El 8 de mayo, en el marco del 172º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo en Jamaica una audiencia sobre empresas y derechos humanos en las Américas. Ello como parte del monitoreo que viene realizando la CIDH sobre la cuestión de las empresas y los derechos humanos. Además de esta audiencia, se han llevado a cabo otras en el tema durante sus 167º y 168º periodos de sesiones realizados en Bogotá y Santo Domingo, respectivamente.
En esta oportunidad, las organizaciones de la sociedad civil de Brasil, Perú y Chile que participaron en el espacio hicieron énfasis en la implementación de procesos de reparación efectivos frente a abusos de las empresas en la región. El acceso efectivo a la reparación de las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos se vincula al tercer pilar de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos.
Los representantes de las organizaciones de sociedad civil señalaron que, frente a hechos como vertimientos de gas líquido o desechos de operaciones mineras en fuentes de agua, las empresas no suelen responsabilizarse por el daño ocasionado u otorgar una reparación transparente, justa e íntegra a las víctimas. Según señalaron, la respuesta de los Estados ante ello ha tendido a consistir en la realización de acuerdos con las empresas, sin necesariamente contar con la participación efectiva de las comunidades afectadas.
En este contexto se advirtió la necesidad de incluir la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones en los procesos de elaboración e implementación de Planes Nacionales de Acción (PNA) que vienen desarrollando varios países de la región. Asimismo, se hizo énfasis en el deber de los Estados de garantizar el acceso a la justicia en materia de derechos humanos, tanto con relación a las empresas que operan en su territorio como respecto de las que operan fuera de sus fronteras.
Los miembros de la CIDH expresaron algunos puntos de preocupación sobre la situación reportada. La Comisionada Margarette May Macaulay señaló la importancia del derecho a la consulta previa, que requiere no solo que el Estado informe a las comunidades sobre los acuerdos realizados con las empresas, sino también que las involucren durante todo el proceso. Por su lado, la Comisionada Flavia Piovesan recalcó que se debería discutir sobre la garantía de no repetición en el marco de la reparación de las víctimas; analizar el alcance extraterritorial del deber de investigar y reparar de las empresas y del Estado; e identificar las buenas practicas en la región.
Igualmente, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño resaltó la importancia de un trabajo multidimensional de la CIDH, la sociedad civil y el Estado en la elaboración de los PNA. Finalmente, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García, subrayó la necesidad de relacionar los derechos humanos con el desarrollo, siempre tomando en cuenta la participación de las comunidades. Anunció también la aprobación del preinforme sobre derechos humanos y empresas que estaría próximo a publicarse.
