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Notas informativas 1 de febrero de 2022

Escribe: Iris Jave (*)

Nuevamente, el Memorial El Ojo que Llora ha sido objeto de ataques y discursos de odio de parte de ciertos actores políticos tras ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación para garantizar su preservación y, con ello, la protección de los valores históricos, artísticos e intelectuales que representa. Estos actores buscan desconocer los crímenes y violaciones a los derechos humanos producidos durante el conflicto armado interno, y en particular las responsabilidades institucionales, con lo cual se desconoce los derechos y el sentido que ello tiene para las familiares y víctimas.

La escultura creada por la artista de origen holandés Lika Mutal (1939-2016) fue inaugurada el 28 de agosto de 2005, gracias al empuje de Mutal y de la Asociación Caminos de la Memoria, formada por activistas y líderes de derechos humanos. La fecha ha resultado emblemática hasta el día de hoy. Desde entonces, cada 28 de agosto se conmemora ante ese monumento la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación pese a las disputas y a las múltiples agresiones que han dañado la obra hasta en ocho oportunidades, y también a pesar de las narrativas reduccionistas del periodo. Calos Ivan Degregori denominó memoria de salvación a aquella narrativa que señala únicamente los crímenes y violaciones cometidos por los grupos subersivos Sendero Luminoso y el MRTA y que desconoce -u olvida- las violaciones cometidas por las fuerzas armadas y policiales.

Esta narrativa, una de cuyas expresiones institucionales prevalece en el programa Terrorismo Nunca Más, a cargo de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República[1], se reproduce también a través de voceros que hoy cuentan con representación política, como los congresistas Montoya, Cavero, Cueto, entre otros. Estos actores políticos se suman a las propias narrativas construidas en algunos medios de comunicación que intentan negar una parte de la historia, documentada no solo por los testimonios de las victimas sino por procesos judiciales donde se ya se ha identificado responsabilidades, como los casos de Accomarca, Los Cabitos o el estadio de Huanta. Lo grave no es solo la pretensión de olvidar, sino que, al hacerlo, se desconoce a esas víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y a las reparaciones. Estos ataques colisionan con la democracia y uno de sus valores más preciados: la libertad, al impedir que las nuevas generaciones aprendan lecciones fundamentales, lo cual erosiona las oportunidades de construir una convivencia dialogante y de respeto mutuo.

«Aunque el negacionismo y el terruqueo parecen dominar las narrativas sobre el pasado de violencia es posible ejercer decisiones de política pública que impactan socialmente con sus significados y adquieren un respaldo internacional.»

Un bien social

El Ojo Que Llora, en tanto lugar de memoria público, ofrece en un claro ejemplo de cómo el arte puede vincular un periodo doloroso de la historia con un espacio de reconocimiento, encuentro y reparación para las familiares y víctimas del conflicto armado interno, particularmente para las familiares de personas desaparecidas que no cuentan con un cuerpo para recordar. Cada piedra con un nombre representa simbólicamente a esa persona que ya no está, pero que sigue presente en la memoria de sus familiares y en la comunidad.

Al ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación, se lo está reconociendo también como un bien social que recupera la memoria colectiva, dignifica a las familiares y víctimas y se proyecta hacia la comunidad. El Ojo Que Llora ha sido apropiado por los familiares y víctimas, quienes, pese a todos los ataques y discursos de odio, han dotado de significados al memorial con su permanente presencia y participación en su protección. Han ido más allá; en espacios como este han ido fortaleciendo su propia identidad y han desarrollado una agencia, que ha permitido fortalecer sus relaciones con otros actores sociales y con actores estatales para la atención a sus demandas. Esto ha permitido abrir un espacio un poco más amplio de gestión de derechos.

Impacto internacional 

A la declaración del estado peruano, se suma el reconocimiento que ya había señalado la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, quien lo incluyó como uno de los sitios emblemáticos a nivel mundial. Del mismo modo, El Ojo Que Llora ha sido incorporado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO (CIPDH-UNESCO), a través de su proyecto #MemoriasSituadas[2], creado como un mapa interactivo que reúne a diferentes lugares de memoria en todo el mundo, donde se produjeron graves violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) también ha respaldado la declaración del memorial destacando su “valor histórico, artístico e intelectual, y su importancia como espacio que acoge a familiares de vícitimas y a toda la sociedad”, en consonancia con la  Resolución 3/19 «Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas», aprobadas en 2019.  Cabe señalar que los Principios se aprobaron luego de un proceso de consultas con diversas organizaciones de familiares y de derechos humanos, que se inició en Montevideo con el apoyo de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) el 2017 y en Sucre, con apoyo de la Red Latinoamericana de Justicia de Transición (RLAJT) el 2019, donde participó el IDEHPUCP.

Así, aunque el negacionismo y el terruqueo parecen dominar las narrativas sobre el pasado de violencia es posible ejercer decisiones de política pública que impactan socialmente con sus significados y adquieren un respaldo internacional. El Memorial El Ojo que Llora se convierte así en un espacio social que permite no solo realizar el duelo por las personas que ya no están sino también procesar las permanentes tensiones entre recuerdo y olvido que atraviesa nuestra sociedad.

(*) Investigadora en IDEHPUCP.

[1] El Programa Terrorismo Nunca Más fue creado por Acuerdo de la Mesa Directiva Nº 197-2012-2013/MESA-CR, promovido por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo, Lucha contra las Drogas del Congreso de la República.