En el 2018, a través de su tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), el Estado peruano se comprometió a elaborar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA). Con esa finalidad, se comenzó a desarrollar un diagnóstico y una línea de base que permitiera conocer la situación actual en el país de distintos temas de derechos humanos vinculados al sector empresarial. Para ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), entidad encargada de liderar el proceso, solicitó apoyo técnico de tres universidades para elaborar insumos que facilitaran la construcción del diagnóstico y de la línea de base, la cual estaría en última instancia a su cargo.
Una de esas universidades fue la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de su Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), al cual se asignó tres temas vinculados a seguridad y derechos humanos. Así, por un lado, se le encargó analizar el uso de la fuerza en contextos de protestas sociales y la prestación de servicios extraordinarios de la policía; y, por otro, la seguridad privada. Los dos primeros temas resultaban de relevancia para el plan, pues —al momento de iniciar el proceso de elaboración del PNA— acababan de ser objeto de observaciones y recomendaciones por parte del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (GTEDH) en un informe emitido tras su visita a Perú en el 2017. Mientras tanto, el constante crecimiento del sector de seguridad privada en el país durante los últimos veinte años obligaba a abordar dicha temática en el plan.
Siguiendo esa línea, esta publicación se divide en dos partes: la primera parte se encuentra dedicada a analizar el uso de la fuerza en contextos de protestas sociales y la prestación de servicios extraordinarios de la policía, y la segunda parte se ocupa de la seguridad privada. En ambas secciones, el eje central son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores) y las herramientas que se han desarrollado para determinar el estado de su implementación. La metodología utilizada se explica con detalle en cada sección, aunque en líneas generales puede señalarse que, en cada parte, se responden preguntas guía que han sido tomadas y adaptadas de matrices elaboradas por instituciones especializadas en empresas y derechos humanos para la construcción de diagnósticos y líneas de base del PNA. Para responder a estas interrogantes, se ha realizado una extensa revisión documental, la cual ha sido complementada con entrevistas semiestructuradas a actores clave.
Los insumos que se presentan son una actualización de los dos documentos entregados por el IDEHPUCP al MINJUSDH entre mayo y septiembre de 2020. La actualización realizada incorpora los aportes que distintos actores hicieron llegar a través de las reuniones de trabajo o mesas multiactor organizadas en el marco del proceso de elaboración del PNA; no obstante, no constituye la versión final del diagnóstico y de la línea de base del PNA, la cual, como se señaló, es responsabilidad del MINJUSDH.
De este modo, esta investigación constituye un diagnóstico sobre la normativa, las políticas y las prácticas en materia de seguridad y derechos humanos en el Perú, que tuvo como objetivo contribuir en el proceso de elaboración del PNA, el cual se aprobó en junio de 2021 mediante el Decreto Supremo 009-2021-JUS e incluyó dos acciones sobre la materia. La elaboración de este trabajo fue financiada por la Embajada de Reino Unido, y su impresión fue posible gracias al apoyo del Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF). El contenido y las opiniones expresadas en la publicación no reflejan necesariamente la posición de estas instituciones sobre los temas objeto del diagnóstico.
