El proyecto busca fortalecer capacidades, conocimientos y aptitudes de funcionarios públicos en materia de protección de personas refugiadas y migrantes. En especial, el proyecto pretende continuar con el trabajo ya realizado con magistrados del Poder Judicial de Lima y regiones para la incorporación y cumplimiento de estándares de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados. Pero además, incorporará en su esfera de acción, a funcionarios del Ministerio de Justicia vinculados a la defensa pública. Asimismo, el proyecto también estará orientado a generar conocimiento e información en torno al acceso de documentos migratorios por parte de las personas refugiadas y migrantes. Las regiones en las que se implementará el proyecto serán Lima-Callao, Arequipa y La Libertad, en cuyas ciudades capitales se encuentra una proporción importante de personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugio y migrantes, así como de instancias del sistema de administración de justicia.
Por último, y con el objetivo de medir el impacto psicosocial en los refugiados y migrantes por el COVID-19, se desarrollará un estudio para plantear estrategias comunitarias y recomendaciones prácticas para poder abordar las necesidades de esta población y brindar medidas de prevención.
Periodo de ejecución:
Febrero 2021 – Diciembre 2021
Equipo de trabajo:
• Jessica Maeda – Coordinadora de proyecto
• Stéphanie Borios – Investigadora principal
• Maribel Goncalves – Investigadora principal
• Pamelhy Valle: Investigadora junior
• Gabriela Ramos – Asistente de coordinación
• Tessy Palacios – Comunicadora