Los delitos de corrupción y lavado de activos son problemas que marcan la agenda política y social en la actualidad. Algunos casos como los actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao, Lava Jato, Fuerza Popular, Metro de Lima y otros, evidencian problemas estructurales e institucionalizados que facilitan las dinámicas corruptas en la gestión pública y otros sectores. Esta situación demandó implementar una serie de acciones para erradicar las prácticas criminales en diversos sectores de la sociedad. Diversas instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y otros han instaurado áreas especializadas para la investigación y procesamiento de casos de corrupción y delitos afines como el lavado de activos.
Así, las fiscalías, las salas judiciales y las procuradurías públicas especializadas están a cargo de una gran cantidad de casos y procesos penales desde hace algunos años. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía sobre las instituciones especializadas es negativa. El INEI en el 2018, indicó que el 72.8% de la ciudadanía no confiaba en el Ministerio Público; el 82.2% no confiaba en el Poder Judicial y el 72,3% tampoco confiaba en la Procuraduría Anticorrupción. Ello sumado a la falta de datos públicos sobre la cantidad de casos asumidos por las entidades especializadas, promueve un pensamiento colectivo de incapacidad estatal para investigar, procesar y sancionar los diversos casos de corrupción y lavado de activos.
La situación planteada es peligrosa, toda vez que avalaría el desprestigio de instituciones con un rol fundamental en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. En ese sentido, la sociedad civil está llamada a realizar acciones para coadyuvar al control, seguimiento y supervisión de la labor estatal sobre los casos de corrupción y lavado de activos. El IDEHPUCP, a través de la línea de lucha contra la corrupción y el lavado de activos, con la cooperación de la National Endowment for Democracy (NED) desde el 2017 implementa una diversidad de actividades para fortalecer a dos sectores claves de la sociedad civil que impulsen la investigación de casos de corrupción en el país; tanto a estudiantes de derecho y periodismo como a periodistas a nivel nacional.
En el marco de las diferentes actividades de capacitación y formación para ambos sectores de la sociedad civil mencionadas, es fundamental generar información que permita el análisis de la situación de los casos de corrupción y lavado de activos en el Sistema de Justicia. A efectos de ello, y con la cooperación interinstitucional de los órganos estatales especializados, se obtuvo información estadística relevante para esbozar el panorama procesal de los casos abordados. Estos datos fueron pieza fundamental en la elaboración de la publicación Sistema de Justicia, Delitos de Corrupción y Lavado de Activos.
La publicación tiene como principal objetivo ofrecer información estadística de los casos de corrupción y lavado de activos por diversas clasificaciones (institución a cargo, departamentos de la comisión de los hechos, tipología de delitos, entre otros) durante los últimos cuatro años. El documento se divide principalmente en el análisis de dos categorías de casos, corrupción y lavado de activos. Así, cada ítem desarrolla un marco teórico de los tipos delictivos específicos por cada fenómeno delictivo y las estadísticas de casos ingresados al Sistema de Justicia. A la vez, el documento analiza las posibles hipótesis que explicarían las diferencias estadísticas de los casos por tipos penales y otras clasificaciones. Ello invita a un estudio más profundo sobre las estadísticas publicadas y, a la vez, visibiliza las diferencias numéricas en los rangos de procesos y denuncias por tipo penal, así como por región o institución a cargo de los casos.
Generar y publicar datos sobre el Sistema de Justicia es importante para visibilizar tanto la labor institucional de cada entidad en los procesos, así como para observar la relación interinstitucional en el abordaje de casos. La publicación es un esfuerzo desde la sociedad civil para articular los datos obtenidos de cada institución, información que permita una mirada de un panorama estadístico más completo de los casos de corrupción y lavado de activos en el Sistema de Justicia.
* Escribe Erika Solís, investigadora del equipo de Lucha contra la Corrupción del Idehpucp.
