Jurídicas de Interés Público.
Los hechos del caso se sitúan en la República de Vazterra, un país imaginario de la costa atlántica sudamericana con una economía dependiente del cacao y una estructura social profundamente desigual. La historia de Vazterra, marcada por inequidades, corrupción e impunidad— sirve de contexto para una trama que, pese a su carácter ficticio, refleja con precisión los desafíos contemporáneos de la región.
El documento describe un contexto de violencia política que se inicia con la declaración del Partido Obrero como grupo terrorista, decisión que desencadena un conflicto armado interno. De este conflicto surgen dos actores armados: el Ejército de los Obreros (EO) y las Cooperativas de Voluntarios en Defensa de la Patria (CVDPs), fuerzas paramilitares creadas y financiadas por el Estado bajo el pretexto de combatir a la guerrilla.
Ambos actores se convirtieron en perpetradores de masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Años después, al intentar desmovilizar a estas estructuras, el Estado enfrenta la transformación de los grupos armados en organizaciones de delincuencia organizada que recurren al narcotráfico, la extorsión y el reclutamiento forzado de menores.
El núcleo del caso aborda las historias de Maximiliano Almada, Laureano Restrepo, Lucas Guerrero y Claudio Pinares, cuatro adolescentes de entre 12 y 15 años reclutados por estas organizaciones. Víctimas de la pobreza y del abandono estatal, los jóvenes son atraídos con promesas de dinero, armas y videojuegos. Sin embargo, pronto son sometidos a rituales de iniciación que incluyen asesinatos y actos de extrema violencia.
Laureano aparece muerto con signos de extracción de órganos; Lucas es asesinado en un centro de detención bajo custodia estatal; y Max y Claudio desaparecen tras participar en un operativo ordenado por líderes criminales. A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos, los procesos judiciales permanecen inconclusos y los principales responsables siguen prófugos.
El Foro por la Infancia, una organización de la sociedad civil, acompaña a las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia. Al agotarse los recursos internos, la organización presenta una petición ante la CIDH en 2020, denunciando violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, en relación con las obligaciones estatales de respeto y garantía de los derechos humanos.
Así, pues, el Caso Hipotético Yachay 2025 no solo examinó la violencia estructural, sino que también invitó a los futuros abogados a pensar el derecho como una herramienta de transformación social. Este ejercicio académico reafirmó el papel de la educación jurídica crítica en la construcción de una justicia verdaderamente humanista en América Latina.
