09/06/2021

Derechos Humanos: agenda urgente para el nuevo gobierno

Escribe: Elizabeth Salmón (*)

Ha concluido una campaña electoral en la que el país se vio obligado a elegir entre dos opciones muy insatisfactorias. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las dos candidaturas que se disputaron la Presidencia de la República generaron más inquietudes que expectativas de progreso.

A lo largo de todo este tiempo han existido dudas fundadas sobre si quien ganara la elección sería respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad básica del orden democrático. Esas dudas, más allá de promesas de campaña, no han quedado disipadas, pues se asentaban sobre una trayectoria previa de acciones o declaraciones. Hoy es necesario reiterar la obligación de respetar dicha institucionalidad, lo cual significa respetar la división y la independencia de los poderes, así como acatar de manera irrestricta a la Constitución. Solo dentro de la legalidad y preservando el equilibrio de poderes que es propio de la democracia se puede esperar un avance en materia de derechos humanos.

Además, es sabido que el reconocimiento oficial de derechos es insuficiente si las personas no están en capacidad de ejercerlos. Esa capacidad tiene una dimensión institucional –corresponde al Estado crear el marco para ello–, y también una dimensión social e incluso material. De ahí que una responsabilidad primordial del nuevo gobierno esté referida a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El combate al hambre, la pobreza, el desempleo, la falta de una educación digna y de servicios de salud, y muchos otros males que lastran las capacidades de las personas es parte de la agenda de derechos humanos.

Dicho eso, es indispensable recordar que en el Perú hay todavía una amplia gama de derechos por ser considerados, reconocidos o fortalecidos. Entre ellos están los derechos de pueblos indígenas, que, si bien están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, no se encuentran suficientemente garantizados por el marco institucional existente. También se suman a esta lista derechos de las mujeres y derechos de la población LGBTI, más allá de la cuestión del matrimonio igualitario o la unión civil. Otros temas fundamentales son los derechos de la población migrante y los de personas con discapacidades.

Resaltaré cuatro tópicos de la agenda de derechos humanos que son de obligatoria atención. El primero es la regulación del uso de la fuerza pública, que tiene una conexión directa con un enorme tema político-social como son las protestas ciudadanas frente a proyectos extractivos u otros que comprometen al medio ambiente, los derechos territoriales o la misma subsistencia de la población afectada. La regulación efectiva del uso de la fuerza pública es una prioridad. Para ello existen, además de la legislación interna, claros estándares internacionales que deben ser respetados. Algunas de las medidas más importantes que deben ser tomadas a este respecto son (1) asegurar que la actuación de las fuerzas armadas se encuentre sujeta a los parámetros internacionales que regulan la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y (2) adoptar una política sistemática de capacitación de los agentes de policía para la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esta tarea ha sido dificultada por la ley 31012, de marzo de 2020, conocida como la “Ley de Protección Policial”. Entre otras cuestiones, esta norma deroga el artículo 4.1.c) del decreto legislativo 1186, que hasta entonces recogía el principio de proporcionalidad. A pesar de haberse presentado proyectos de ley para derogar esa inconstitucional e inconvencional norma, esta continúa vigente.

“El próximo gobierno tiene una enorme tarea por delante y una gran responsabilidad en esta materia. Si bien hasta ahora hay más motivos para la preocupación que para la confianza, eso debe servir, por lo menos, como una motivación para que la ciudadanía organizada, y también la comunidad internacional, le recuerden permanentemente sus obligaciones”.

Un segundo tema son los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. El Poder Judicial todavía tiene un enorme pasivo en cuanto a judicialización de casos. Si bien esta no es tarea del Poder Ejecutivo, sí hay formas en que este puede ayudar al avance de la justicia: facilitando información y apoyando a las organizaciones de víctimas que reclaman ese derecho. Un avance del último quinquenio ha sido el lanzamiento de una política de búsqueda de personas desaparecidas a través de una Dirección de Búsqueda adscrita al Ministerio de Justicia. Pero hacen falta compromisos más claros del gobierno sobre esta materia, principalmente a través de la provisión de los recursos materiales para que la búsqueda avance más fluidamente, y para que la ley sea aplicada en todos sus detalles, incluyendo una adecuada participación de los familiares de las víctimas directas. A ello se debe sumar una política de promoción de la memoria que vaya más allá de la existencia del Lugar de la Memoria. Eso implica la inclusión de este tema en el sistema de educación. Finalmente, hay que atender a las reparaciones. La ley de reparaciones existe desde hace ya prácticamente quince años; sin embargo, la ejecución del plan integral ha sido lenta y parcial. Un mayor financiamiento y una mejora del marco institucional y los procedimientos para otorgar las diversas formas de reparación es también una obligación para el siguiente periodo gubernamental.

En tercer lugar, está la trata de personas; esta es una práctica delictiva sobre la que vamos tomando conciencia paulatinamente. Afecta a la población nacional al igual que a la población migrante. Un paso adelante ha sido la formulación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 así como la derogación de la Ley de Extranjería. Todo esto debe ser complementado con una adecuada capacitación a los diversos agentes estatales que lidian con este problema en sus dos aspectos cruciales: la persecución del delito y la atención médica, psicológica y legal a las víctimas, así como prestación de alojamiento y reinserción social y laboral. Todo ello existe en la normativa vigente; sin embargo, no es cumplido.

Asociada a este tema está la política de acogida a extranjeros, asunto prioritario hoy por la llegada masiva de población venezolana. En este tema el Estado ha retrocedido al imponer requisitos como la visa humanitaria y al no tener un mecanismo adecuado para resolver el estatus legal de los migrantes.

Finalmente, los derechos asociados al género y a la orientación sexual constituyen uno de los mayores vacíos en la acción del Estado. Una agenda de derechos humanos sobre población LGBTI implica, en primer lugar, generar información sistemática sobre violaciones de derechos humanos de este grupo de población. El Estado peruano tiene muy pobre documentación sobre el tema, lo cual es expresión de su desinterés. Esa información debe conducir a la organización de un registro con información de las diversas entidades públicas pertinentes, como son la policía, los centros de atención de emergencia, las fiscalías y el Poder Judicial. Finalmente, dos temas sobre los que urge una discusión seria es el reconocimiento jurídico a parejas del mismo sexo, y el reconocimiento legal de la identidad de género.

En suma, el próximo gobierno tiene una enorme tarea por delante y una gran responsabilidad en esta materia. Si bien hasta ahora hay más motivos para la preocupación que para la confianza, eso debe servir, por lo menos, como una motivación para que la ciudadanía organizada, y también la comunidad internacional, le recuerden permanentemente sus obligaciones que son, más allá de gobiernos particulares, las del Estado peruano como tal.

(*) Directora ejecutiva del Idehpucp

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